En medio de la
simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte,
acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones
(Colectivo Solecito de Veracruz y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén
realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y
Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos
de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades
judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal
vez sea la única manera de que se haga justicia.
La farsa
justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano
no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la
coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue
muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la
presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que
el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el
próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación
justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a
la oposición encabezada por MORENA.
No se puede negar que el
saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que
afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es
menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población,
organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo
como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones
de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos
dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la
delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y
nacionales.
Es evidente que el gobierno federal ignorará los
delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar
dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso
involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad
pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así
como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero
entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema
político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al
respecto, prefirió mirara hacia otro lado Los delitos de lesa humanidad
se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino
también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a
reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso
amenazando a los familiares de las víctimas para inhibir sus denuncias.
Según
cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas
personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo,
el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por
ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en
Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para
encontrar a las víctimas- con el argumento de la falta de recursos y la
indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las
consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado
en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y
con la bota militar como fiel de la balanza.
Lo anterior se
confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en
tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener
las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político
partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el
desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las
autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta
el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate
del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada
desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas
cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema
Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las
necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada
con el argumento tan trillado de la falta de recursos.
En
2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las
autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz
representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas
en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de
que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para
ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad
que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los
delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición
forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la
indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia
de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la
que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”
Ese
momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado
la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención
del problema. La eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por
parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso
muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos
humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y
criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas
conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con
el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su
misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por
eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección
velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el
tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus
compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario