Credito:Raquel Rivas Rodríguez / El Economista
En menos de una semana (del 4 al 8 de julio), el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron un paquete de reformas que serán trascendentales para la industria de las telecomunicaciones y, sobre todo, la relación de los clientes con las compañías proveedoras de servicios de telefonía, Internet, entretenimiento e información (radio y televisión).
Para Manuel Bartlett Díaz, senador por el Partido del Trabajo, las leyes secundarias de telecomunicaciones son una “involución porque en lugar de ir para delante va hacia atrás”.
Bartlett Díaz, quien fue gobernador de Puebla y secretario del Gobernación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo en entrevista vía telefónica que el objetivo de las televisoras es: “informar en los términos de la Constitución e informar de manera adecuada con verosimilitud” cuestión que, desde su punto de vista, no se garantiza.
“No está muy claro cuáles son los controles que va a tener el órgano regulador para que los contenidos de la televisión abierta sean de mayor calidad”, dijo Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).Otra crítica a la reforma se establece en el tema de los medios comunitarios y en la imposibilidad de que puedan comercializar sus propios espacios.
“Las radios y televisiones comunitarias en otros países representan un incentivo para generar una mayor diversidad y pluralidad de contenidos y para atender a las poblaciones locales que no tienen acceso a otras fuentes de información”, dijo Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.La vulneración de la privacidad es otra arista, opinó Alejandra Barrales, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, dijo que la reforma permite a cualquier autoridad solicitar la información de los usuarios a un particular.
Además, “obligar a los empresarios a guardar información durante 24 meses de los usuarios particulares viola el derecho a la privacidad y está en contra de lo que establecen los organismos internacionales de derechos humanos. Ellos establecen como máximo seis meses”, dijo la senadora.
La influencia que puede ejercer una empresa sobre el regulador es otra preocupación que existe entre los especialistas como Ernesto Piedras, director de la compañía estratégica The Competitive Inteligente Unit.
Ernesto Piedras recordó un ejemplo en particular. “En el sexenio de Fox hubo un secretario que era jubilado de Telmex. Esos son riesgos y problemas que no se pueden prever o eliminar”.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
La Presidencia de la República, a través de su página de Internet, enumeró nueve beneficios para los mexicanos tras la aprobación de las leyes secundarias.
* A partir del 1 de enero de 2015, no pagarás servicio de larga distancia nacional, tanto en telefonía fija como móvil. Con esto, los mexicanos ahorraremos 19,000 millones de pesos al año.
* Te deberán compensar con bonificaciones y descuentos si tu compañía de telecomunicaciones no te presta servicios de calidad.
* Podrás conectarte a Internet gratuitamente en 250,000 parques y sitios públicos.
* Habrá más competencia en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, para que tengas más opciones y mejores precios.
* El saldo de tu tarjeta de prepago no se va a perder a los dos meses, y te durará por lo menos un año.
* Ya no recibirás llamadas de las empresas telefónicas para promover servicios o paquetes, a menos que cuenten con tu consentimiento.
* Si eres suscriptor de televisión de paga, tendrás derecho a ver los canales de TV abierta sin costo adicional.
* Podrás cambiar de compañía celular de manera gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones.
Podrás consultar tu saldo de tu teléfono sin costo.
“La gran contradicción es que hayamos hecho una reforma constitucional para tener como resultado que puedas consultar (tu saldo) de forma gratuita y para que puedas tener portabilidad numérica —algo que ya estaba en las normas oficiales desde hace un par de años—. Hicimos un cambio en la Constitución para terminar en beneficios en la telefonía”, criticó Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia.raquel.rivas@eleconomista.mx
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