Peña y Navarrete en Los Pinos. Foto: Eduardo Miranda
En México hay paz y estabilidad laborales, producto de sus políticas
de concertación, diálogo y buenas condiciones económicas de los
trabajadores, según el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde finales de
2016, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida, presume que durante más de 40 meses no ha
habido huelgas de jurisdicción federal.
El 17 de abril, en la residencia oficial de Los Pinos, el funcionario
dijo que iban 44 meses sin huelgas de ese tipo; lo repitió ahí mismo el
1 de mayo pasado, durante el acto conmemorativo del Día del Trabajo y,
en una entrevista realizada por el reportero de Proceso, Carlos Acosta
Córdova, el jueves 20 habló de “45 meses sin huelgas”.
Todo un récord, aunque los datos oficiales de la dependencia a su cargo lo desmienten.
El pasado 10 de marzo, este reportero solicitó información a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –folio 0001400030817–
para conocer el número de huelgas y emplazamientos. De la respuesta
obtenida se desprende que desde el inicio del sexenio a febrero pasado
hubo 22 paros legales, siete de los cuales ocurrieron en el Estado de
México, de donde son originarios Peña Nieto y Navarrete Prida.
Entre las huelgas realizadas en territorio mexiquense destacan, por
su duración, cuatro de la industria textil, que se iniciaron en octubre
de 2013. Tres de ellas concluyeron en marzo de 2015 y una terminó en
agosto de 2016.
En algunos casos las huelgas duraron pocos días, algunas de las
iniciadas en 2013 se prolongaron hasta este año: la de los sindicatos
Revolucionario de Trabajadores de la Industria Química, en Jalisco; la
de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión, Similares y
Conexos, en Sonora, y la de Trabajadores de Servicios y Transporte en
General, en Querétaro.
En la entrevista con el reportero Carlos Acosta, el titular de la
STPS finalmente admitió una huelga: “Este país lleva 45 meses sin una
sola huelga federal… hubo una en Durango, del sindicato de Napoleón
Gómez Urrutia, y la respaldamos, como lo voy a seguir haciendo –son
trabajadores– y se resolvió.
Domicilio conocido
La tarde del 16 de febrero, el Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) estalló la huelga.
En su pliego elemental, los paristas reclamaban por el incumplimiento
de 12 cláusulas del contrato colectivo del trabajo, exigían también el
servicio médico, el abasto inmediato de medicamentos y denunciaban
irregularidades en el sistema pensionario.
El rector, Jesús Valenzuela, desconoció la huelga, aunque declaró al
diario Vanguardia que no había logrado que la Secretaría de Hacienda
reconociera algunas cláusulas del contrato, en tanto pedía a los
trabajadores renunciar a prestaciones y contribuir a que las nuevas
contrataciones se dieran bajo otras condiciones.
La UAAAN, de presupuesto federal, está ubicada en el ejido
Buenavista, de Saltillo, Coahuila. Si bien el campus es grande, tiene
las instalaciones más o menos concentradas en torno al viejo casco de
hacienda que ocupa su rectoría, de manera que se trata de un “domicilio
conocido”, así sin nomenclatura. Eso sirvió de pretexto a la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para declarar la huelga
ilegal, si bien el paro se mantuvo durante tres semanas.
La huelga de la UAAAN no aparece en la lista remitida por la STPS,
pues no tuvo reconocimiento legal y sólo fue uno de los 6 mil 375
emplazamientos registrados en 2016.
Entre diciembre de 2012, cuando se inició el gobierno de Peña Nieto, y
febrero de 2017 sumaban 33 mil 417 emplazamientos de jurisdicción
federal que finalmente se conjuraron.
El incumplimiento de un requisito –como ocurrió con la UAAAN–, se ha
vuelto un criterio constante de la JFCA, cuyo titular, Jorge Alberto
Juan Zorrilla Pérez, “es un empleado sin autonomía de hecho respecto al
titular del Trabajo”, afirma el laboralista Manuel Fuentes Muñiz.
Doctor en derecho laboral por la Universidad Autónoma Metropolitana,
Fuentes Muñiz asegura que, además, desde el inicio del sexenio de Peña
Nieto, la JFCA y las instancias de conciliación declaran improcedencia
de huelga antes de que esta estalle, con el afán de inhibirla o forzar
la negociación y terminar archivando expedientes.
