Desde el término de la
Segunda Guerra Mundial, cada vez más el Estado capitalista se ha
dedicado a garantizar de manera directa o indirecta las ganancias
privadas, mediante métodos como las concesiones para el capital privado o
la nacionalización de las pérdidas. A esto mismo le ha sumado
gradualmente técnicas de “planeación” en la economía, que le han servido
para “racionalizar” las inversiones de capital.
Pero tal
planeación, no ha significado planear en favor de un crecimiento
armonioso, ni “en el interese de la nación”, sino en favor de la
racionalización de las inversiones de los oligopolios, en defensa de la ganancia privada. Razones
por las cuales todo será encaminado hacia una meta central: la
protección, defensa y garantía de la ganancia privada en las áreas
centrales estratégicas del capital monopolista, para lo cual en algunas
ocasiones, los intereses seccionales de otros grupos burgueses también
son implacablemente sacrificados en el proceso [1].
Respecto a las concesiones, en días resientes en México el líder de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes, ha
señalado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha entregado de manera masiva e
ilegítima semillas de cebada, trigo y girasol a productores que tienen
convenios con la cervecera Grupo Modelo, grupo Bimbo y compañías
aceiteras. Asimismo, ha dicho que a Bimbo y Modelo, la Sagarpa también
le asigno 130 técnicos agrónomos para darles asesoría, siendo que a
ambas empresas le sobran recursos para contratarlos.
También se
viene indicando que Jorge Armando Narváez, subsecretario de
Agricultura, ha sido el responsable de distribuir costales de semillas
para sembrar 10 mil hectáreas de cebada en Zacatecas a miles de
campesinos, con la condición de que la cosecha completa sea vendida a la
cervecera Moctezuma. Practica que también se repitió con las semillas
de girasol para las aceiteras y con el trigo para Bimbo. Además, la
Sagarpa se asegura asigno 120 técnicos a Corona y 10 más a fundación
Produce. De tal manera, las semillas que deberían ser para programas
sociales son usadas para subsidiar la producción de empresas que cuentan
con miles de millones de ganancias, ocurriendo a costa de millones de
campesinos que sobreviven en la miseria [2].
Mientras
que por otra parte, la Sagarpa adeuda más de la mitad del presupuesto
del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) a
los campesinos de nueve estados. Padeciendo el mayor rezago los estados
de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Nayarit y Morelos. Debido a que de las
más de 500 mil hectáreas programadas, sólo se han entregado recursos
para 58 mil en beneficio de 45 mil productores, de un total de 216 mil
311 en dichas entidades, así como en Puebla, Michoacán, estado de México
y Tlaxcala [3].
Y dentro del mismo esquema “racional”
se circunscriben las “administradoras” de fondos o pensiones, aquí
conocidos como Afore. Negocio privado en la que los trabajadores ponen
el dinero y el capital se lleva la ganancia, una vez que éste último
decide – sin consultar a los dueños de los recursos que son los
trabajadores – en que invertir el dinero y el riesgo existente.
Más aun, la “racionalización capitalista” en México, tal como lo
anhelara Richard Lansing, ha venido siendo implementada por una “élite”
política que abrevando de los principios del capitalismo neoliberal,
después de una estadía académica en la metrópoli estadounidense. Hoy
ocupan puestos importantes dentro de la administración como el Banco de
México, la Secretaría de Hacienda, entre otras secretarias de Estado
donde se incluye la de Educación Pública, para convertir a estas en
“empresas productivas del Estado”, siendo aleccionados en los Estados
Unidos y en nuestro mismo país en instituciones como el ITAM, el CIDE,
Colmex, Mora y el Flacso.
Así, las llamadas reformas
estructurales emanadas de individuos que fueron aleccionados en dichas
instituciones, hoy en día han ayudado a que en nuestro país se de una
mayor concentración del ingreso en los sectores empresariales, a la vez
que se ha incrementado la precarización laboral. De acuerdo con el
INEGI, tan sólo en un año el número de trabajadores ocupados en el
sector informal de la economía – aquellos que carecen de los beneficios
de la seguridad social - , han aumentado en más de 300 mil personas.
Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe)
correspondiente al segundo trimestre de éste año indica que, 29 millones
412 mil 185 mexicanos laboran en el sector informal, cifra superior en
312 mil 355 personas que las registradas en el mismo periodo en 2015, la
cual fue de 29 millones 99 mil 830 trabajadores informales [4].
Y para que se haya podido concretar tal “racionalidad” en el país, se
ha venido recurriendo a nuevos instrumentos policiacos, como el llamado mando único. Éste
cuerpo policiaco viene sirviendo para que se pueda continuar con
proyectos que benefician al sector privado como los trabajos del
acueducto de San Pedro Apatlaco, en el estado de Morelos.
Dicho
proyecto forma parte del llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) y se
encuentra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la
intención de que el acueducto en cuestión lleve agua del rio Cuautla
hacia las turbinas de las termoeléctricas. Pero ante la oposición de
ejidatarios de comunidades de Ayala, Anenecuilco, Abelardo, Moyotepec,
Ahuhueyo y Tenextepango. Comunidades de las cuales, no obstante los
ejidatarios de Anenecuilco hayan ganado un amparo, el cual concluye que
el vital líquido no puede ser utilizado en las termoeléctricas, debido a
que es prioritario su uso humano. El Estado ha recurrido al uso de al
menos unos 80 efectivos antimotines, pertenecientes al mando único, para
que “resguarden” a la maquinaria y a los trabajadores que continúan con
los trabajos para la construcción del acueducto [5].
Más todavía, dentro de tal “racionalidad” también se ha circunscrito a
Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con un informe
del Barómetro de la Deuda Social, realizado por la Universidad Católica
de Argentina (UCA), se ha agravado la pobreza y la indigencia en dicho
país. Indicando que en los últimos ocho meses, más de la mitad de la
población económicamente activa se encuentra en situación de
vulnerabilidad laboral. Siendo que entre 2010 y 2015 se había registrado
una mejora en el llamado “empleo decente”, pero hoy en día conforme han
avanzado las reformas de Macri, 57% de la población vive con
condiciones laborales “problemáticas”, a causa de despidos,
suspensiones, cesantías, recortes de horas y de días laborales, así como
ante la caída de la producción.
Todo lo cual ocurre al mismo
tiempo en el que no se ha logrado avanzar en las pesquisas que
investigan a Macri por sus cuentas en paraísos fiscales, derivadas de
los Papeles de Panamá sacados a la luz en abril de éste año, ni
se logra avanzar en las investigaciones de otros tantos funcionarios
gubernamentales ligados también a dichos desvíos que hacen referencia a
millones de dólares.
Mientras que en contra parte, se mantiene
detenida en Jojoy a Milagro Salas, quien es dirigente social de la
organización Tupac Amaru y es diputada del Parlamento del Mercado Común
del Sur (Mercosur). Detenida en enero del año en curso sin pruebas.
Además de que las autoridades del penal le han prohibido recibir visitas
por supuesta “mala conducta”, al haber exigido mejores condiciones de
prisión y protestar por los maltratos hacia otras reclusas [6].
Suerte de desprotección laboral “racional” que también vienen corriendo
en los últimos años, los países de la región centroamericana, mismos
que se han visto colocado dentro de una promoción del turismo por sus
gobernantes. Éstos han promocionado las bellezas naturales y culturales
del país hacia el exterior, promoviendo una falsa imagen, espejismo para
captar divisas y multiplicar la inversión extranjera. Pero tras el cual
se oculta una realidad muy diferente. Una realidad donde la lucha en
defensa de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza es
criminalizada y reprimida, y los derechos laborales y sindicales son
sistemáticamente pisoteados.
En tal dinámica, en 2014 la región
recibió 9,6 millones de visitantes, con un aumento del 5,6% –más de
medio millón de visitantes– respecto al 2015. Siendo Guatemala el país
que tuvo el mayor crecimiento con un (+9,3%), seguido por Belice
(+9,2%), Nicaragua (+8,2%) y Panamá (+5,2%). Mientras que Costa Rica
continúa atrayendo la mayor cantidad de turistas que llegan a la región
centroamericana con más del 26% del mercado, seguido de Panamá con un
18% y Guatemala con otro 15% [7].
