En México, lo que miles de ciudadanos
han exigido en lo que va del sexenio priista, un solo hombre podría
hacerlo posible, a decir por él; Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, hoy
titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, ha
afirmado, de acuerdo a columnistas de opinión, “que de él depende que
Peña pise la cárcel al terminar su mandato”.
Siendo
hoy uno de los posibles funcionarios públicos con mayor poder en el país
y con un bajo perfil, Díaz Cervantes tuvo una primera aparición un
tanto sobresaliente en el 2000, cuando fue diputado federal plurinominal
suplente por la Quinta Circunscripción del Estado de México.
También
conocido como “Quicho”, había trabajado durante años para el PRI, sin
embargo ni siquiera así obtuvo la titularidad de dicha diputación. Doce
años después y con una carrera en puestos públicos ya afianzada, se le
relacionó con el entonces candidato al Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera.
Pues versó la información, que
Cervantes, “ayudó a Mancera a arreglar el asunto en el SAT”, puesto que
la cadena de restaurantes Bisquets Obregón, propiedad de la familia del
hoy jefe de Gobierno, tenía serios problemas con el SAT.
De
acuerdo a la columna Camaleón, de Alfredo Bielma Villanueva, “Díaz se
desempeñaba como coordinador de asesores de Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, que era jefe del SAT.
A partir de ese entonces,
se entabló una amistad entre Mancera y Díaz, pero la cosa no paró ahí:
el ‘padrino’ de Quicho, Homero Cárdenas Garza, fue quién consiguió apoyo
financiero para el ex procurador del DF por medio de su paisano
tamaulipeco, Juan Armando Hinojosa Cantu, dueño de grupo Higa envuelto
en varios escándalos por su vertiginoso crecimiento económico como
constructora consentida en del Edomex y el Gobierno Federal y por la
Casa Blanca”.
Además, Bielma señala que Quicho,
filtró “a diversas fuentes, información en la que se especulaba en torno
a un escándalo fiscal que afectaría a la campaña presidencial priísta”,
esto en 2012.
Mencionando a Luis Miranda y Luis
Videgaray. Pero fue a los voceros de Peña Nieto, David López y Roberto
Calleja a quienes el SAT les inició una auditoria ordenada por Crisógono
Díaz.
Esa situación provocó que su nombre
sobresaliera en los medios nacionales, porque fue ahí donde se le acusó
de “filtrar información confidencial del SAT con fines políticos y de
aparente enriquecimiento ilícito”, esto basado en datos que aseguraron
tiene un chalet en Madrid, una residencia en Coyoacán, un avión
ejecutivo y autos sport como Porsche, Ferrari, BMW y Mercedes.
El
fuego amigo comenzó, ya que poco después, se publicó un reportaje sobre
un posible enriquecimiento ilícito de los hermanos Luis y Eduardo
Osorio Chong, quienes, de acuerdo con la información, “habrían acumulado
en tan sólo un año de administración de su hermano Miguel casi 100
millones de pesos”.
Siendo el periodista Francisco
Rodríguez en su columna Índice Político, quien sugiriera que la
información habría salido de las oficinas del Sistema de Administración
Tributaria y más concretamente de Crisógono Díaz.
“Quicho
se comprometió a no entregar la información a los periodistas mientras
él y su familia estuvieran a salvo y ofreció cooperar con información
que tenía de diversos personajes políticos de la oposición e incluso
negoció mantenerse en posiciones similares para seguir recopilando
información, aunque muy tarde se dieron cuenta que seguía haciendo más
grandes los archivos de los opositores, pero también de sus ahora
amigos, hasta el grado de convertirlo en un intocable con el que nadie
se atreve a meterse”, menciona Bielma.
Quien agrega
que “‘Si caigo yo, caemos todos’, esa es la frase favorita de Quicho
Díaz, actual titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
de la PGR, por eso ahora se le escucha decir que aunque tal vez no meta a
la cárcel a Peña Nieto cuando acabe su sexenio, sí se encargará que el
PRI pierda el Estado de México”.
