La
ONU denuncia como una práctica “sistémica” que agentes del INM amenazan
a migrantes recluidos en centros de detención para que acepten la
expulsión voluntaria de México y no soliciten asilo.
“Tú hoy no comes”. Con esta orden, agentes
del Instituto Nacional de Migración (INM) castigan a los migrantes
indocumentados que se resisten a firmar la deportación voluntaria de México.
Se
trata de una modalidad de hostigamiento detectada por un grupo de
activistas que integran el Comité Ciudadano del INM, durante una misión
de monitoreo en la que tuvieron acceso a 17 estaciones migratorias del
país.
El Comité Ciudadano documentó que, además de presionarlos con dejarlos sin comer, también hay
casos en los que agentes federales del INM, custodios privados, así
como personal que trabaja en las estaciones, amenazan a quienes no
aceptan la expulsión voluntaria negándoles medicinas básicas y productos de higiene personal.
Además,
en algunos casos, estás tácticas intimidatorias van acompañadas de
agresiones físicas y verbales, así como de amenazas de muerte, según
denunciaron las personas entrevistadas durante la misión de monitoreo.
“Yo tengo cinco amenazas de muerte de los guardias y también de migración. Nos
maltratan, nos humillan con insultos. Y hay veces que voy a ingerir mis
alimentos y el guardia me dice que no puedo pasar al comedor”, dijo un
migrante detenido en la estación de Iztapalapa, en la Ciudad de México,
cuyo testimonio forma parte del informe Personas en detención migratoria
en México.
Los migrantes expusieron que no solo los agentes de seguridad los amenazan. También acusaron a funcionarios del área jurídica del INM de amedrentarlos a través de múltiples formas para que no accedan a su derecho de pedir refugio, tal y como México reconoce en su Ley de Migración.
“Mejor regrésate”, dicen a migrantes
Por
ejemplo, una mujer centroamericana denunció que una funcionaria del INM
la “desanimó” para que no iniciara el proceso de asilo, advirtiéndole
que pasaría mucho tiempo encerrada en una estación migratoria hasta que
se resolviera el trámite.
“¿Sabías que tienes que esperar tres meses (para el trámite)?.
Y no cuentan días hábiles. Además, las probabilidades de que te digan
que no son muchas. Así que mejor regrésate, porque a veces el proceso
dura hasta seis meses”, dijo la funcionaria, según el testimonio de la
mujer entrevistada.
El representante en México de la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, criticó
que esta táctica para desincentivar el refugio es “un problema
sistémico” en el país.
Y recordó que tanto la ONU, a través de su oficina para refugiados, como otras organizaciones internacionales, como Human Rights Watch,
han denunciado en numerosas ocasiones que agentes del INM amenazan a
los migrantes con enfrentar procesos largos y tortuosos, en caso de
solicitar su derecho al asilo para no retornar a los países de los que
salieron huyendo.
“Si a los migrantes se les dice que no pidan
asilo porque van a pasar mucho tiempo encerrados en estaciones
migratorias donde las condiciones son deplorables, entonces no es
regreso voluntario. Se podría llamar regreso ‘pseudo-voluntario’”, ironizó el representante de la ONU, durante la presentación del informe del Consejo Ciudadano del INM.
ONU critica política migratoria mexicana
La
documentación de estas tácticas cobra especial relevancia ahora, cuando
cada vez más personas centroamericanos ven a México como una
posibilidad de refugio ante la violencia de las pandillas en Honduras y
El Salvador, y sobre todo ante el endurecimiento —al menos en el
discurso— de la política migratoria de Estados Unidos y su presidente,
Donald Trump, quien prometió construir un muro para frenar la migración.
Y así lo muestran también las cifras oficiales: el número de personas que han solicitado asilo en México ha aumentado más de 150% desde que Donald Trump resultó ganador en las elecciones de Estados Unidos, en noviembre del año pasado.
Sin embargo, los integrantes del Comité Ciudadano del INM denunciaron en su informe que la
política migratoria mexicana, lejos de buscar la protección de estos
migrantes, básicamente se reduce a detener y deportar personas, bajo “una simulación” de respeto a los derechos humanos.
Y de nuevo, las cifras oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) corroboran que conseguir protección en México es casi una tarea imposible:
en cuatro años, de 2011 a 2015, México recibió 8 mil 419 solicitudes de
asilo, de las cuales solo 2 mil 175 fueron aceptadas. O en otras
palabras: las autoridades migratorias rechazaron 8 de cada 10 peticiones
de refugio y ordenaron la deportación de miles de personas extranjeras,
a pesar de los riesgos que enfrentan en países como Honduras o El
Salvador, donde la guerra de las pandillas ha colocado a estas naciones
como las más violentas del mundo.
En este sentido, el representante de la ONU, Jan Jarab, volvió a ser muy crítico con la política migratoria mexicana: “Difícilmente
México puede mantener la credibilidad criticando la política migratoria
de otros países, mientras a nivel interno se aplica una política
similar”, subrayó.
Persisten los “calabozos”
El Comité Ciudadano del INM también documentó que en los centros de detención de migrantes persisten
viejas prácticas violatorias de derechos humanos, como la existencia de
“celdas de castigo” o “cuartos de aislamiento”.
Estas
celdas son cuartos extremadamente pequeños, oscuros, y presentan peores
condiciones de higiene —si cabe— que el resto de instalaciones de los
centros de detención. En Tapachula, por ejemplo, la misión de monitoreo
registró que los migrantes llaman a este cuarto “el pozo” o “el
calabozo”, y aseguraron que las autoridades confinan ahí a los presos
con fines de sanción y castigo.
“Lo que a mí me pasa yo no se lo digo a nadie, porque nadie aquí adentro me puede ayudar. Si uno levanta la mano para reclamar, lo que hacen es llevarlo al pozo.
He visto cómo han agredido a los que se llevan a ese lugar, porque se
pelean o dicen algo, o porque se quieren defender de las agresiones de
los mismos guardias”, acusó otro migrante.
Las celdas de castigo
en estaciones del INM han sido denunciadas desde, al menos, abril de
2013, cuando las organizaciones Sin Fronteras y el Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, presentaron un informe acerca de estos “calabozos”.
Lee aquí los principales hallazgos de la misión de monitoreo en estaciones migratorias.
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