8/03/2017

Los periodistas pal café...



Rigoberto Salgado Vázquez fue retóricamente convertido ayer, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en uno de los funcionarios públicos más poderosos del país y la delegación que mal ha gobernado, Tláhuac, en uno de los más expansivos y exitosos centros de narcomenudeo de la República entera. Faltó, sin embargo, declarar a dicha delegación como isla o república independiente, y al rústico jefe delegacional como gobernador o presidente.
Tláhuac como pretexto para la adelantada y violenta lucha entre los partidos de la Revolución Democrática y Morena, ambas partes aferradas a guiones cuya importancia no reside en la verdad, la justicia o la corrección a fondo de los problemas denunciados (utilizados), sino en la preservación o derribamiento de cargos (la jefatura delegacional) y el posicionamiento político y mediático rumbo a 2018 y no solamente en la Ciudad de México.
En lo concreto, Rigoberto es poco defendible, pero Morena no puede aceptar el error de haber postulado, tolerado y favorecido a un personaje cuyo historial, a su paso por el PRD, debería haber cerrado en lugar de abrir las puertas del partido que se ha proclamado diferente. Salgado es solamente una muestra más del daño que se ha infligido Morena al reciclar a políticos impugnables, para hacerlos candidatos porque aportan dinero de cualquier parte y votos de cualquier forma.
La benevolencia hacia el jefe delegacional Salgado incluyó entregar a uno de sus hermanos la conducción de Morena en Durango (estado con intereses y personajes muy vinculados al crimen organizado), entre cuestionamientos en voz baja (la voz alta y pública es causa de expulsión) de militantes locales por la entrega salgadista del partido a los intereses del entonces gobernador priísta, Jorge Herrera Caldera, y por la proclividad escandalosa del dirigente al abuso, la prepotencia, la frivolidad e incluso el acoso sexual, a tal grado que fue dado de baja de ese cargo, habiendo dejado a Morena en la lona.
En Tláhuac, como en otras delegaciones de la capital del país, como en el país entero, la actividad del crimen organizado es una realidad sabida por todos los gobernantes, del nivel que sea. Los inspectores, las policías, los funcionarios locales y los representantes de los gobiernos estatal (el de Miguel Ángel Mancera, en este caso) y federal (el de Enrique Peña Nieto) saben en todos los municipios (y, en la Ciudad de México, en las delegaciones) los nombres de los jefes delictivos en activo, sus rubros y operaciones preponderantes y, con una frecuencia que más bien se ha vuelto regla, reciben beneficios económicos en espiral ascendente hacia las alturas. Muchos de esos grupos o cárteles financian las campañas electorales y a cambio reciben ya no sólo protección en lo general, sino la colocación de personeros en puestos claves.
Pretender que se centre el fenómeno del crimen organizado, y sus relaciones con la política, en el ámbito de Tláhuac es, entonces, una hipocresía monumental o, con más propiedad, una artimaña con objetivos netamente partidistas, electorales. La vehemencia discursiva de algunos de los diputados locales capitalinos adversos a Morena, la invocación de ideales, principios y moralidad, chocan grotescamente con la realidad multipartidista y nacional del creciente predominio de las actividades mafiosas sobre las institucionales, del triunfo generalizado de la corrupción y la vocación delictiva (en lo narco, pero también en lo político: binomio cada vez más claro) sobre el ejercicio de la administración pública.
La farsa justiciera podría desembocar en la destitución del jefe delegacional. Pero eso no resuelve en nada el problema de fondo de una Ciudad de México donde se han asentado la corrupción y el crimen organizado, bajo las siglas partidistas que sean: el PRD de ahora y el de antes; el PAN, con demarcaciones como Benito Juárez especializadas en el negocio inmobiliario; el PRI, el de siempre y el muy acotado de ahora, y Morena, y no solamente en Tláhuac.
El jefe político de la comarca, Miguel Ángel Mancera, hace como que la urna le habla. Su gestión ha sido muy criticada y los resultados reales son negativos. Pero él sigue en campaña por la Presidencia de la República, en visitas a otros estados para repartir bienes capitalinos. En tanto, los accidentes e incidentes en el Metro son constantes; los abusos policiacos se mantienen y la delincuencia está desbordada. El problema, pues, no es (solamente) una delegación política ni (solamente) el súbitamente tan poderoso Rigoberto Salgado, virtual presidente de la hermana República de Tláhuac.
Este martes se dio un paso importante en el proyecto de impedir que en 2018 haya un ganador de la contienda presidencial que pueda ejercer el cargo en las condiciones de excesivo poder hasta ahora conocidas. La idea lleva tiempo en circulación, impulsada especialmente por el priísta reactivado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Se busca crear las condiciones y compromisos previos a las elecciones que obliguen a esos aliados a gobernar el país conforme a programas compartidos, más que del partido ganador; gobierno de coalición y no de una facción.
El ingenio constrictor tiene dedicatoria no explícita para Andrés Manuel López Obrador, no porque se le obligara a asumir tal figura del gobierno de coalición en caso de que ganara la Presidencia, pero sí en cuanto constituye un mecanismo de cohesión para las fuerzas que se le oponen, más allá de las siglas de estos partidos. Por lo pronto, han apoyado esa propuesta el propio Beltrones, priísta; Miguel Ángel Mancera, apartidista pero, en los hechos, precandidato del PRD, y el panista Gustavo Madero, representante de Ricardo Anaya.
Y, mientras se sigue inundando el Paso Exprés de Cuernavaca, y a Graco Ramírez le sigue lloviendo, ¡hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



