10/10/2013

Los periodistas pal café . . . . .


El ejercicio de libertades públicas en la Plaza de la Constitución de la capital del país no está sujeto a la letra puntual de la ley sino a las valoraciones discrecionales que los gobernantes en turno hagan de tales derechos. Tal es el mensaje implícito dado a conocer de manera forzada por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, al responder a periodistas sobre las razones, o la falta de ellas, que han llevado a posponer la importante feria del libro que anualmente se realiza en el máximo zócalo del país. A pesar de su formación como jurista, el ex procurador de justicia de la ciudad de México solamente atinó a valerse de un delator criterio subjetivo: pronto se volverá a programar ese encuentro editorial, cuando haya condiciones.
Tales condiciones parecen impuestas por la administración federal a la capitalina, que cada vez se pliega más a las indicaciones de aquella. Lo que se busca, específicamente, es que el corazón simbólico del país no sea ocupado por manifestaciones de protesta política y social. Aún cuando el ejercitante formal del poder federal no despacha en Palacio Nacional sino en el área cómodamente aislada y protegida de Los Pinos (como lo han hecho varios de sus antecesores), la retención del Zócalo se ha convertido en una obsesión autoritaria, en una especie de expropiación ejemplarizante.
Para recuperar esa plaza, y que el máximo nivel del organigrama federal pudiese dar un rápido Grito de Independencia, se invirtieron recursos y atención gubernamentales que, en lugar de esas andanzas belicosas contra profesores, debieron haberse volcado en la atención inmediata de la tragedia lluviosa que ya a esas horas había llegado a varias regiones del país. El uso de fuerzas policiacas y militares para desalojar a ciudadanos en protesta fue violatorio de derechos y libertades, aunque buena parte de la ciudadanía prefirió atenuar la gravedad de los hechos al asumir que eran necesarios para dar paso a celebraciones históricas.
Cumplidas las celebraciones patrias sin protestas en la plancha central capitalina, el gobierno de Miguel Ángel Mancera habilitó una nueva excusa para seguir sustrayendo ese espacio simbólico a la dinámica de los conflictos. El noble propósito de recibir la ayuda popular para los damnificados por los fenómenos meteorológicos sirvió para cerrar el paso a la anunciada pretensión magisterial de reinstalarse en campamentos e incluso para impedir que el principal opositor masivo a la reforma energética pudiese llegar en morena marcha a la plaza muchas otras veces conquistada (en cambio, Televisa, para dar muestra de los nuevos vientos, transmitía desde allí programas de variedades en los que convocaba a ayudar a los golpeados por las inundaciones).
Tales maniobras de manipulación política por decisión de las autoridades quedaron en evidencia contundente en el caso de la mencionada feria del libro. A última hora, antes de que iniciara una conferencia de prensa, los organizadores de esa actividad cultural fueron notificados de que el detallado trabajo de organización de esa feria era botado al cesto de las conveniencias políticas, moviéndolo para una fecha indefinida, como si la concurrencia de editoriales y lectores fuese un objeto susceptible de mudanzas fáciles. El gobierno capitalino actuó en este punto como una simple oficina ejecutora de órdenes superiores, a la que de pronto se le avisa que debe hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Pareciera evidente que Mancera se ajustaba a fulgurantes indicaciones de una instancia política superior, pues de otra manera es de suponerse que la posposición se habría anunciado con anticipación y sin formas políticamente traumáticas.
El desaseo mostrado en este episodio reavivó la consideración de que el Zócalo capitalino es un espacio público al que los ciudadanos tienen derecho a llegar, a menos que se declare un estado de sitio. Deseoso de que los profesores en protesta no se vuelvan a instalar allí, el gobierno federal lo mantiene bajo control militar, con la complicidad ejecutiva de la administración de la ciudad de México. En demanda de que ese espacio vuelva a la normalidad constitucional, escritores y ciudadanos en general han hecho eco a una propuesta de Fabrizio Mejía para que este viernes a las 12 horas, en la esquina de 16 de Septiembre con el Zócalo, se realice con libros un cerco simbólico al espacio secuestrado por políticos iletrados. Tal vez así, con participación ciudadana y activismo cultural, vuelvan a esa plaza central las condiciones para que se restituyan allí cuando menos algunas libertades.
