Periódico La Jornada
El presupuesto 2017 para la Secretaría de
Gobernación (SG), acorde con la propuesta del Ejecutivo federal, es 9
mil 313 millones de pesos menos que el año en curso, es decir, 14 por
ciento a la baja, al pasar de 67 mil 472 millones, a 58 mil 159 millones
de pesos.
Con este recorte se disminuye el dinero para programas prioritarios
en esta dependencia, relacionados con la seguridad (tanto a nivel de
prevención y operativos contra el delito), registro de población,
migración y erradicación de violencia contra las mujeres, entre otros.
Igualmente, el gasto para construcción de infraestructura es mínimo.
Los recursos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), organismo de inteligencia civil del gobierno federal, van a la
baja. De ser una instancia privilegiada en los años recientes, con
planes de expansión (en el bienio anterior se dispuso de más de 500
millones de pesos para la construcción de cinco centros regionales de
inteligencia), ahora no tendrá ese alcance, sino que sólo contarán con
gastos operativos, de tal forma que pasa de un nivel de 3 mil 273
milones de pesos, a 2 mil 823 millones, es decir, 15 por ciento menos.
En cuanto al sistema penitenciario, los recursos a este rubro pasan
de 18 mil 841 millones de pesos a 16 mil 615 millones, lo cual significa
una reducción de al menos 12 por ciento. Una situación similar ocurre
en la Policía Federal, con un cambio de 26 mil 28 millones a 25 mil 654
millones.
En el caso de los subsidios federales a municipios, el proyecto del
Presupuesto de Egresos 2017, entregado el jueves pasado por el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a la Cámara de Diputados,
indica una baja de casi mil millones de pesos (pasaría de 5 mil 952
millones a 5 mil millones), esto es, 16 por ciento, en momentos en que
se ha disparado el índice de homicidios dolosos en más de la mitad de
entidades del país.
También hay bajas en las instancias responsables de la
política y la aplicación de la ley de migración, pese a un aumento del
flujo de extranjeros en situación irregular.
El Instituto Nacional de Migración tiene actualmente un presupuesto
de mil 809 millones de pesos, y la propuesta para el año entrante es de
mil 670 millones.
Lo mismo ocurre con lo relativo a los planes en materia de población.
El Registro Nacional de Población, responsable de la depuración de las
bases de datos en esta materia y de la expedición de la clave de
identidad (comprometida por el presidente Enrique Peña Nieto en
noviembre de 2014), tiene ahora 579 millones de pesos, y la propuesta
para el año entrante es reducir los recursos a 410 millones, lo que
equivale a una merma de casi 30 por ciento.
El Archivo General de la Nación pasaría de 321 millones a 67
millones, debido a que ya no contará con dinero para obra; en 2016 tuvo
250 millones de pesos en concepto de inversión, debido a que está en
construcción su nueva sede.
Son pocas las áreas con aumentos moderados para el año entrante, como
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que pasaría de 22.5
millones a 25.4 millones de pesos. Igualmente, para la comisión nacional
antisecuestro se propone una leve alza.
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