En solidaridad, algunos juristas han hecho circular formatos de amparo en las redes sociales
Con
motivo del acuerdo publicado el 27 de diciembre de 2016 en el que se
impuso el gasolinazo por la espalda a la población, para incrementar de
manera desproporcionada el precio de la gasolina y el diésel, juristas
de diversas partes del país han promovido una serie de amparos contra
esa arbitraria medida.
En solidaridad, algunos de estos juristas,
los han hecho circular los formatos de amparo en las redes sociales para
que los mismos afectados puedan completar los datos esenciales, con una
copia de la credencial oficial, tarjeta de circulación y comprobantes
de pago con el anterior y nuevo precio del combustible.
Los jueces
de distrito que han recibido los amparos contra el gasolinazo han
obstaculizado desde un inicio su admisión alegando cualquier tipo de
pretextos o exigiendo requisitos a cumplir para que estos puedan ser
admitidos. Sólo uno de los 16 jueces en materia administrativa ha
admitido sin trabas una de las demandas de amparo.
Ya son cinco
jueces administrativos que se declaran incompetentes para conocer este
tipo de amparos y los han turnado a jueces de otros ámbitos en materias
especializadas en telecomunicaciones y competencia económica. Algunos de
estos jueces sorprendidos por el envió de estos amparos del gasolinazo,
también por imitación de sus pares, se han negado a conocerlos, porque
consideran no ser competentes. Será ahora a un Tribunal Colegiado (una
instancia superior) la que resuelva a quién le toca conocer de éstos
reclamos.
Jueces de varios estados de la República lo que han
hecho cómodamente es declarase incompetentes para turnarlos a la Ciudad
de México, señalando que es allí donde se deben conocer este tipo de
reclamos.
La mayor parte de los jueces administrativos, están
previniendo a los inconformes para que aclaren su demanda de amparo, por
considerar que tiene irregularidades o falta de claridad en su
elaboración. Les dan un término fatal de 3 a 5 días para que respondan y
de no hacerlo se les desechará su demanda de amparo.
Éstas
acciones que llevan a cabo los jueces para obstaculizar las demandas de
amparo de carácter trascedente, son conductas, vamos a llamarle,
“normales” porque generalmente para deshacerse del problema y más de
éste tamaño, exigen una serie de requisitos, para ganar tiempo y luego
desecharlas para evitar sigan adelante su curso.
Cuando ocurre el
desechamiento de un amparo, los afectados tienen que elaborar un recurso
de queja, el cual requiere de técnica jurídica especializada, con un
término, también fatal, de 5 días hábiles, para su presentación, ni uno
más.
No cuestiono la presentación de este tipo de amparos, todo
esfuerzo es encomiable, pero la forma como se están distribuyendo entre
la población, en las redes sociales, me parece un acto irresponsable y
hasta oportunista. Presentar un amparo, aún en un formato pre elaborado,
requiere de un seguimiento especializado y la vigilancia de juristas
expertos en amparo que den respuesta inmediata a las exigencias de los
colmilludos jueces.
Quienes están ofreciendo este tipo de amparos,
como si fuera confeti, sólo están orillando a que la autoridad se jacte
que estos recursos son improcedentes y ayude a justificar en apariencia
que el actuar del gobierno federal en el gasolinazo “es legal” o
“constitucional” (cosa falsa).
Los jueces con frecuencia alegan la
improcedencia de amparos cuando se acompañan documentos en copias
fotostáticas, por carecer de valor legal. Debe cuidarse que los
documentos exhibidos sean certificados para evitar se manden al archivo
de manera simple.
Los promotores de este tipo de amparos en las
redes sociales, deben ofrecer al menos, la orientación directa de
profesionales del derecho expertos en la materia de amparo
administrativo de manera gratuita. Instalar módulos de manera inmediata
en lugares determinados, dando la suficiente publicidad de su ubicación,
para responder con prontitud y de manera correcta las prevenciones de
los jueces. Complementar esta acción instalando una página electrónica y
atención telefónica para dar atención personalizada durante las 24
horas a los promoventes del amparo contra el gasolinazo.
En esta
materia es una exigencia que los autorizados sean licenciados en derecho
y estén registrados en el Poder Judicial de la Federación para
representar a los afectados, y éste es un apoyo jurídico elemental que
también debe ofrecerse.
No dejo de considerar la importancia de
los amparos, pero éstos podrán tener posibilidades de éxito, si se les
da la atención que corresponda en la proporción a la magnitud de este
atropello a la población. Los amparos no caminan solos.
Es
pertinente que se diga de manera clara que serán juicios que se
prolongarán en el tiempo y sólo subsistirán aquellos que tengan una
debida atención jurídica personalizada pero que su resultado positivo
dependerá de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pero ésta no la tienen, por ser incondicionales de los gobernantes en
turno.
No es correcto que se use éste tipo de amparos, masivos y
sin control, como una manera simple de obtener imagen o prestigio
político, porque sólo sirven para hacerle el juego al gobierno.
Para
revertir el gasolinazo no será a través de simples amparos en que los
quejosos acudan a las ventanillas de los desprestigiados juzgados e irse
a casa a esperar el resultado y decir que ya hicieron su acto de
“protesta”. Se requiere de acciones organizadas de gran alcance y no de
manera dispersa y ocasional.
Debe ser la movilización amplia y
constante de la población, no sólo marchas, sino acciones organizadas
masivas, con tareas a corto, mediano y largo plazo, en todas las esferas
posibles, incluida la electoral, para echar a la calle a esos
legisladores y gobernantes que han entregado la Nación a intereses
extranjeros.
De otros avatares laborales
Preocupa el conflicto laboral que se vive en el periódico La Jornada, porque está de por medio un importante medio de comunicación que ha dado voz a muchos sectores sociales.
La
empresa ha iniciado un procedimiento colectivo de naturaleza económica
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
reclamando la cancelación de todas las prestaciones contractuales
obtenidas por el Sitrajor durante muchos años y que son una referencia
de gran importancia en medios de comunicación y otros ámbitos; al mismo
tiempo los trabajadores han iniciado la solicitud de revisión salarial y
contractual para este 2017.
Es deseo de muchos sectores, qué con
la mediación de las autoridades de la Ciudad de México, haya acuerdos
responsables que logren un equilibrio entre los derechos laborales y la
subsistencia de este importante medio de comunicación.
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