En otro tema: Miguel Ángel Osorio Chong estuvo ayer ante comisiones de la Cámara de Diputados, en el contexto de la glosa de algo políticamente perdido en el espacio que alguna vez, al iniciar septiembre, fue conocido como primer informe presidencial. El secretario de Gobernación ha mostrado hasta ahora una capacidad de supervivencia, en medio del concierto de pifias del equipo al que pertenece, que contrasta con lo que sucede con Luis Videgaray, quien al arranque del sexenio parecía un personaje arrolladoramente por encima del ex gobernador hidalguense. El discurso de Osorio ayer en San Lázaro, previsible, descansó en la negociación y la concertación, a pesar del clima políticamente exaltado que se vive en el país.
El virtual virrey Videgaray (Virreygaray, en síntesis) debió batirse en retirada ayer mismo ante los arreglos hechos en San Lázaro a la miscelánea fiscal que envió a título de reforma hacendaria para aprobación legislativa. Dijo estar de acuerdo con el destazamiento de sus propuestas originales, mientras los empresarios pujaban para echar abajo más líneas clave del proyecto original y en tanto los partidos peleaban por adjudicarse méritos de algunas de esas modificaciones (César Camacho apareció para tratar de posicionar a su partido en el espectro de las fuerzas que influyeron para recular en materia de impuestos a las clases medias).
Y, mientras Rosario Robles defendía ayer la cruzada electoral contra el hambre, ¡hasta mañana!
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El pasado fin de semana en Irlanda hubo una consulta pública, un referendo, para decidir si desaparece el Senado. ¿Razones? Es costoso e inútil. Por escaso margen los ciudadanos decidieron que se quede un tiempo más, pero deberá reformarse. Viene esto a colación porque el Congreso de México está siendo rebasado. Primero, por el Pacto por México. En sus cámaras –¿o recámaras?– se cocinó la reforma de las telecomunicaciones. Ahora, la Cámara de Diputados en particular está siendo rebasada por las mesas de trabajo que establecieron el Consejo Coordinador Empresarial y funcionarios de Hacienda. Gerardo Gutiérrez Candiani, del CCE, ha estado negociando directamente con Luis Videgaray Caso y su gente. Echan chispas Manlio Fabio Beltrones y Silvano Aureoles por el ninguneo. Tratando de poner un curita en la herida, Videgaray dice que será el Congreso el que diga la última palabra. ¿La palabra es ‘‘sí’’ a lo que les pongan enfrente? El Presidente propone, el CCE dispone, es la nueva tónica.
Cordero, mala memoria
De visita en Reynosa, donde participó en el foro No más impuestos para tu familia, Ernesto Cordero ironizó que el Fondo Monetario Internacional haya bajado a 1.2% el cálculo del crecimiento económico. Al rato será de 1%. Y se vio generoso, ya hay quien dice que caerá a cero. Hasta ahí iba bien, pero luego derrapó en las movedizas arenas del endeudamiento que ha solicitado el gobierno. ‘‘Esto demuestra la voracidad del gobierno federal, que pretende regresar a los tiempos del pasado y empeñar el futuro del país’’, dijo Cordero. ¿Qué tan pasados los tiempos? Porque en los recientes, Felipe Calderón, a pesar de que creó y subió impuestos, le agregó muchos dígitos a la deuda pública.
El régimen de los vehículos pesados
Aunque hay acuerdos en la reforma fiscal, falta por resolver temas importantes. En los primeros tres trimestres del presente año se han comercializado 28 mil 96 vehículos pesados entre los distribuidores, a diferencia de los 28 mil 905 que se habían colocado en el mismo periodo del año pasado. Es una caída sensible. Septiembre fue un mes malo, definitivamente; se vendió casi 20% menos unidades al distribuidor, y 15.8% menos al público en general. El descenso, el mayor en lo que va del año, de acuerdo con Miguel H. Elizalde Lizárraga, presidente de Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, coincide con la discusión de una propuesta fiscal que, de aprobarse en los términos planteados por el Ejecutivo federal, afectaría en sentido negativo la operación de las empresas armadoras de autobuses, camiones y tractocamiones ubicadas en territorio nacional. Son muy conocidas: Cummins, Dina, Volkswagen, Mercedes Benz, Kenworth y Volvo, entre otras. Se refiere a la reforma contenida en el artículo 25 de la ley del IVA, que propone aplicar este impuesto a las importaciones de material de ensamble y de maquinaria y equipo mediante el depósito fiscal automotriz, lo cual obligaría a los fabricantes de vehículos pesados en México a pagar el IVA en la aduana de entrada, aun cuando las importaciones fueran temporales. Lo anterior, a diferencia del régimen que ha venido operando por más de 22 años, a través del cual se puede diferir el pago del IVA en la importación, para pagarse en el momento en el que las empresas armadoras conocen el destino de los vehículos fabricados (mercado nacional o internacional).