Todo lo cual le ha
permitido a Centroamérica captar cerca de 10.200 millones de dólares en
divisas por turismo, con un crecimiento del 9,2% respecto al 2013.
Liderando la lista Panamá, Costa Rica y Guatemala, países con mayor
captación de divisa, mientras que El Salvador destaca por el alto
crecimiento logrado en tan sólo un año (+32,4%).
Además, de acuerdo con el último informe
oficial del IHT, durante el año 2014 Honduras recibió un poco más de 2
millones de visitantes, con un crecimiento del 12,1% respecto al 2013.
Aumentando el ingreso de divisas por turismo en casi 15%, alcanzando los
710,4 millones de dólares, lo que representó un 7,8% del total de las
exportaciones de bienes y servicios. De manera que el turismo se
posicionó como la cuarta fuente de ingresos de divisas después de las
remesas familiares, la maquila y la exportación del café. Las
actividades relacionadas con este sector aportaron el 6,5% del Producto
Interno Bruto (PIB) [8].
En general los
trabajadores eventuales son camareros o ayudantes de cocina, a los
cuales se les contrata cuando en los hoteles se desarrollan eventos de
cierta magnitud y se necesita de más personal. Hay hoteles donde se
llegan a contratar a unos 120 o 130 trabajadores bajo esta modalidad.
Además de que hay muchos lugares donde el trabajador “eventual” es
contratado para suplir al permanente. No cuentan con derecho a ningún
tipo de prestación social y hay niveles bastante elevados de explotación
laboral.
Siendo que en la inmensa mayoría de hoteles no existe
organización sindical, lo cual favorece la explotación laboral. De
forma que en la mayoría de los países donde se viene impulsando el
turismo no hay protección social para las y los trabajadores. Existe en
Honduras una Ley de Empleo por Hora que genera nuevas plazas,
particularmente en el sector servicios y turismo, pero de lo que
realmente se trata es de trabajo precario que deja al trabajador
desprotegido. De manera tal que hay mujeres que entran a laborar desde
las 8 de la mañana y salen hasta las 7 de la noche porque tienen que
terminar de arreglar una cantidad exagerada de habitaciones. Existiendo
una excesiva carga de trabajo y muy poco personal. Ante los cual las
trabajadoras se frustran y se van, y las que se quedan porque no pueden
perder el empleo muchas se enferman física y psicológicamente [9].
A la par de que esto ocurre en el sector turístico, en países como
Costa Rica durante las últimas décadas, se ha venido impulsando un
modelo agroindustrial basado en la expansión de monocultivos a gran
escala, intensificado de forma alarmante la presión sobre recursos como
la tierra, el agua y la fuerza de trabajo.
En Costa Rica la
superficie sembrada de cultivos permanentes es de 558 mil hectáreas, de
las cuales 354 mil corresponden a los principales cultivos, en los que
destacan el café con el 23,8 por ciento, seguido por la palma aceitera
18,8 por ciento, la caña de azúcar 18,4 por ciento, el banano 14,6 por
ciento y la piña con el 10,6 por ciento, según ha indicado el VI Censo
Nacional Agropecuario (2015) de ese país.
Pero según datos de
la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa)
de ese país, el área sembrada de piña se triplicó entre 2000 y 2014,
hasta tener en la actualidad una extensión un poco inferior a las 40 mil
hectáreas. Y durante el mismo período, el valor de las exportaciones de
la fruta se incrementó en un 715 por ciento, pasando de 121 millones de
dólares en el año 2000 hasta 865 millones en 2014.
Siendo que
el sector se encuentra en manos de unos 550 productores y el 91 por
ciento del área total sembrada se concentra en 108 fincas con más de 100
hectáreas. De las cuales las 1.120 restantes tienen extensiones
menores. Generando la producción de piña unos 28 mil empleos directos [10].
Pero ante tal auge, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de
Piña (Canapep) de Costa Rica, siempre ha minimizado el impacto negativo
de la expansión de la piña sobre el medio ambiente y el ser humano. No
obstante que, organizaciones sociales y sindicales aseguran que la
producción de piña va de la mano con la pérdida de derechos laborales y
la contaminación ambiental.
