Eduardo Ibarra Aguirre
Interesantes
por desacostumbradas son las declaraciones del jefe del organismo
cúpula de las dirigencias de los organismos empresariales, el Consejo
Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, quien
asegura que las movilizaciones contra el gasolinazo que unen a
diversos grupos de la sociedad –destacadamente en Mexicali y en Tijuana,
Baja California, con las grandes concentraciones populares realizadas
el domingo 15–, “fueron impulsadas por el hartazgo de la corrupción y el
manejo de los recursos públicos”.
Para el
empresario sinaloense de Los Mochis, existe “el clamor para que haya un
cambio efectivo y a fondo en ese sentido”. En consecuencia propone que
2017 “debe ser el inicio de una verdadera cruzada nacional para abatir
la corrupción y la impunidad, y de consolidar el Sistema Nacional
Anticorrupción. No más escándalos sin aclaración o en la impunidad. La
sociedad no puede seguir cargando con los pasivos que deja la
corrupción”.
Desde la perspectiva patronal es
“indispensable la cruzada para reconstruir la confianza en las
instituciones”, mismas que “han sido socavadas hasta un punto
inaceptable, con una brecha creciente entre la ciudadanía y la clase
política”.
El empresario de los muebles en su
origen y ahora de la biotecnología, juzga que “la estabilidad y la
cohesión social dependen de establecer ya un freno a la corrupción, pues
es la vacuna contra amenazas como el populismo y la polarización
social. Y no puede haber estabilidad económica sin estabilidad social”
(Julio Reyna Quiroz, La Jornada, 17-I).
Mas no
sólo critica el líder empresarial al advertir que el Sistema Nacional
Anticorrupción “quedará como un recurso gatopardista más” si la sociedad
no se involucra. “Tenemos, todos, que involucrarnos para asegurar que
se consolide su andamiaje institucional y operativo y, sobre todo, que
funcione.”
Cuánta razón asiste al señor Castañón,
pero su inusual capacidad crítica de la corrupción pública,
institucional, le hace olvidar un pequeño detalle, para que existan
corruptos en los tres órdenes de gobierno es indispensable que actúen
los corruptores.
Y los corruptores son ciudadanos
más comunes que corrientes, que interactúan con los niveles básicos de
la burocracia gubernamental. Pero sobre todo son empresarios desde los
llamados micro hasta los que forman parte de la plutocracia y que para
ingresar a ella crecieron al amparo del poder público, ya como
prestanombres, ya como socios subordinados, ya como Carlos Slim y sus
pares que no rebasan las 50 familias dueñas de México.
Sexenio
tras sexenio surgen nuevas camadas de multimillonarios en estrecha
alianza con el presidente en turno. Como es del dominio público, el
gobierno actual no es la excepción, incluso no son pocas las
valoraciones periodísticas que consideran que la corrupción de ahora es
“incomparable”. Hasta Ricardo Anaya la denuncia en anuncio de
autopromoción, a pesar de que todavía no puede explicar cómo gastaba 400
mil pesos mensuales (con el dólar a 19 pesos), mientras Acción Nacional
le paga 40 mil devaluados pesos.
Es el
capitalismo de compadres como sello mexicano y con otras versiones en
los cinco continentes, del capitalismo salvaje conocido como
neoliberalismo.
Así que el empresariado que
representa Castañón Castañón es parte del histórico problema –también
cultural, por supuesto–, y no de la solución que demagógicamente
pretende vender a la opinión pública y al gobierno, en busca de vaya a
saber usted qué.
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