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Donald Trump aprobó el miércoles una legislación que cambiaría dramáticamente la inmigración a Estados Unidos. Pretende recortar el número de visas para que ingresen al país y dará preferencia a las personas con mayor educación y habilidades para el trabajo, en lugar de los lazos familiares. La propuesta reducirá la pobreza, aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes millones y millones de dólares, dijo Trump, quien habló en el salón Roosevelt de la Casa Blanca. Pronto le contestaron: Va a ser muy difícil conseguir que sea aprobada por el Congreso, dijo Stephen Yale-Loehr, un experto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. La inmigración es tan complicada como la reforma sanitaria y la reforma tributaria, agregó. Los demócratas señalaron que estaban de acuerdo con la idea de reducir a la mitad el millón de personas que entra al país cada año. El debate tiene lugar cuando 43.2 millones de inmigrantes ya viven en Estados Unidos (13.4 por ciento de la población total). Lo que Trump no toma en cuenta es que la población de estadunidenses va decreciendo y se necesita gente de otros países para mantener en funcionamiento la economía. (Ver la gráfica en esta misma página).
Slim vende acciones del NYT
Después del desencuentro que tuvo con Trump, Carlos Slim posiblemente tomó la decisión de salirse de The New York Times, del cual es socio, aunque no tiene injerencia en la línea editorial. No quisiera seguir a la mitad del choque entre dos poderosos: el político ensoberbecido y el periódico valiente y claridoso. Slim ya vendió una pequeña fracción de sus acciones. De acuerdo con documentos públicos de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Inversora Carso vendió el 28 de julio pasado 521 mil 500 acciones a un precio de 19.2 dólares por unidad. El dato fue revelado por la revista Forbes, que señaló que la transacción se dio un día después de que el NYT reportara sus ganancias del segundo trimestre del año. El diario reportó una utilidad neta de 15.6 millones de dólares, luego de tener una pérdida en el mismo periodo del año anterior. Lo que Slim vendió es una fracción de los 19.3 millones de acciones que mantiene Inversora Carso y cerca de 9 millones de acciones adicionales mediante Grupo Financiero Inbursa. Slim pasa sus vacaciones en la casa de Olegario Vázquez Raña, en la pequeña localidad de Avión (Orense, noroeste de España).
Los premios a los amigos
Para los amigos empresarios las concesiones; para los amigos ingenieros y arquitectos, las obras, y para los abogados, las notarías. Esos son los premios que suelen repartir los gobernadores entre sus allegados. Así, las concesiones de las autopistas de OHL, las obras del Grupo Higa y las notarías que se reparten sin recato. El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, siguió el ejemplo de sus antecesores Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel. A dos meses de concluir su gestión, nombró a 12 nuevos notarios entre sus allegados. En 2011, cuando faltaban dos semanas para terminar, Peña Nieto refrendó a los titulares de 20 notarías, beneficiando a políticos cercanos a él. En 2005, a unos días de dejar el cargo, el entonces mandatario Arturo Montiel creó 25. Es el turno para Eruviel Ávila, quien ha dicho que los nuevos notarios estarán a prueba un año antes de obtener la titularidad. Eso es falso. Las patentes de notario no son de temporal. La comunidad notarial del Edomex se pregunta si habrá trabajo para todos y si los nuevos titulares pasaron el examen que marca la ley.
El cártel número 6
La Comisión Permanente del Congreso tomó un acuerdo extraño. Exhorta al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que deje de hacerle al avestruz y acepte que el crimen organizado opera en la capital del país. Uuuy. Será difícil. Anda muy ocupado haciendo campaña y sacando adelante asuntos empresariales pendientes. También hay preocupación fuera de México. En el año 2015 la agencia antidrogas de Estados Unidos reportó que operan cinco cárteles: el de Sinaloa, Los Zetas, los Beltrán Leyva, del Golfo y una célula de Los caballeros templarios. Les faltó el cártel inmobiliario, muy consentido por el gobierno capitalino. Tal vez gana más dinero que los demás.
Ombudsman social



