Grupo de trabajo omitió las irregularidades del gobierno, dice CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría
de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego
de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había
elementos para declarar procedente el mecanismo.
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto
razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para
atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional
de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis
sobre un dictamen final.
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y
cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las
anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno
entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la
falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a
más de 2 millones de pesos.
SOBRE EL PRESUPUESTO
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones
centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del
gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de
pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares
públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las
Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó
una cantidad inferior.
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la
inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de
fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2
millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita
reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se
cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta
metodológica o cronograma de actividades”.
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del
estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de
violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el
presupuesto de egresos estatal para 2017.
SOBRE EL CONTEXTO
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional
como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin
que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de
datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta
violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del
Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la
materia”, indicó.
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos
de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes
obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los
Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una
vida libre de violencia.
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la
Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la
población local además de excluir a la población hablante de la lengua
indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social
para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la
violencia de género”.
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH
detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan
los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se
tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
EXHORTO A SEGOB
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son
suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la
violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye
la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se
determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los
integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración
final”.
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de
Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar
la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de
Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios
de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González;
de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM,
Verónica María Sobrado.
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Elva Rivera Gómez; Catalina Aguilar de la Universidad de las
Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor
Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario
Fausto Gómez.
Cimacfoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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