Sin embargo, apunta, la procedencia o improcedencia no está prevista
en la Ley Federal del Trabajo, por lo que la actuación de la JFCA es
ilegal. Con ello, consigue diferir audiencias y luego imponer otras
argucias. Mientras eso sucede, el secretario Navarrete llega a amenazar a
los movimientos de trabajadores.
La alineación corporativa
Los dirigentes del sindicalismo oficial no desmintieron la versión de
Navarrete Prida. Renovada su relevancia corporativa e invitados
frecuentes a la residencia oficial de Los Pinos –a la que fueron poco
asiduos durante los dos sexenios panistas–, simplemente callaron.
Desde el 1 de mayo de 2013, cuando los dirigentes de los corporativos
sindicales y la cúpula de cámaras y organismos empresariales volvieron a
reunirse en Los Pinos, las buenas relaciones entre los llamados
factores de la producción se han convertido en presunción constante.
Aquella ocasión, el hoy extinto dirigente cetemista Joaquín Gamboa
Pascoe arrancó los aplausos de sus compañeros dirigentes, al defender
las reformas estructurales –la laboral incluida–, condenar las protestas
del magisterio disidente y reiterarle a Peña Nieto –amenazado el Pacto
por México, de cuya mesa se levantaron temporalmente PAN y PRD– que “el
pacto de los trabajadores con él” era para siempre. Además, dijo, los
sindicalistas de hoy “somos amigos de los empresarios”.
En enero pasado, el tono sindical varió ligeramente. Ahora encabezada
por Carlos Aceves del Olmo, la CTM fijó una postura más crítica,
exigiendo medidas eficaces pues sostuvo que cada dos meses se reunía el
Comité Nacional de Productividad –que preside Peña Nieto– sin llegar a
acuerdos ni acciones concretas.
No obstante, estuvieron prestos a firmar con Peña Nieto una reedición
del Pacto de Solidaridad, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y
la Protección de la Economía Familiar, que se proponía enfrentar las
adversidades económicas derivadas del arribo de Donald Trump a la Casa
Blanca y por la liberalización en el precio de las gasolinas que detonó
protestas en diferentes regiones del país.
El 17 de abril, la cúpula del corporativismo sindical mexicano acudió
otra vez a Los Pinos. En manos de Peña Nieto, los dirigentes fueron por
la toma de nota y a que el mandatario tomara protesta al presidente
entrante del Congreso del Trabajo, que esta vez correspondió al
cetemista Aceves del Olmo.
Navarrete Prida, artífice de esos cónclaves gremiales, fue el primero
en hablar. Y lo hizo sobre el sindicalismo posrevolucionario; es decir,
el priista, que devino convocatoria para entender el momento del país y
actuar en consecuencia, con base en el diálogo.
En entrevista, Fuentes Muñiz observa la irrealidad de esta última
expresión, pues los datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, actualizados a febrero pasado, reflejan que 24 millones de
trabajadores ganan dos salarios mínimos o menos. La cantidad de
trabajadores, en efecto, representa 47% de la población ocupada.
Navarrete Prida no ha sido el único que insiste en el récord sin
huelgas del sexenio. Zorrilla Pérez presumió el 22 de noviembre pasado
el mismo récord, afirmando que no hubo ninguna huelga en los 36 meses
previos. Insistió en la cifra, asegurando que las 17 huelgas vigentes
eran anteriores a Peña Nieto.
Sin embargo, Zorrilla mintió, pues conforme a la respuesta a la
solicitud realizada a la STPS, un mes antes de su informe –el 23 de
octubre de 2016– estalló una huelga en Siderúrgica del Golfo y otra en
Sistemas Estructurales y Construcciones, ambas en Tamaulipas, de
jurisdicción federal.
Con todo y los datos, los funcionarios peñanietistas mantienen el
mensaje sobre el récord de cero huelgas y la habilidad conciliadora que,
en palabras del presidente de la JFCA, constituye “una paz laboral
consolidada”.
Fiel al dato, el funcionario expresó el 22 de noviembre: “En la Junta
Federal fomentamos el diálogo y entendimiento entre los factores de la
producción, utilizando la conciliación como un mecanismo primordial para
consolidar la paz laboral (pues) transcurrieron 36 meses
ininterrumpidos sin que hubiera estallado una sola huelga”.
Este reportaje se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario