Su desinterés en las mujeres se refleja en anomalías denunciadas
El
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) responsabilizó a
la Secretaría de Gobernación (Segob), en su papel de secretaría
ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPAEVM), de no garantizar
la funcionalidad de la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Luego de que se difundiera que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Segob– tomaron “decisiones caprichosas” durante la investigación de la violencia feminicida en el estado de Guanajuato, y de que la integración del Grupo de Trabajo que investigará ese flagelo en Morelos careció de transparencia, el OCNF achacó a la secretaría un desinterés por las mujeres.
En un comunicado, la agrupación exigió a las autoridades federales asumir su responsabilidad por las consecuencias que trae consigo no atender la gravedad de la violencia que enfrentan las mexicanas, ya que con los siete años en los que han negado la AVG –acusó– lo que han hecho es permitir que cualquiera se “tome el derecho de matar o desaparecer a una mujer”.
De acuerdo con el OCNF, las recientes denuncias de las investigadoras Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, sobre el desinterés de las representantes de Conavim e Inmujeres durante la investigación en Guanajuato, confirman las críticas sobre la inoperancia en la que las autoridades dejaron a la AVG.
El Observatorio recordó que desde noviembre de 2013 –cuando se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para supuestamente volver aplicable la alerta– se denunció que las observaciones ciudadanas quedaron fuera de la norma secundaria.
Con la modificación “lo único que hicieron fue legalizar los obstáculos que dejaron en desamparo a miles de mujeres que a diario viven diversos delitos de violencia”, señaló el OCNF.
Dentro de esas trabas está que la declaratoria de AVG continúa siendo “un mecanismo parcial, discrecional y no transparente”. Además de que al incluir a los institutos estatales de la Mujer en los Grupos de Trabajo se genera parcialidad en la investigación.
Asimismo, se criticó en su momento que las peticionarias y organizaciones denunciantes del feminicidio quedaron excluidas del proceso, desde que inicia la indagatoria hasta su conclusión.
El OCNF exigió a la Segob y al Inmujeres reorientar su estrategia para garantizar la declaratoria de AVG, y que este mecanismo de emergencia “cumpla con el fin de salvaguardar la vida de las mujeres”.
PREOCUPACIÓN EN MORELOS
En tanto, en un comunicado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) –organización que en mayo pasado solicitó la AVG para el estado– manifestó su preocupación por la forma en que será investigado el feminicidio en la entidad.
Al recordar que en reiteradas ocasiones ha expresado a Lorena Cruz Sánchez, titular del Inmujeres, la importancia de que se declare la AVG, señaló que luego de que por fin fuera admitida la petición “surgieron interrogantes necesarias de aclarar”, que están relacionadas con la forma en que se conformó el Grupo de Trabajo.
La CIDHM pidió al Inmujeres resolver todas las dudas sobre la selección de las y los académicos, ya que es de suma importancia que “el proceso tenga claridad en todas sus fases” y se adopten todas las medidas para detener la violencia feminicida.
Igualmente, solicitó su integración al Grupo de Trabajo “para que las decisiones que emanen de la investigación sean afirmativas”.
De acuerdo con información oficial difundida esta semana, el feminicidio en Morelos será investigado –en un plazo de 30 días– por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez; Gretha Jimena Vilchis Cordero, subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y Reparación del Daño de la Conavim, y Aurora Ivonne Velasco Rotunno, directora del Instituto de la Mujer de Morelos (IMEM).
Como integrantes de las instituciones académicas nacionales, formarán parte del Grupo de Trabajo para Morelos la maestra en Derecho internacional, Isabel Montoya Ramos, y el doctor en Sociología, Nelson Arteaga Botello, ambos representantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Roberto Castro Pérez, doctor en Sociología Médica y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, e Irene Casique Rodríguez, doctora en Sociología e integrante desde 2001 del Sistema Nacional de Investigadores, son los representantes de la academia de Morelos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-Luego de que se difundiera que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Segob– tomaron “decisiones caprichosas” durante la investigación de la violencia feminicida en el estado de Guanajuato, y de que la integración del Grupo de Trabajo que investigará ese flagelo en Morelos careció de transparencia, el OCNF achacó a la secretaría un desinterés por las mujeres.
En un comunicado, la agrupación exigió a las autoridades federales asumir su responsabilidad por las consecuencias que trae consigo no atender la gravedad de la violencia que enfrentan las mexicanas, ya que con los siete años en los que han negado la AVG –acusó– lo que han hecho es permitir que cualquiera se “tome el derecho de matar o desaparecer a una mujer”.
De acuerdo con el OCNF, las recientes denuncias de las investigadoras Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, sobre el desinterés de las representantes de Conavim e Inmujeres durante la investigación en Guanajuato, confirman las críticas sobre la inoperancia en la que las autoridades dejaron a la AVG.
El Observatorio recordó que desde noviembre de 2013 –cuando se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para supuestamente volver aplicable la alerta– se denunció que las observaciones ciudadanas quedaron fuera de la norma secundaria.
Con la modificación “lo único que hicieron fue legalizar los obstáculos que dejaron en desamparo a miles de mujeres que a diario viven diversos delitos de violencia”, señaló el OCNF.
Dentro de esas trabas está que la declaratoria de AVG continúa siendo “un mecanismo parcial, discrecional y no transparente”. Además de que al incluir a los institutos estatales de la Mujer en los Grupos de Trabajo se genera parcialidad en la investigación.
Asimismo, se criticó en su momento que las peticionarias y organizaciones denunciantes del feminicidio quedaron excluidas del proceso, desde que inicia la indagatoria hasta su conclusión.
El OCNF exigió a la Segob y al Inmujeres reorientar su estrategia para garantizar la declaratoria de AVG, y que este mecanismo de emergencia “cumpla con el fin de salvaguardar la vida de las mujeres”.
PREOCUPACIÓN EN MORELOS
En tanto, en un comunicado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) –organización que en mayo pasado solicitó la AVG para el estado– manifestó su preocupación por la forma en que será investigado el feminicidio en la entidad.
Al recordar que en reiteradas ocasiones ha expresado a Lorena Cruz Sánchez, titular del Inmujeres, la importancia de que se declare la AVG, señaló que luego de que por fin fuera admitida la petición “surgieron interrogantes necesarias de aclarar”, que están relacionadas con la forma en que se conformó el Grupo de Trabajo.
La CIDHM pidió al Inmujeres resolver todas las dudas sobre la selección de las y los académicos, ya que es de suma importancia que “el proceso tenga claridad en todas sus fases” y se adopten todas las medidas para detener la violencia feminicida.
Igualmente, solicitó su integración al Grupo de Trabajo “para que las decisiones que emanen de la investigación sean afirmativas”.
De acuerdo con información oficial difundida esta semana, el feminicidio en Morelos será investigado –en un plazo de 30 días– por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez; Gretha Jimena Vilchis Cordero, subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y Reparación del Daño de la Conavim, y Aurora Ivonne Velasco Rotunno, directora del Instituto de la Mujer de Morelos (IMEM).
Como integrantes de las instituciones académicas nacionales, formarán parte del Grupo de Trabajo para Morelos la maestra en Derecho internacional, Isabel Montoya Ramos, y el doctor en Sociología, Nelson Arteaga Botello, ambos representantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Roberto Castro Pérez, doctor en Sociología Médica y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, e Irene Casique Rodríguez, doctora en Sociología e integrante desde 2001 del Sistema Nacional de Investigadores, son los representantes de la academia de Morelos.
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