Según indica Maikol Hernández,
secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores
Costarricenses del Banano y Afines Libre (SINTRACOBAL) y de la
Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines
(FENTRAG). En los últimos años, las grandes transnacionales productoras y
comercializadoras han acaparado en Costa Rica tierra y cuotas de
exportación, a expensas de cientos de productores independientes que se
han visto obligados ha salir del mercado.
Concentrándose el
grueso de la producción en el norte del país, en la zona fronteriza con
Nicaragua, donde el 90 por ciento de la mano de obra es migrante y la
presencia de mujeres es muy elevada. Destacando el hecho de que ya en
Costa Rica el sector agrícola es donde se pagan los peores salarios y
las condiciones en que viven y trabajan las personas migrantes han
generado grandes anillos de pobreza alrededor de las plantaciones de
piña.
Asimismo, las y los trabajadores están expuestos a una
serie infinita de violaciones de sus derechos, más aún si se trata de
mujeres. Bajos salarios, jornadas extenuantes de más de 8 horas,
contratos laborales temporales, muchas veces sin reconocimiento de
derechos como vacaciones, seguridad social, seguro de riesgos del
trabajo, aguinaldo, maternidad. A lo cual se le suman casos de maltrato
por jefes y administradores, persecución laboral a quienes reclaman
derechos, acoso sexual e irrespeto a los derechos de la mujer
trabajadora.
De manera que mientras por un lado las grandes
transnacionales hacen sus inversiones y obtienen grandes ganancias, por
la otra parte los trabajadores no llegan ni siquiera a cubrir sus
necesidades básicas. Debido a contrataciones temporales que generan una
rotación constante en las fincas. Estrategia implementada por las
empresas que les permite obviar el pago de cualquier tipo de prestación
social y les facilita la creación de “listas negras”. Si un trabajador
intentó afiliarse o conformar un sindicato ya nadie lo va a contratar.
Hechos a los cuales se les suman acciones como el llamado comercio justo,
utilizado por las transnacionales como elemento para reforzar falsos
mecanismos de organización de los trabajadores, vendiéndoles la idea que
de esta manera mejorará la situación de la finca y sus condiciones de
trabajo. Pero que en realidad se trata de herramientas patronales para
contrarrestar la sindicalización. Las empresas despiden, chantajean,
ofrecen dinero y gozan de un apoyo mediático importante para garantizar
el control absoluto en sus fincas. De suerte que en toda Costa Rica aún
no existe una sola convención colectiva que regule las relaciones
laborales y las condiciones de empleo en el sector de la piña [11].
Y a los cual se le agregan fuertes impactos ambientales adversos, tanto
por el uso masivo de agrotóxicos para el control de plagas, como por la
destrucción de bosques. Debido a que las plantaciones de piña necesitan
luz brillante o pleno sol. Más toda vía, hay comunidades de la región
de Siquirres, Limón, cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas
dedicadas al cultivo de piña. Unas 30 mil personas desde hace años
reciben agua por medio de cisternas, porque el uso excesivo y
descontrolado de agrotóxicos han contaminado manantiales y aguas
subterráneas. Así, la expansión desmedida de la producción de piña ha
venido ocasionando daños al suelo, deforestación, matanza de especies,
desvío de ríos y riachuelos [12].
A tal racionalidad
capitalista no ha escapado Brasil, país que a cuatro meses de la
destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff y bajo el gobierno de
Temer se han acentuado las recetas de las grandes empresas
transnacionales. Que al igual que en los países ya indicados, consisten
en acelerar la explotación de los recursos naturales, especialmente los
energéticos, y reducir al máximo los derechos de los trabajadores. Y
dentro de tal “racionalidad” que apela a la reducción de los precios de
las materias primas y el ‘coste’ de los derechos laborales y sociales,
el capital espera recuperar el equilibrio ante la caída de la tasa de
ganancia. No importando que esto implique la acentuación de la crisis
ambiental y social.
Así en el tema de la agricultura familiar,
al igual que en otros ministerios dedicados a asuntos sociales, el
Ministerio de Desarrollo Agrario fue eliminado. Transfiriendo las
políticas que se desarrollaban en ese ministerio al Ministerio de
Desarrollo Social y agrario o distribuidas en otras carteras
ministeriales, como el Gabinete de Presidencia. De forma que
desaparecido el Ministerio de Desarrollo Agrario, la agricultura
familiar también fue excluida de la Cámara de Comercio Exterior,
retirando ese sector de cualquier negociación internacional que pudiera
promover o perjudicar a los pequeños agricultores [13].
