México encubre ante ONU impunidad de tortura en el país

   Informa que hay 119 sentencias, cuando en realidad son sólo 4

El Estado mexicano mintió al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas al afirmar que entre 2005 y 2013 hubo 119 sentencias por ese delito, pero según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) son sólo cuatro condenas, dos de ellas confirmadas.

Claudia Medina Tamariz, detenida y torturada en agosto de 2012 | CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitó la información al CJF y encontró que en realidad hay 119 personas consignadas por tortura, es decir, acusadas por el Ministerio Publico y en proceso judicial, lo que significa que no están sentenciadas.

De acuerdo con el Centro Prodh, en un contexto de impunidad casi total por actos de tortura, es grave que el Estado mexicano haya tergiversado este dato ante la ONU, sólo un par de meses antes de la visita oficial en mayo pasado del relator sobre Tortura, Juan E. Méndez, quien encontró que esta es una práctica “generalizada” en nuestro país.

En febrero pasado México envió un informe al Comité contra la Tortura, en el que respondió a las recomendaciones que le formuló en su última evaluación en Ginebra en 2012. En el documento se reportaron las 119 sentencias por esta conducta.

Posteriormente el relator de la ONU visitó México y declaró que la tortura es una práctica generalizada, y criticó la falta de investigación y sanción de los perpetradores, a la vez que destacó que obligar a las mujeres a parir en la calle y el hacinamiento de las presas en las cárceles, también son una práctica cruel e inhumana.

A decir del Centro Prodh, la impunidad en estos casos llevó a Amnistía Internacional y a mujeres sobrevivientes de tortura sexual a lanzar la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”.

En la campaña participan mujeres como Claudia Medina Tamariz, detenida y torturada en agosto de 2012; las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, torturadas en 2002; Miriam López, torturada en 2011, y Verónica Razo, también víctima de esta práctica en 2011.

Ante ello la organización explicó: “Es sumamente grave que mientras cada vez más sobrevivientes denuncian la tortura a pesar del miedo y los obstáculos que enfrentan, el propio Estado sigue encubriendo la magnitud del problema ante la comunidad internacional”.

El Centro Prodh consideró que sólo con una acción firme por parte de los funcionarios responsables, aplicando la ley y demostrando su voluntad para castigar a los perpetradores, se podrá desarrollar una lucha frontal contra la tortura.

Hasta que el Estado acepte la gravedad de la situación y transparente la información relevante –hacia afuera y a nivel nacional a la sociedad mexicana– podremos hablar de señales de una verdadera voluntad política para poner fin a la tortura, concluyó la agrupación.