Madres de cuatro niñas y de una mujer, víctimas de feminicidio en el
municipio de Tamuín, San Luis Potosí, pidieron a las autoridades del
poder judicial de esa entidad, que realice una investigación con
perspectiva de género y como feminicidio, los casos de sus familiares
asesinadas entre 2010 y 2014.
En conferencia de prensa convocada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, las madres de las víctimas narraron las fechas en las que sus hijas desaparecieron y las irregularidades que han detectado desde que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y encontraron los cuerpos.
Entre éstas denunciaron que no les hicieron la prueba de ADN a los cuerpos de las víctimas, no se tomaron muestras del carro, objetos y casa del agresor, también señalaron que no se tomó en cuenta los testimonios de familiares y amistades cercanas a las víctimas así como tampoco se analizó la manera en que el agresor cometió sus delitos.
Al tratarse de cinco casos de feminicidio, los familiares de las víctimas solicitaron que se realice la investigación con perspectiva de género, porque no se ha visto reflejada en sus expedientes y que no se investiguen como hechos aislados, sino como asesinatos seriales cometidos por la misma persona.
Debido a que la defensa del agresor, Filiberto Hernández Martínez, alegó tortura para confesar sus delitos (pese a que éste aceptó haber asesinado a las 5 víctimas y detalló los lugares donde las enterró) los familiares de las víctimas solicitaron que se le realice el
Protocolo de Estambul, para que se demuestre la presunta tortura.
No obstante, Hernández Martínez logró ser exonerado del feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, una niña de 13 años de edad, que fue secuestrada, violada y asesinada por él.
El juez de la Quinta Sala Penal del estado de San Luis Potosí, concluyó que no había otras pruebas que comprobaran que Hernández Martínez cometió el delito, por lo que dictó auto de formal libertad por este caso; pero el agresor continúa en prisión preventiva en espera de que se resuelvan otros 3 casos que se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público correspondiente.
LOS HECHOS
En el municipio de Tamuín, pertenenciente al estado de San Luis Potosí, cuatro niñas y una mujer fueron víctimas de feminicidio desde el año 2010 al 2014. La primera fue Rosa María Sánchez, niña de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre del 2010. Fue hasta el 2014 cuando encontraron una osamenta que podría ser la de ella, pero a la fecha, no le han realizado las pruebas de ADN que confirmen su identidad.
El 24 de mayo del 2011, Sandra Campuzano, reportó la desaparición de su hija Adriana Martínez Campuzano, quien tenía 13 años de edad. Casi 2 años después, el 24 de enero del 2013, Gloria Castillo Torres, mamá de la niña Itzel Romany Castillo Torres, de 11 años de edad, la reportó como desaparecida.
Adela Rodríguez Santiago abuela de la niña Dulce Ximena Reyes Rodríguez, de 9 años de edad, reportó su desaparición ante la policía y el Ministerio Público, el 11 de abril del 2014.
Un mes después de esta desaparición se reportaba otra, la de Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad, desaparecida el 6 de mayo de 2014, ella vivía con su papá y su mamá.
En todos los casos, los familiares de las víctimas señalaron que éste ya las había acosado previamente, pero no presentaron ninguna denuncia.
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas él confesó haber matado a las cuatro niñas y a la mujer de 32 años; durante su confesión mencionó el lugar en donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de cutilla” que se encuentra entre Tamuin y Ciudad Valles.
Desde octubre de 2014 se encuentra bajo prisión preventiva por los casos de feminicidio de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera.
La representante legal del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Tábata Salas, informó que presentarán un amparo para que las autoridades investiguen los 5 casos como feminicidio cometido por un asesino serial y no como casos aislados.
En el año 2013, el delito de feminicidio fue tipificado en San Luis Potosí.
En conferencia de prensa convocada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, las madres de las víctimas narraron las fechas en las que sus hijas desaparecieron y las irregularidades que han detectado desde que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y encontraron los cuerpos.
Entre éstas denunciaron que no les hicieron la prueba de ADN a los cuerpos de las víctimas, no se tomaron muestras del carro, objetos y casa del agresor, también señalaron que no se tomó en cuenta los testimonios de familiares y amistades cercanas a las víctimas así como tampoco se analizó la manera en que el agresor cometió sus delitos.
Al tratarse de cinco casos de feminicidio, los familiares de las víctimas solicitaron que se realice la investigación con perspectiva de género, porque no se ha visto reflejada en sus expedientes y que no se investiguen como hechos aislados, sino como asesinatos seriales cometidos por la misma persona.
Debido a que la defensa del agresor, Filiberto Hernández Martínez, alegó tortura para confesar sus delitos (pese a que éste aceptó haber asesinado a las 5 víctimas y detalló los lugares donde las enterró) los familiares de las víctimas solicitaron que se le realice el
Protocolo de Estambul, para que se demuestre la presunta tortura.
No obstante, Hernández Martínez logró ser exonerado del feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, una niña de 13 años de edad, que fue secuestrada, violada y asesinada por él.
El juez de la Quinta Sala Penal del estado de San Luis Potosí, concluyó que no había otras pruebas que comprobaran que Hernández Martínez cometió el delito, por lo que dictó auto de formal libertad por este caso; pero el agresor continúa en prisión preventiva en espera de que se resuelvan otros 3 casos que se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público correspondiente.
LOS HECHOS
En el municipio de Tamuín, pertenenciente al estado de San Luis Potosí, cuatro niñas y una mujer fueron víctimas de feminicidio desde el año 2010 al 2014. La primera fue Rosa María Sánchez, niña de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre del 2010. Fue hasta el 2014 cuando encontraron una osamenta que podría ser la de ella, pero a la fecha, no le han realizado las pruebas de ADN que confirmen su identidad.
El 24 de mayo del 2011, Sandra Campuzano, reportó la desaparición de su hija Adriana Martínez Campuzano, quien tenía 13 años de edad. Casi 2 años después, el 24 de enero del 2013, Gloria Castillo Torres, mamá de la niña Itzel Romany Castillo Torres, de 11 años de edad, la reportó como desaparecida.
Adela Rodríguez Santiago abuela de la niña Dulce Ximena Reyes Rodríguez, de 9 años de edad, reportó su desaparición ante la policía y el Ministerio Público, el 11 de abril del 2014.
Un mes después de esta desaparición se reportaba otra, la de Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad, desaparecida el 6 de mayo de 2014, ella vivía con su papá y su mamá.
En todos los casos, los familiares de las víctimas señalaron que éste ya las había acosado previamente, pero no presentaron ninguna denuncia.
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas él confesó haber matado a las cuatro niñas y a la mujer de 32 años; durante su confesión mencionó el lugar en donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de cutilla” que se encuentra entre Tamuin y Ciudad Valles.
Desde octubre de 2014 se encuentra bajo prisión preventiva por los casos de feminicidio de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera.
La representante legal del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Tábata Salas, informó que presentarán un amparo para que las autoridades investiguen los 5 casos como feminicidio cometido por un asesino serial y no como casos aislados.
En el año 2013, el delito de feminicidio fue tipificado en San Luis Potosí.
CIMACFoto: Gema Villela Valenzuela
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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