Afectando la eliminación y la reorganización del Ministerio directamente
a la agricultura familiar ante la retirada de 160 millones de reales de
los recursos del Programa de Adquisición de Alimentos, que adquiría
productos de los pequeños agricultores para escuelas, guarderías,
asistencia social, etc. Por lo que con tal media fueron excluidos 40 mil
agricultores y 2 mil cooperativas. A lo cual se le suma que el gobierno
golpista de Temer, también revocó el llamamiento público para la
selección de entidades prestadoras de servicios para la asistencia
técnica, dejando desasistidas 188 mil familias de agricultores.
Mientras que respecto a la vivienda, la primera media del ministro de
Ciudades, Bruno Araújo, fue abandonar la meta del gobierno Dilma de
contratar dos millones de viviendas para el programa Minha Casa Minha
Vida para los dos próximos años. Decisión con la cual, el gobierno
perjudica a 6,1 millones de personas afectadas por el déficit
habitacional, dejando de generar además 1,3 millones de puestos de
trabajo, de los cuales 660 mil eran directamente en las obras y otros
682 mil indirectos, según la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Lo que en la
práctica, son 70 mil millones de reales que dejan de ser generados en
el Produto Interior Bruto (PIB) [14].
En el sector
salud, Ricardo Barros anunció que está negociando con el ‘mercadp’ –no
con la sociedad-, las modificaciones que va a introducir en el Sistema
Único de Saúde. Para lo cual el Ministerio creó un grupo de trabajo con
la finalidad de crear ‘Planes de salud populares’, cuyo nombre pretende
ocultar que en la práctica se pretende excluir el principio
constitucional de gratuidad de la salud y obliga a los trabajadores a
contratar planes de salud con escasa cobertura y pésima calidad.
Y para concretar tales medidas, al igual que en México se viene echando
mano del mando único, así como de otros instrumentos policiacos,
militares y paramilitares, en Brasil fue designado ministro Alexandre de
Mora, quien fuera responsable de desalojar a los adolescentes que
ocupaban escuelas públicas en São Paulo, sin mandato judicial. Mismo que
al igual que sus pares, Mora tiene poco aprecio por la Constitución y
por los derechos. Manifiesto en que su primera media fue la suspensión
de todas las acciones vinculadas con los derechos humanos, siendo las
áreas policiales las únicas que casi siguen funcionando en el ministerio [15].
En materia de educación, cuatro grandes programas en el área de la
educación fueron recortados en estos meses: Pronatec, ProUni, Fies y
Ciencias Sin Fronteras. Medidas que en la práctica afectan a más de dos
millones de estudiantes. A parte de lo cual el gobierno destituyó a los
miembros del Consejo Nacional de Educación, escogidos anteriormente por
consulta a la sociedad.
En tanto que respecto al motor del
golpe, que es la explotación de las reservas del presal brasileño. Según
documentos filtrados por Wikileaks, el senador José Serra, actual
ministro golpista de Asuntos Exteriores, se comprometió con la petrolera
norteamericana Chevron a modificar las reglas de explotación del
presal. Por lo que la propuesta sobrevuela el congreso y ya fue aprobado
en el Senado, mientras que se encuentra en régimen de urgencia en la
Cámara. Siendo que al eliminar la exclusividad de Petrobras sobre el
presal, el proyecto promovido por los golpistas se atraerá recursos
procedentes de la explotación que estaban destinados al Fondo social,
que destinaban el 25% para sanidad y el 75% para educación, además de
reducir inversiones en la industria naval y petrolera nacional [16].
Finalmente, ante tal panorámica es importante destacar el hecho de que
para que tal racionalización capitalista haya avanzado, los modelos
econométricos han brindado un gran apoyo, mediante instrumentos como el riesgo país. Indicador
que se pretende ser financiero para medir la probabilidad de pérdida
que puede sufrir un inversionista al invertir en deuda emitida por un
país en los mercados internacionales de capital.