Los genios tecnocráticos que desde hace 30 años dicen llevar las riendas del país se han enfrascado en una discusión intrascendente para el grueso de los mexicanos, pues el centro de su debate se finca en que si técnicamente la economía está o no en recesión. Unos dicen que sí, otros que no y algunos que quién sabe, pero el hecho es que de tiempo atrás la economía está en la lona y ninguno de los integrantes del clan se ha tomado la molestia de proponer alternativas viables para reactivar lo que algún día llegó a crecer a un ritmo anual sostenido de 6 por ciento y ahora, como dice la canción, de aquel chorro de voz sólo me quedó un chisguete.
Mientras pierden el tiempo con sus jaloneos conceptuales, a lo largo de los años el ritmo de crecimiento económico del país ha ido de mal en peor: de aquel 6 por ciento de avance anual, la tasa se desplomó a 2 por ciento en promedio, y al ritmo que va nada raro será registrar, a corto plazo, un progreso de uno por ciento. Nadie mueve un pelo para revertir este desastre –que conlleva un altísimo cuan creciente costo social–, y a golpe de reformas cotidianamente anuncian que ahora sí la situación mejorará, cuando en los hechos con cada una de ellas lo único que han logrado es ralentizar aún más el comportamiento de la economía.
¿Qué fue de aquella potencia económica presumida años atrás, que se colocaba en la primera posición latinoamericana? A la vuelta de las reformas, México ocupa las últimas posiciones en la región y ahora, en cuanto a ritmo de crecimiento, sobresale por crecer a un ritmo menos que el de Haití, y su comparativo ya no es con Brasil o Argentina, sino con las más pequeñas islas caribeñas. Pero para la tecnocracia el punto es si técnicamente el país está o no en recesión.
Mientras los tecnócratas deciden para un lado o para el otro, y el bienestar de los mexicanos sigue a la baja, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados reporta que entre enero y julio de 2013 la actividad económica registró un comportamiento tres veces menor al observado en igual lapso de 2012, lo que ya es indicativo de que el horno no está para bollos ni para debates estériles.
A juicio del citado centro de estudios, la moderación del crecimiento de la actividad económica se explica por el menor dinamismo de la demanda externa, aunque queda la esperanza de que a partir de agosto se registre alguna mejoría. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en julio de 2013, el IGAE se recuperó, al reportar un aumento de 0.47 por ciento, cuando un mes atrás lo había hecho únicamente en 0.03 por ciento; no obstante, mantiene una reducción acumulada de 0.69 por ciento con relación a su máximo reciente de noviembre de 2012.
Por otro lado, el CEFP señala que en agosto de 2013 la cartera total de la banca comercial creció a una tasa real anual de 7.01 por ciento (la más alta desde febrero pasado cuando lo hizo 8.25). La cartera del sector privado aumentó 7.13 por ciento y, a su interior, el crédito del sector industrial y sus componentes manufacturero y de construcción reportaron tasas de 7.87, 15.90 y -0.64 por ciento, respectivamente. En lo que se refiere al crédito al consumo, éste se expandió 11.12 por ciento (los dos meses anteriores lo hizo al 11.47 y 11.77); mientras que las carteras del sector financiero y del sector público avanzaron 19.21 y 6.50 por ciento, en cada caso.
En lo que se refiere a la morosidad de la cartera de la banca comercial, ésta se ubicó en 2.97 por ciento y a su interior destacan los porcentajes de morosidad correspondientes a la cartera de créditos personales, de operaciones de arrendamiento y de otros créditos al consumo con 7.71, 12.52 y 7.76 por ciento, respectivamente. La tasa de deterioro ajustada indica que la cartera total tiene una morosidad de 4.57 por ciento, sobresaliendo sus componentes de crédito a la adquisición de inmuebles y de nómina, con porcentajes de 49.09 y 11.02 por ciento, en cada caso (en agosto de 2012 dicho indicador se ubicaba en 29.73 y 7.75 por ciento, respectivamente).
Por el lado del ingreso, el CEFP indica que, de acuerdo con el IMSS, en agosto pasado el salario básico de cotización promedio se ubicó en 8 mil 165 pesos al mes (nominales), para un crecimiento anual de 3.57 por ciento, mayor en 0.08 puntos porcentuales con relación al incremento de julio. Sin embargo, en el mismo periodo la inflación fue de 3.46 por ciento, por lo que en términos reales el salario creció en 0.11 por ciento.
Por sectores de actividad económica, el salario en la construcción y en transporte y comunicaciones registraron las mayores reducciones anuales, al caer 1.89 y 0.27 por ciento real, respectivamente. Los sectores con mayores incrementos anuales en el salario de agosto, y para todo lo que va del año, fueron las industrias extractivas, eléctrica y suministro de agua potable, que registraron un crecimiento anual de 5.79 y 3.09 por ciento real, en ese orden.
La mejora –por llamarle así– en el salario base de cotización en los últimos dos meses, en términos reales, es producto de una reducción de la inflación, y no de aumento en el ingreso. En el primer semestre del año se registró una inflación anual promedio de 4.07 por ciento; en tanto en el periodo julio-agosto el crecimiento del INPC fue menor en comparación con los meses anteriores, presentando una inflación anual de 3.46 por ciento. Lo anterior, causó un ligero repunte en los salarios reales en estos meses, aunque el salario nominal alcanzó un menor crecimiento anual, promediando 3.53 por ciento. Por lo anterior, en lo que va del año el salario real presenta un incremento anual promedio de apenas 0.08 por ciento. Los salarios del sector formal siguen sin recuperar su nivel previo a la crisis: comparado con la cifra más elevada, en enero de 2008 el salario básico acumula una pérdida de 1.49 por ciento real. En los últimos 12 meses el crecimiento real anual promedió 0.05 por ciento, lo que implica que las alzas en los salarios nominales han sido casi iguales a la inflación, por lo que cualquier repunte de ésta ocasionará que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea afectado.
Las rebanadas del pastel
Sobre este último aspecto no se sabe si los tecnócratas han discutido si técnicamente el poder adquisitivo de los salarios y el bienestar de los mexicanos están o no en recesión, aunque sí es clara su disposición a no dejar rastro de ellos.
Twitter: @cafevega





