Patricia Elena Aceves Pastrana *
Se aproxima la aprobación
del presupuesto educativo para 2017 y el gobierno aún no ha dado a
conocer el destino y utilización de las partidas de 2016 destinadas a la
reforma educativa, y en específico a la formación de profesores.
Al respecto, Luis Hernández Navarro informó en la prensa la firma de
un convenio de colaboración entre la SEP y el Tecnológico de Monterrey,
realizada en marzo pasado, por un monto de 600 millones de pesos para la
capacitación de 60 mil profesores del sistema público mediante una
plataforma virtual. En la firma del acuerdo también se dijo que la meta
sería llegar a un millón de docentes
actualizados y mejor capacitados.
Este convenio forma parte del modelo establecido por la SEP para la
formación de profesores, que contempla fundamentalmente cursos en línea,
sin la presencia de los maestros. Se trata de un modelo que ignora las
grandes carencias que existen en las escuelas rurales, que no cuentan
con energía eléctrica ni conectividad a Internet.
La reforma educativa ofrece a los empresarios oportunidades de hacer
negocio en el mercado de la educación. Ese es el caso de la evaluación a
maestros, la elaboración de materiales didácticos, la publicación de
textos, la venta y alquiler de equipo y mobiliario, y la construcción y
el mejoramiento de escuelas con el financiamiento de los Certificados de
Infraestructura Escolar Nacional.
En esta perspectiva, la reforma educativa representa un lucrativo
negocio de largo alcance, en expansión hacia la totalidad de los niveles
de enseñanza. Así lo anuncia la reforma de las normales y la nueva ley
general de educación superior, en vías de preparación en la Comisión de
Educación del Senado.
Esto puede verse con claridad en el
anteproyecto de ley general de educación superior, supuestamente elaborado por la secretaría general de la Anuies, fechado en junio de 2016. Si bien el documento está marcado como un borrador, es una propuesta terminada de lo que sería la nueva legislación para ese nivel de enseñanza El texto explica que desde marzo de 2015, el consejo general de la Anuies y la Subsecretaría de Educación Superior acordaron integrar mesas de trabajo sobre diversas temáticas de educación superior, incluida la legislación que regula este sector. También menciona que en marzo del año en curso, bajo el auspicio de la Comisión de Educación del Senado, fueron celebradas mesas de debate sobre la situación actual, desafíos y expectativas de la legislación en materia de educación superior.
Posteriormente, el consejo superior de la Anuies integró una comisión de rectores
encargada de elaborar una propuesta relacionada con la legislación en materia de educación superior. En la redacción del texto fueron tomados como referentes obligados: la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de la Unesco (1998) y las propuestas del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No es mi intención hacer un análisis global del anteproyecto
integrado por ocho capítulos y 50 artículos, sino mostrar los cambios
más significativos que introduciría en caso de ser aprobado como ley.
Para empezar, crea un sistema de educación superior que incorpora a las
instituciones particulares, beneficiarias, en adelante, de estímulos
económicos y de reconocimiento institucional de validez de estudios por
10 años, o bien con vigencia indefinida, mediante decretos
presidenciales y acuerdos secretariales.
Lo más grave del asunto es que señala, en su capítulo I, artículo 1:
la participación de las instituciones de educación superior [públicas y particulares] en la coordinación, planeación y financiamiento de la educación superior.
De esta manera, establecería una nueva legalidad contraria a los
principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que pasa por encima del espíritu y las normas contenidas en los
artículos 1° y 3° de nuestra Carta Magna. Ello implica que el Estado
subrogaría una función que sólo a él le compete desempeñar e impulsaría
el proceso de privatización, que como ha señalado recientemente el
senador Manuel Bartlett, alcanza 46 por ciento de la educación superior.
Por otro lado, su capítulo II, artículo 13, crea un sistema nacional
de evaluación de la educación superior que integra y reconoce
los distintos organismos y organizaciones nacionales y extranjeras especializadas en evaluación y acreditación, para valorar de manera homogénea la calidad académica de las instituciones y sus programas. De ser aprobada esta disposición, que es contraria a los principios de la Constitución, representaría también un ataque directo tanto a la autonomía de las escuelas públicas de nivel superior como a la soberanía nacional. Con ello abriría la puerta a los objetivos privatizadores de la OCDE y organismos afines extranjeros y nacionales que buscan profundizar su control sobre la enseñanza en México. Conviene tener presente que, en este año, el presupuesto de educación sufrió dos recortes y que para 2017 viene disminuido en 10 por ciento.
Sería inmoral y ofensivo para los miembros de las comunidades
académicas y estudiantiles, así como para la sociedad en su conjunto,
elevar a rango de ley las oportunidades de negocio de una minoría sin
escrúpulos, a la que no le importa sacrificar el bien público y la
educación de millones de niños y jóvenes.
* Diputada federal
Morena
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