El Departamento de Tesoro estadunidense ordenó sanciones a Maduro al
incluirlo en la lista de la Oficina del Control de Activos en el
Extranjero. La medida se suma a las sanciones anunciadas el 26 de julio
contra otros 13 funcionarios venezolanos. Esto significa la prohibición a
ciudadanos estadunidenses para realizar transacciones comerciales y
financieras con los acusados, así como el congelamiento de cuentas
bancarias.
Estas sanciones de la administración Trump perfilan el tipo de
“intervención” que Estados Unidos prepara en Venezuela: repetir el
modelo en contra de Manuel Antonio Noriega, el exhombre fuerte de
Panamá, expulsado del poder en 1989, durante el gobierno de George W.
Bush, bajo el pretexto de sus vínculos con el narcotráfico.
Noriega fue una pieza útil para Estados Unidos cuando se le necesitó
en la triangulación de fondos provenientes del narcotráfico para
financiar a la Contra nicaragüense. El control de la zona del canal de
Panamá derivó en el montaje de una intervención para defender la
“democracia” en el país centroamericano cuando Noriega se volvió
demasiado peligroso y fuera del control de Washington.
El caso de Maduro es diferente al de Noriega, pero la receta que
ensaya Estados Unidos es similar: perfilar al actual gobernante
venezolano no sólo como un personaje autócrata, torpe y represivo, sino
también como un presunto cleptócrata vinculado al narcotráfico.
La corrupción ahora es el nombre del juego para justificar la
intervención en Venezuela. La fiscal general del país, Luisa Ortega
Díaz, denunció que el gobierno de Maduro va tras su cabeza para evitar
que siga investigando casos de corrupción, como el pago a la
constructora brasileña Odebrecht por 30 mil millones de dólares.
“Hemos corroborado que hay muchos funcionarios activos que aparecen
involucrados en estas irregularidades. Quieren que se protejan de forma
inconstitucional dictando sentencias contra el Ministerio Público,
quiere protegerse del desfalco a la nación con un falso discurso
antiimperialista”, subrayó la fiscal Luisa Ortega.
Ortega fue una firme defensora del gobierno de Hugo Chávez y una
crítica frontal de Maduro y del reciente proceso de elección de la
Asamblea Constituyente, por considerar que “estamos frente a una
ambición dictatorial”.
Sea por presuntos vínculos con el crimen organizado o por corrupción,
la Casa Blanca ya tiene perfiladas las baterías para intervenir y
remover a Nicolás Maduro, en un ensayo peligroso de polarización social
en Venezuela y de doble cara diplomática que afectará a toda la región,
no sólo al país andino.
¿Acaso no la mayoría de los gobiernos de América Latina tienen las
mismas características que el régimen de Venezuela? ¿Acaso los mismos
supuestos no se aplican para el gobierno de Enrique Peña Nieto en
México?
Este es el problema del alineamiento del gobierno de Peña Nieto a la
nueva aventura intervencionista de Estados Unidos: al colocarse en el
“consenso” de la condena al régimen de Maduro se da un balazo en el pie y
pretende justificar el abandono de principios diplomáticos de México
que son el resultado histórico de una larga lucha por la
autodeterminación frente a Washington.
Quizá piensan el canciller Luis Videgaray y su jefe Enrique Peña
Nieto que así se “protegen” de la furia de Trump y de posibles
acusaciones en su contra para salvarse en la sucesión de 2018. No se dan
cuenta que simplemente se vuelven más vulnerables frente al bullying
cotidiano del autócrata de la Casa Blanca y embarcan a la diplomacia
mexicana a una aventura peligrosa.
La empresa encuestadora Parametría confirmó recientemente que la
aventura contra Venezuela y contra el gobierno de Maduro no tiene el
respaldo mayoritario de la opinión pública mexicana, a pesar de la
intensa campaña mediática y del activismo de personajes de dudosa
autoridad moral como los expresidentes Vicente Fox o Felipe Calderón.
Según la encuesta en vivienda realizada a 800 personas entre el 24 y
el 30 de junio pasado, el 96% considera mala la situación económica y
social de Venezuela, pero el 52% está en contra de que el gobierno
mexicano opine sobre la situación interna de este país. Sólo el 37% está
de acuerdo y el 64% en desacuerdo con la intervención del gobierno
mexicano en los asuntos internos del país andino.
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