Tres semanas después de que se detuvieron los trabajos de restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV –del escultor Manuel Tolsá, popularmente conocida como El Caballito, la cual resultó dañada en más de la mitad de la superficie–, el Gobierno del Distrito Federal inició un proceso legal ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, contra la empresa Marina, Renovación de Monumentos, encargada de las tareas de mantenimiento de la citada obra. Dicho proceso se suma a las pesquisas emprendidas sobre el mismo asunto por la Contraloría General del Distrito Federal.

País pisoteado
Qué lástima que Alberto Patishtán siga encerrado en ese lugar indeseable. Es muy triste ver a México tan lastimado; la justicia sólo es para quien pueda comprarla. Al parecer, en este país no se castiga lo criminal, se castiga la pobreza. Hay que exigir a las autoridades que se pongan a trabajar porque ya no se puede más, mi país ya está muy pisoteado.

Hoy el concepto de régimen autoritario y su aplicación a la experiencia mexicana es un lugar común. Sin embargo, en México sólo los especialistas recuerdan el nombre de su autor, el sociólogo y politólogo español Juan J. Linz, quien falleció a los 86 años, en New Haven, el pasado primero de octubre. Pocos académicos han tenido la influencia que tuvo Linz en nuestra comprensión del autoritarismo, de sus características, de sus instituciones y de su funcionamiento. Su modelo se convirtió en el paradigma dominante y desplazó en forma definitiva los trabajos que sobre el tema se habían hecho con base en la teoría de la modernización.