La cúpula empresarial pide pan y el gobierno no le da. Cuando menos esa es la respuesta pública que el titular de Hacienda, José Antonio Meade, ha dado a la Coparmex y su decálogo de propuestas fiscales, el cual incluye deducibilidad de 100 por ciento de las prestaciones laborales, reducción paulatina de la tasas de ISR e IVA en alimentos y medicinas, de forma escalonada.
El secretario de Hacienda pintó su raya ante la exigencia de la patronal: Hay muy pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario, por lo que debe preservarse, cuidarlo y generar confianza en momentos en los que en el mundo se percibe incertidumbre. Uno de los elementos que nos han ayudado a transitar en ese contexto de incertidumbre es la certeza que da nuestra política fiscal; es la que nos ha permitido sortear con éxito los vaivenes de la incertidumbre que tenemos (La Jornada, Israel Rodríguez).
Pero el organismo cúpula del sector privado no anda por las ramas, ya que su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, de plano dijo que la reforma fiscal de 2014 (marca Luis Videgaray) ha sido el principal inhibidor del desarrollo económico de México por el impacto que tuvo en las clases medias.
¿Y cuáles son las exigencias fiscales de la Coparmex? (conocidas ya por Hacienda y el Congreso). Entre otras, la reducción paulatina de la tasa del impuesto sobre la renta de 30 a 25 por ciento (ello, según dice el organismo, “para homologarlo a la que se cobra en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) mediante una disminución anual de un punto porcentual. Además, la deducción de 100 por ciento (decreto presidencial de por medio) de las prestaciones laborales que marca la Ley Federal del Trabajo, y la redistribución y actualización de la tarifa de ISR de personas físicas (pues desde 2009 no se han ajustado los límites inferiores y superiores ni las cuotas fijas), así como el acreditamiento de la retención de 10 por del ISR por pago de dividendos a personas físicas.
Nada, pues. Pero el dirigente de la Coparmex arguye que si bien consideramos que debe mantenerse como gravamen máximo 35 por ciento de ISR a las personas físicas, es necesario restructurar la tarifa de tal gravamen para lograr dos objetivos: reducir de manera significativa el impuesto a cargo de quienes obtienen ingresos de hasta 10 mil pesos mensuales, sin que dejen de contribuir, y revisar los otros rangos de la tarifa para lograr una progresividad efectiva.
Pero en la oficina principal de Hacienda dicen que de ninguna manera, y es de suponer que los borregos tricolores en San Lázaro digan lo mismo, de tal suerte que la carga fiscal se mantiene tal cual se aprobó en 2014.
Sin duda, la reforma fiscal ha sido efectiva en materia recaudatoria, pues año tras año se supera la meta prevista de captación y aumenta el padrón de causantes (en el pasado año creció 15 por ciento). El problema, sin embargo, no se registra por el lado de los ingresos, sino por el de los egresos, pues el grueso del presupuesto sigue destinándose al gasto corriente, mientras el canalizado a la inversión física un año declina y el siguiente también.




La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene muchos problemas. ¿Hay necesidad de agregarle más? El domingo estalló una huelga de hambre de académicos universitarios a quienes se rescindió el contrato por una decisión poco reflexionada de la rectoría, de acuerdo con la opinión de abogados laboralistas, quienes afirman que no se siguieron los procedimientos debidos y que es muy probable que los despedidos ganen sus respectivos litigios. Llama la atención el despido de un docente de base con el argumento de que ha insultado al rector publicando apodos y memes en las redes sociales de Internet, lo cual ha provocado una mayor afectación de la imagen del rector, quien no sólo no resuelve los problemas existentes, sino que crea otros. Se observan pocas razones institucionales en las decisiones tomadas y muchos motivos irracionales. Si hubiese razones institucionales, la administración publicaría, al menos, dos cosas: un diagnóstico serio que justifique las decisiones tomadas y un acuerdo estratégico con el sindicato sobre el proceso integral de restructuración.




