La violencia sexual y el embarazo infantil sigue siendo ignorados por
los Estados Latinoamericanos que son parte de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia y
prueba de ello son los 2 millones de partos de niñas menores de 15 años
que hay anualmente en el mundo, América Latina y el Caribe, la única
región donde los casos aumentaron y donde se prevé que sigan creciendo
hasta el 2030.
Así lo afirmó la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada
en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su más
reciente estudio titulado “Informe hemisférico sobre violencia sexual y
embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do
Pará”, publicado el pasado 24 de marzo en el sitio web del Observatorio
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Organización
de las Naciones Unidas.
En el estudio, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do
Pará (MESECVI) destaca que las niñas y adolescentes en América Latina y
El Caribe representan más del 20 por ciento de la población, por lo que
urgió a trabajar en políticas públicas en pro de los derechos de esta
población, en un contexto donde, de acuerdo a cifras de la OMS citadas
en el informe, en América Latina una de cada cinco mujeres asegura haber
sufrido abuso sexual en la infancia.
Además, resaltó el MESECVI en el informe realizado con el objetivo de
dar seguimiento a lo planteado en la Convención de Belém do Pará (1994),
la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es también del tipo
estructural, porque los Estados siguen sin garantizar una vida libre de
violencia para este sector.
Las niñas y adolescentes siguen siendo obligadas a continuar con su
embarazo por prohibiciones legales de la interrupción del embarazo y por
la falta de información otorgada a las víctimas; además, existen
legislaciones que perpetúan los estereotipos de género y no hay
protocolos de actuación en países donde el aborto es legal.
MÉXICO EN CIFRAS
En México, según el Informe Hemisférico, de 2013 a 2016, la tasa de
mortalidad materna infantil fue de 55 niñas de 10 a 14 años por cada 100
mil; mientras que de las menores de 15 a 19 años de edad fue de 27 por
cada 100 mil.
En cuanto a maternidad infantil, la tasa de nacimientos en 2013 fue de
cinco por cada mil niñas de 10 a 14 años; y entre las menores de 15 a 19
años se registraron 66 embarazos por cada mil mujeres en ese rango de
edad.
Respecto al aborto, en 2012 México reportó una tasa en niñas y
adolescentes del 24 por ciento. En el mismo año los nacimientos de
madres niñas y adolescentes de 10 a 19 años representaron 19.4 por
ciento de los ocurridos en el país.
Para el 2014, México registró 196 embarazos en niñas de 10 años, 230 en
niñas de 11 años, 425 en niñas de 12 años, mil 730 en niñas de 13 años y
8 mil 422 embarazos en niñas de 14 años, de acuerdo a Estadísticas de
natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
citadas en el informe.
Si bien entre los países estudiados México destaca por contar con la
normativa NOM-046 que establece los criterios para la prevención y
atención de casos de violencia sexual, así como los servicios de aborto
médico conforme a las legislaciones de cada entidad federativa para
casos de embarazo por violación, el Informe expuso que aún hay carencias
en su aplicación.
Lo anterior se derivó, por ejemplo, de que el “Manual de Procedimientos
para la Interrupción Legal del Embarazo” en las unidades médicas de la
Ciudad de México no presentan información ni medidas de atención a
mujeres adolescentes ni a niñas menores de 14 años.
DEBILIDAD DEL MARCO JURÍDICO
Otro aspecto destacado por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en el informe es que,
de 2013 y 2016, es común la ausencia de información y estadísticas en
cuanto a justicia para quienes violentan sexualmente a niñas y
adolescentes.
En los países latinoamericanos analizados, ninguno reportó información
precisa sobre sentencias aplicadas en relación a los delitos de
violencia sexual contra niñas de hasta 14 años. Y sólo cinco países de
la región -Argentina, Colombia, Guatemala, México y Panamá- dijeron
tener Protocolos de atención en Justicia especializados en este sector,
pero ninguno de los Estados, ni los que tienen protocolos, informaron
sobre la formación de personal especializado en atender a las niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual.
En el informe, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención asegura que
existe una “debilidad del marco jurídico” en cuanto a derechos sexuales
y reproductivos de las niñas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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