Sin embargo
los análisis de riesgo país se encuentran relacionados con hechos
políticos determinantes. Por ejemplo, en Venezuela el riesgo país bajó
mucho justo después de las elecciones de diciembre de 2015, cuando la
oposición de corte derechista, contra Nicolás Maduro venció. Y a la
inversa, en agosto de 2015, cuando el mismo Maduro decide el cierre de
fronteras con Colombia, por incursiones de grupos de narco-paramilitares
hacia Venezuela, con la anuencia de derechista de Venezuela y Colombia,
sube el riesgo país.
Asimismo, cuando Maduro anuncio el sacudón [17], también
subió el riesgo país e igual ocurrió a principios de 2016, con el
cambio de gabinete económico. Subiendo de igual forma el riesgo país
tras la salida del vicepresidente económico Miguel Pérez Abad.
Exfuncionario que conforme a los intereses de los grandes oligopolios
estadounidenses había propuesto la unificación cambiaria, privatizar las
empresas expropiadas y flexibilizar los controles económicos [18].
Toda vez que el riesgo país tiene la función de encarecer la deuda
emitida por un país. Es decir, aquellas instancias financieras y los
Estados a los que responden como los EE.UU., tienen el monopolio de
decidir lo que es el riesgo país, y por ende, endurecer las
posibilidades de que otro Estado, non grato para los intereses
económicos en los EE.UU., tenga para acceder a un crédito financiero
internacional.
Por lo cual el denominado riesgo país, en
realidad ha sido incapaz de anticipar realmente si un país entra en
riesgo financiero y eclosionar. Así, ha sido incapaz de anticipar crisis
como la ocurrida en los Estados Unidos ante la quiebra de Bear Stearns,
Fannie Mae, Freddie Mac y Lehman Brothers. Ni tampoco ha podido prever
las crisis bancarias de Grecia, España, Portugal, Finlandia, Irlanda o
la crisis asiática de 1997.
Ni Credit Suisse, Bank of America,
JP Morgan, Morgan Stanley o Deutsche Bank, con sus cálculos de riesgo
han logrado alertar en verdad sobre el riesgo de que un determinado país
incurra en la suspensión de pagos para la deuda externa. Pero si le
permite extorsionar mediante el riesgo país a una nación como la
venezolana, que se opone a las políticas de “desarrollo capitalista”,
considerándosele como país en riego, pese a pagar puntualmente los
compromisos de pago de la deuda externa [19].
[1] Mandel Ernest. Ensayos sobre el capitalismo. Ediciones Era, 1979. Pág. 24
[2] La Jornada. Sábado 13 de agosto de 2016.
[3] La Jornada. Lunes 15 de agosto de 2016.
[4] La Jornada. Sábado 13 de agosto de 2016.
[5] Ibíd.
[6] La Jornada. Sábado 13 de agosto de 2016.
[7] Rebelión. La otra cara del crecimiento turístico. Turismo en Honduras: empleo precario, mal pagado y temporal. Por: Giorgio Turcchi, 04-08-2016.
[8] Rebelión. Ibíd.
[9] Rebelión. Ibíd.
[10] Rebelión. Costa
Rica: Precarización laboral, contaminación ambiental y deforestación.
Expansión del monocultivo de piña y la pérdida de derechos. Por: Giorgio Trucchi, 13-08-2016.
[11] Rebelión. Ibíd.
[12] Rebelión. Ibíd.
[13] Rebelión. El saldo del golpe: menos derechos para los trabajadores, más ventajas para el Capital. Por: Miguel Enrique Stédile, 16-08-2016.
[14] Ibíd.
[15] Rebelión. Ibíd.
[16] Ibíd.
[17] Se hace alusión al Caracazo o Sacudón
que fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela
durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero
y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados
realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas.
[18] https://informe21.com/.../salida-de-perez-abad-levanta-el-radicalismo-en-...
[19] La Jornada. Estimado riesgo país. Por: Alfredo Serrano Mancilla. Sábado 13 de agosto de 2016.
Ramón César González Ortiz. Es Licenciado en Sociología y Maestro
en Estudios Políticos por la FCPyS de la UNAM. Actualmente es Profesor
Adjunto en la FCPyS en las materias Pensamiento Social Latinoamericano y
la Sociología en México.
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