El fin de semana pasado se dieron en muchos países amplias
movilizaciones contra las violencias hacia las mujeres, en particular contra el
feminicidio. Se trata de una lucha global cuyas expresiones locales se tiñen de
colores comunes, como el morado del feminismo y el verde de la marea en defensa
del derecho al aborto legal. Resuena
como grito común “¡Ni una menos!”, porque en Francia, España, Argentina o
México la violencia machista representa el mismo peligro y las mujeres sienten
el mismo enojo ante la complicidad de las autoridades, la policía, el sistema
judicial, las iglesias, y grupos conservadores
Las feministas salen a la calle con demandas precisas
que el Estado desoye porque en el fondo sabe que ellas tienen razón: las
violencias machistas forman parte funcional de un sistema patriarcal donde el
feminicidio y la trata son sólo la punta del iceberg. Así, por ejemplo, en
Francia, donde desde fuera puede parecer que el Estado responde mejor a las
demandas ciudadanas (que en México u otros países donde privan la simulación o
el conservadurismo), las feministas “orgullosas y fuertes” tomaron las calles
de las principales ciudades para denunciar el feminicidio, la industria de la pornografía,
la relación entre precarización y trabajo sexual, la brecha salarial y el acoso
laboral, la violación y la fobia anti- LGBTTIQ.
Con pancartas que alertaban que “el patriarcado mata”,
o denunciaban el incremento de
violaciones y asesinatos de mujeres por
sus parejas o ex parejas (171 desde enero), o
afirmaban que “no hay crímenes pasionales, son feminicidios”, chicas muy
jóvenes, feministas experimentadas, personas trans y algunos hombres opuestos
al machismo, interpelaron a un Estado cuyas instituciones no responden con la
eficacia debida y así contribuyen a la revictimización y a la impunidad. Si
bien los niveles de ésta no alcanzan los de México, la tendencia a
invisibilizar “las violencias conyugales” afecta también a la justicia
francesa.
La palabra “feminicidio” no ha entrado todavía en el
código penal francés y quizá no entre enseguida pues no todos los intérpretes
de la ley entienden la necesidad de nombrar esta violencia específica. Sin
embargo, desde 2015 está en el diccionario, en respuesta al uso cada vez más común
entre las feministas, para referirse al asesinato de una mujer o niña por
razones de género, y en particular a los asesinatos cometidos por parejas o
exparejas, que en ese país son los más frecuentes. La influencia conceptual latinoamericana
y el uso del término “feminicidio” para nombrar estos asesinatos nos habla de
una realidad, atroz, común, y del poder de “conmoción” del uso político de este
vocablo, como ha planteado la profesora Ana María Martínez de la Escalera (UNAM).
“Feminicidio” ha venido a develar el
afán de dominación que subyace a un crimen que algunos trasnochados, allá o
aquí, aún pretenden justificar como
expresión de un amor loco.
Lejos de la tibieza que algunas les atribuyeron en el
marco del debate sobre el “MeToo”, las feministas francesas reivindican su
propio movimiento, “Balance ton porc”, como precedente de las exigencias que
han llevado al gobierno francés a convocar una investigación conjunta y un debate
de expertas para reunir propuestas de políticas públicas coordinadas contra
“las violencias conyugales”.
Este lunes 25 se anunció la distribución de un
protocolo con 23 preguntas para evaluar el riesgo que corren las mujeres
denunciantes, la profesionalización del personal judicial para evitar la
revictimización y la del personal escolar acerca de la igualdad entre niños y
niñas; se enunciaron también medidas que se implementarán en el futuro
inmediato como el aumento de espacios en los refugios para mujeres maltratadas
y de personal de acompañamiento psicológico y legal, la inserción en la ley de
la violencia psicológica y la
prohibición de la mediación en casos de violencia conyugal. Además se propone
discutir la anulación de la custodia de los padres agresores, modificar los
términos del secreto médico para que el personal de salud pueda intervenir y se
puedan hacer denuncias en los hospitales, y se plantea eliminar la obligación
de los hijos de apoyar económicamente a su padre en situación de precariedad, o
en la vejez, cuando se trate de un agresor, entre más de 40 medidas basadas en
las recomendaciones de las y los expertos. Este programa va acompañado de un
presupuesto inicial de 300 millones de euros, en una acción que la ministra
para la igualdad considera una prueba del compromiso de un gobierno que “por
primera vez se moviliza en este tema” (en entrevista televisada el 25
noviembre)
En México hay más avances legales pero el Estado sigue
actuando sin ton ni son. No entiende que,
como apuntan asociaciones francesas y sabemos las mexicanas, la ley no
garantiza nada si no se dan cambios integrales que garanticen la “igualdad
real”.
Tampoco entiende que a las demandas sentidas de
jóvenes y adultas no se puede responder con despliegues policiacos excesivos,
como el del 25N, ni aunque se trate de mujeres policías o “cinturones de paz”
conformados por funcionarias que dizque voluntariamente acudieron a ¿cuidar? la
marcha contra la violencia. Si gran
parte de la frustración y de la rabia de muchas se debe a la incapacidad de las
autoridades, ¿por qué provocar más enojo con semejante exhibición de poder
estatal?
La violencia, machacada hasta el cansancio por los
medios mexicanos (que en mucho han contribuido a la reproducción del sexismo),
puede no ser el mejor medio de lograr un cambio pero no se puede descalificar
simplemente como vandalismo irracional.
Si hay grupos vandálicos, habrá que preguntarse de
dónde vienen y no cerrar los ojos como se ha hecho antes en muchas otras
marchas. Al mismo tiempo, habrá que empezar a escuchar las razones de quienes
afirman que hay que “quemar todo”. ¿Cuántas de ellas viven la violencia en
carne propia día a día, han esperado en vano una respuesta a sus denuncias, han
perdido hijas o hermanas a manos de asesinos que siguen sueltos?
En más de un sentido, la violencia espontánea (no la organizada) de
las jóvenes es una respuesta desesperada ante la violencia continua del
Estado y ante la falta de sensibilidad de un gobierno que insiste en
tomar medidas llamativas (como las unidades especiales de género y sus
patrullas moradas o el registro de violadores) en vez de planear una
estrategia integral a corto, mediano y largo plazo.
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