En una comparecencia ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF), el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, rechazó los señalamientos por supuestos vínculos con Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, a quien se atribuía el liderazgo de organizaciones de narcomenudistas en esa demarcación, y quien resultó muerto, junto con varios de sus presuntos cómplices, en un enfrentamiento con elementos de la Marina el pasado 20 de julio. El encuentro se caracterizó por la insistencia de diversos diputados locales perredistas y priístas en sostener acusaciones de gravedad contra el delegado –el cual desvirtuó algunas de ellas con facilidad–, por la amenaza de iniciar un juicio de procedencia en su contra sin que exista imputación formal alguna y por la construcción de un escenario de tensión por parte de la propia Comisión de Gobierno, la cual ordenó un cerco policial aparatoso, aunque innecesario, en torno a la sede de la ALDF. En forma simultánea, resultó inocultable la fabricación de un ambiente mediático condenatorio en contra de Salgado Vázquez.

Pide no olvidar y respetar la políitca exterior que ha distinguido a México
Un régimen que gobierna de espaldas a la nación, disciplinado a la fórmula salinista, ni los veo ni los oigo, es natural que en los últimos sexenios olvidara y perdiera el respeto a la política exterior que distinguió a México entre las naciones. Olvidó a Juárez, a Isidro Fabela, Genaro Estrada, Lázaro Cárdenas y a muchos otros más reputados internacionalistas y como consecuencia y a cambio perdió el respeto ganado por ellos para el país. No sólo se ha abdicado la soberanía sino que se ha llegado a una servidumbre humillante que avergüenza a los mexicanos.

Los abusos de poder, la violación del estado de derecho y la consecuente impunidad son resultado principalmente de la arrogancia y la irresponsabilidad de algunos empresarios y de los políticos y funcionarios públicos que, por complicidad o intereses de grupo, actúan contra los trabajadores y los mexicanos en lo general.

Bien señala La Jornada (01/08/17) que la oposición no presentó candidatos a la elección del pasado 30 de julio para formar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Hubiera sido absurdo que los presentara pues para la oposición la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 no sólo es legal sino legítima (y no le falta razón): el 6 de diciembre de 2015 votó 73.75 por ciento de los ciudadanos empadronados (es decir 19 millones 504 mil 106), de los cuales la derecha, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo 7 millones 726 mil sufragios (65.27 por ciento) y el partido oficial 5 millones 622 mil 844 (32.93 por ciento).

Cultura y patrimonio cultural son temas que en los últimos años se han ido posicionando tanto en el discurso como en la práctica institucional mexicana. A nuestro entender, este posicionamiento obedece a la transformación del papel que la cultura está jugando en la configuración del Estado mexicano.

Hacia medio día del pasado viernes dejé una carta firmada por unas 50 personas en la Oficilía Mayor del gobierno de Nuevo León. Estaba dirigida al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón. En ella los firmantes (músicos, académicos, profesionales, periodistas, artistas, intelectuales) le pedían que interviniera para evitar que la programación de música clásica de Radio Nuevo León se viera sustituida por el rollo de una de tantas Encarnitas Sánchez cuya labor –dice ella– es inspiracional intuitiva.

En años recientes se ha presentado un incremento de casos de sarampión en algunos países europeos, principalmente Italia y Rumania, así como en Estados Unidos. El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, cuyo cuadro clínico puede ser de leve a muy grave, con complicaciones como ceguera, sordera, meningoencefalitis e incluso la muerte.

¿Estos son los que van a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? Eso es lo que viene a mente cuando nos enteran y luego lo confirma el director de la CIA, que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Colombia se adhieren a la narrativa diplomilitar de las sanciones esgrimidas por Estados Unidos contra Venezuela, parte de una vasta ofensiva golpista, lo que también aplica a la negociación del bloque energético anunciado hace dos semanas por Rick Perry, el secretario de Energía estadunidense. Avalar operativos clandestinos al margen de la normatividad internacional vigente, es inadmisible y riesgoso, máxime cuando el general John Kelly, ex jefe del Comando Sur (CS), quien hasta hace poco estuvo a cargo de la cartera de Homeland Security, acaba de ser nombrado Chief of Staff de la Casa Blanca. Kelly coordinó desde el CS la primera etapa de la operación clandestina Venezuela Freedom, seguida por Venezuela Freedom 2 (disponible en redvoltaire.com) tratándose de un regime change multidimensional (económico, de violencia callejera encapuchada y criminal), repudiado en las urnas.

La rotunda victoria política del chavismo en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio rebasa con creces no sólo las fronteras nacionales, sino las de nuestra América. Se repite mucho que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo y una de las más importantes de gas en el mundo, sumadas a grandes yacimientos de oro y diamantes. Según algunas miradas, esa sería la causa única de la descomunal agresión multifacética a que está sometida.

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