Por
Mathieu Tourliere
,
CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- Debido al empate técnico entre el priista Alfredo
del Mazo y la morenista Delfina Gómez en las intenciones de voto para la
gubernatura del Estado de México, el desvío electoral de los programas
sociales en la entidad podría resultar “determinante” para definir el
ganador de la contienda, advirtió Héctor Rubio, director de la
consultoría Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
“Los estudios internacionales que miden los efectos del uso electoral de los programas sociales dicen que el impacto sobre los resultados es bajo cuando el margen entre los candidatos es grande, pero cuando la diferencia es baja el impacto puede ser determinante”, aseveró en entrevista con Apro el experto integrante del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Según Rubio, los programas sociales operados por los gobiernos estatales escapan en gran parte a la fiscalización, por lo que “la política estatal social es una gran caja negra”. Esta situación resulta particularmente grave en el Estado de México, donde 75% de los 232 programas sociales que opera el gobierno de Eruviel Ávila Villegas carece, incluso, de documentos normativos.
Durante los primeros meses del año, tanto Ávila como funcionarios del gobierno mexiquense –entre ellos su hija, Isis Ávila– multiplicaron las entregas de becas, apoyos financieros, tabletas, tarjetas de prepago o estufas, entre otros, durante eventos con claros tintes clientelares, con vista a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio.
Hasta inicios de abril pasado, el gobernador recibió prácticamente todos los días a por lo menos un integrante del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en la entidad.
Además de tener un alto número de programas sociales estatales, la población del Estado de México es la más beneficiada de varios programas sociales federales. Aun así, la entidad concentra 15% de la población en situación de pobreza del país, es decir, ocho millones 269 mil personas.
Según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 40% de los asistentes a los comedores comunitarios viven en la entidad, mientras uno de cada 10 beneficiarios de Prospera o del Programa de Adultos Mayores es mexiquense.
“Hay muchos recursos públicos concentrados en un estado que reúne altos niveles de pobreza. No hay una relación entre el dinero que como país estamos destinando en atender el tema de la pobreza y una localidad que está en los últimos temas en términos de pobreza”, lamentó Rubio.
El especialista participó en un conversatorio sobre programas sociales el tiempos electorales, organizado por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza.
En el acto, Benjamín Fuentes, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), subrayó que “hay un vínculo entre la desigualdad y la corrupción”, pero insistió en que la ASF no es competente para conocer temas de desvío de programas sociales con fines electorales.
“En México se hace para aparentar que se hace”, deploró por su parte la activista Marieclaire Acosta, quien forma parte del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Añadió que el desarrollo democrático del país es “muy frágil”, pues se basó en la “competencia electoral” y no en la transparencia.
La investigadora señaló que el problema de la corrupción trasciende la coyuntura electoral, pues en México se vive tanto en margen de la legalidad –con una tasa de impunidad de las más elevadas del mundo– y de la gobernabilidad.
Por ello, la activista abogó por un SNA robusto, y deploró que hasta la fecha no cuenta con un presupuesto ni con la voluntad política para que las medidas se apliquen.
“Los estudios internacionales que miden los efectos del uso electoral de los programas sociales dicen que el impacto sobre los resultados es bajo cuando el margen entre los candidatos es grande, pero cuando la diferencia es baja el impacto puede ser determinante”, aseveró en entrevista con Apro el experto integrante del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Según Rubio, los programas sociales operados por los gobiernos estatales escapan en gran parte a la fiscalización, por lo que “la política estatal social es una gran caja negra”. Esta situación resulta particularmente grave en el Estado de México, donde 75% de los 232 programas sociales que opera el gobierno de Eruviel Ávila Villegas carece, incluso, de documentos normativos.
Durante los primeros meses del año, tanto Ávila como funcionarios del gobierno mexiquense –entre ellos su hija, Isis Ávila– multiplicaron las entregas de becas, apoyos financieros, tabletas, tarjetas de prepago o estufas, entre otros, durante eventos con claros tintes clientelares, con vista a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio.
Hasta inicios de abril pasado, el gobernador recibió prácticamente todos los días a por lo menos un integrante del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en la entidad.
Además de tener un alto número de programas sociales estatales, la población del Estado de México es la más beneficiada de varios programas sociales federales. Aun así, la entidad concentra 15% de la población en situación de pobreza del país, es decir, ocho millones 269 mil personas.
Según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 40% de los asistentes a los comedores comunitarios viven en la entidad, mientras uno de cada 10 beneficiarios de Prospera o del Programa de Adultos Mayores es mexiquense.
“Hay muchos recursos públicos concentrados en un estado que reúne altos niveles de pobreza. No hay una relación entre el dinero que como país estamos destinando en atender el tema de la pobreza y una localidad que está en los últimos temas en términos de pobreza”, lamentó Rubio.
El especialista participó en un conversatorio sobre programas sociales el tiempos electorales, organizado por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza.
En el acto, Benjamín Fuentes, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), subrayó que “hay un vínculo entre la desigualdad y la corrupción”, pero insistió en que la ASF no es competente para conocer temas de desvío de programas sociales con fines electorales.
“En México se hace para aparentar que se hace”, deploró por su parte la activista Marieclaire Acosta, quien forma parte del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Añadió que el desarrollo democrático del país es “muy frágil”, pues se basó en la “competencia electoral” y no en la transparencia.
La investigadora señaló que el problema de la corrupción trasciende la coyuntura electoral, pues en México se vive tanto en margen de la legalidad –con una tasa de impunidad de las más elevadas del mundo– y de la gobernabilidad.
Por ello, la activista abogó por un SNA robusto, y deploró que hasta la fecha no cuenta con un presupuesto ni con la voluntad política para que las medidas se apliquen.
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