NACIONAL
A nivel mundial, vacíos legales reproducen discriminación: ONU
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-A nivel global, cerca de 112 millones de mujeres trabajan en un país distinto al suyo, y la mayoría de ellas fue (o será) víctima de algún tipo de violencia sin que existan leyes o normas que les permitan acceder a la justicia.
El más reciente informe del secretario general de la ONU, “Violencia contra las trabajadoras migratorias”, da cuenta de los severos vacíos en legislación, política pública y programas de los países miembros de Naciones Unidas para garantizar su derecho a la justicia a las migrantes víctimas de violencia.
Presentado recientemente de conformidad con la resolución 66/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas –mediante la cual se llamó a los Estados Miembro a implementar medidas para garantizar a las migrantes sus Derechos Humanos (DH)–, el documento asienta que estas mujeres viven violencia tanto en sus países de origen como en los de destino.
Actualmente las migraciones internacionales de mujeres constituyen uno de los fenómenos más importantes a nivel mundial, toda vez que ellas representan la mitad de los 214 millones de personas que viven y trabajan fuera de sus países de nacimiento.
A nivel continental, el 52 por ciento del total de las migraciones internacionales en Europa corresponden a la población femenina; en Oceanía es de 51 por ciento; para América Latina y el Caribe del 50 por ciento; África, 47 por ciento, y Asia, 45 por ciento.
En el documento se advierte que en su mayoría estas mujeres emigran a consecuencia de la violencia de género, la discriminación y la desigualdad que viven en sus países, ya que el 93 por ciento de todas las migraciones internacionales se realiza con el fin “de mejorar las oportunidades de acceso a medios de vida dignos”.
Al llegar a los países de destino estas mujeres nuevamente padecen diversas agresiones y violaciones a sus DH, pues se enfrentan a detenciones, a menudo en condiciones abusivas, deportaciones arbitrarias, y a obstáculos jurídicos y prácticos que les impiden disfrutar de los derechos fundamentales y acceder a la justicia.
Además, las trabajadoras migratorias carecen a menudo de información sobre las instituciones, los mecanismos y los servicios de seguridad y de justicia, y de acceso a los mismos. En muchos casos se abstienen de denunciar los abusos por miedo a ser detenidas, deportadas o maltratadas por las autoridades.
Esto ocurre en particular cuando las migrantes no cuentan con documentación o identificaciones, tienen restringida la libertad de circulación, sus conocimientos de idiomas son insuficientes, o carecen de un trabajo y una vivienda adecuada.
El documento destaca que la migración en condiciones favorables podría promover el crecimiento y desarrollo humano, pues el groso de las trabajadoras envían la mayor proporción de sus ingresos a sus países de origen (con lo que se incrementan los ingresos nacionales).
Las remesas se invierten en el bienestar de la familia: salud, alimentación, salud, educación, y en algunos casos en la creación de pequeñas empresas para la reducción de la pobreza.
Por ello, la ONU urgió a sus países miembros a modificar sus marcos jurídicos, crear nuevas herramientas y programas de servicios públicos, para facilitar la migración regular de las mujeres y garantizar que al igual que el resto de la población, las trabajadoras migrantes hagan valer su derecho a una vida libre de violencia y accedan a la justicia.
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