El 23 de septiembre, como es del conocimiento público, tres comisionados de la Asamblea Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular hicieron entrega, en la residencia del Poder Ejecutivo federal, de un escrito que plantea procedimientos y contenidos alternativos a dos de las iniciativas que la Presidencia de la República encaminó recientemente al Congreso de la Unión en materia energética y hacendaria. Para continuar los tres artículos que he publicado en La Jornada sobre la primera de ellas –“Trunca, incoherente, errada, falaz…”, el 15 de agosto; Energía: detrás de los comerciales, dos semanas después, y “Compleja, inextricable, lesiva…” el 26 de septiembre–, examino ahora la respuesta que la Presidencia decidió ofrecer, 11 días después, el 5 de octubre, y la forma en que su tono y su tonada (decir de Jorge Alcocer referido a otro asunto) han exacerbado aún más el ambiente político en que se examina y comienza a debatirse tal propuesta. Adelanto que, a mi juicio, la respuesta peca de excesivo formalismo, burocratismo rampante, insuficiente criterio, es decir, irreflexividad, al tiempo que muestra escasa consideración y respeto a quienes firmaron el escrito original y al vasto número de ciudadanos mexicanos en cuyo nombre y representación lo hicieron. En suma, para continuar las caracterizaciones enumerativas, me pareció una respuesta formalista, burocrática, irreflexiva…

Ya se va haciendo costumbre la aparición de algunos grupos de provocadores incrustados en manifestaciones pacíficas (o desviando la atención para que nadie se fije en ellas), cuyo único objetivo parece ser la confrontación con la fuerza pública, la cual, hay que decirlo, ha fracasado una y otra vez en las labores de contención, dejando en el aire innumerables dudas y cuestionamientos. El debate público, en consecuencia, está lleno de hipótesis y acusaciones en torno a la determinación de los verdaderos culpables, pero las investigaciones no aclaran el fondo de los hechos. Se da el caso de que muchos de los detenidos, como ocurrió el primero de diciembre, al final sean ajenos a los que les violaron derechos básicos, de modo que la represión deja víctimas pero no atrapa a los causantes de asaltar vitrinas y mobiliario urbano, de lanzar bombas molotov, tubos y objetos peligrosos contra la policía uniformada, como cualquiera pudo ver a través de la televisión e Internet.

Si hay una valla de policías en una calle y los agredo nomás porque sí, estoy cometiendo un acto ilícito; si hay un vidrio en la fachada de un edificio y lo rompo, estoy cometiendo un acto ilícito; si hay un teléfono público y lo destrozo, estoy cometiendo un acto ilícito; si una señora va caminando a su trabajo o a comprar una torta y la agredo, estoy cometiendo un acto ilícito. ¿Por qué, entonces, los que cometen dichos actos ilícitos no deberían ser detenidos, acusados, juzgados y, de demostrarles culpabilidad, encarcelados?

En mi entrega anterior argumenté el acierto del presidente Maduro al expulsar de Venezuela a Kelly Keiderling Franz, encargada de la embajada yanqui en Caracas.

La fuerza de la naturaleza con la que fueron azotados diversos estados del país puede hacer pensar que los problemas causados por fenómenos naturales son inevitables, lo mismo que sus consecuencias. En realidad, el mundo ha evolucionado lo suficiente para hacerse cargo de estas eventualidades y reducir al mínimo sus impactos sociales y económicos. El último Informe sobre el Desarrollo Mundial 2014, elaborado por el Banco Mundial y que se ha hecho público estos días en Washington, se dedica precisamente a discutir el problema del riesgo y las oportunidades económicas, políticas y sociales que plantea su control.

Nunca olvidarán este año, dijo mi madre dirigiéndose con una sonrisa de dicha a nosotros dos. No, señora, no lo olvidaremos nunca, se lo juro, respondió David con una cara descompuesta entre tristeza y rabia. Era 1968. Octubre.

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) sigue ampliando su repertorio –esta vez en su Quinto Ciclo, Teatro Mexicano– con una obra de Bárbara Colio dirigida por Richard Viqueira, quien ya antes había trabajado un texto de la dramaturga, Cuerdas, al que imprimió algo de su muy personal e imaginativa manera. Carnada continúa la exploración y crítica del capitalismo salvaje que ha convertido a las personas en competidoras en todos los campos, que la autora ha hecho dentro de su escritura, aunque quizás seguir una de las líneas argumentales (con algunas notables salvedades) de un clásico como es El Rey Lear de William Shakespeare no lo convierte en contemporáneo. Transformar a las tres hijas de Lear (Gomeril, Reagan y Cordelia) en tres varones (Primero, Segundo y Tercero) responde, a mi entender, más a las necesidades escénicas que a las del contenido mismo, ya que las mujeres somos también, y a veces más, competitivas.



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