Las notas sobre Díaz
Cervantes no se han detenido ahí, para finales del año pasado, una
queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tenia
plasmado su nombre, y es que agentes de la Policía Federal Ministerial
en compañía de funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en
Análisis Financiero de la PGR, encañonaron a Hena Adriana Braham, esposa
del empresario Roberto Gómez Jauregui y privaron ilegalmente de su
libertad por varias horas al chofer de la señora, para que revelen el
paradero de su pareja, quien enfrentaba una orden de aprehensión por
presunto lavado de dinero.
De acuerdo al texto de la
queja, redactada por los abogados de la familia Gómez Jauregui y que
presentaron ante la CNDH, los hechos ocurrieron en Los Cabos, Baja
California Sur.
Puntualizando que “Fueron
interceptados por dos camionetas y el Jetta blanco que les cerraron el
paso. De inmediato bajaron ocho hombres y una mujer y los encañonaron
con armas de fuego exigiendo bajaran del vehículo con uso de fuerza.
La señora esposa de mi defendido (Hena Adriana) tiene siete meses
de embarazo, lo que es evidente en tanto su estado de gravidez salta a
la vista. Sin importar lo anterior, fue apuntada con arma de fuego en su
vientre y le gritaban que les dijera el paradero de su marido”.
En
2013, al poner en marcha la Unidad Especializada en Análisis
Financiero, se tuvo como principal objetivo, realizar análisis de
riesgos para identificar y combatir con mayor eficacia las estructuras
financieras de las organizaciones criminales.
Convirtiéndose
así, en titular, Crisógono Díaz Cervantes, quien declaró durante una
entrevista para El Economista, “se tendrá una estrategia para cada tipo
de actividad ilícita a través de modelos de riesgos, lo que reforzará la
lucha contra la delincuencia organizada, así como otros delitos
financieros, como la evasión fiscal”.
Un año antes,
en 2012, el periodista Francisco Rodríguez, publicó en Índice Político
que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien presidía el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y quien apenas fuese propuesto en la
terna para sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Salvador Aguirre Anguiano, debería considerar, “con qué equipo contará
en el Palacio de Justicia, ya que algunos de sus más cercanos
colaboradores tienen cola que les pisen”.
Mencionando
algunos de ellos, como el caso de Carlos Popoca Lagunas, administrador
de Comunicación Institucional del SAT, “quien tiene una demanda por
acoso sexual en el Órgano Interno de Control perteneciente a la SFP a
cargo de Suhaila María Núñez Elías”.
Asegurando que
“en complicidad con Pedro Canabal Hermida, administrador Central de
Comunicación Institucional del SAT y de Crisógono de Jesús Díaz
Cervantes, coordinador de asesores del posible futuro Ministro, han
conseguido desvirtuar este tipo de acusaciones presionando a las
acusadoras y quitándole valor jurídico a los señalamientos que se les
han imputado, anulando así los expedientes con la intención de no ver
afectada su ‘carrera política’ y continuar engañando a su jefe”.
El
periodista sumó las acusaciones contra Crisógono Díaz alias “El
Quicho”, quien, dijo, se le han publicado acusaciones de filtrar
información confidencial del SAT con fines políticos.
Cabe
señalar que, la dependencia encabezada por Díaz Cervantes, se investiga
a exgobernadores priístas César Duarte, de Chihuahua; Javier Duarte, de
Veracruz; el ex mandatario de Sonora Guillermo Padrés (PAN), así como
los empresarios Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, cercanos al ex
titular del Ejecutivo de Coahuila Humberto Moreira.
De
acuerdo a funcionarios de la dependencia federal, consultados por La
Jornada, confirmaron que en esa unidad, “se integran actualmente
averiguaciones previas y carpetas de investigación contra los
mencionados políticos del PRI y del PAN, por delitos relacionados con
lavado de dinero, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito,
defraudación fiscal y diversos ilícitos financieros, de competencia
económica y mercantiles”.
Todas éstas,
investigaciones encabezadas por un funcionario público señalado y
cuestionado por encubrir supuestos casos de acoso sexual,
enriquecimiento ilícito y violación a Derechos Humanos.
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