Mediante una un misiva dirigida al gobernador de Coahuila, Miguel
Ángel Riquelme Solís, este grupo de organizaciones civiles lo llamó a
entablar acciones para garantizar el derecho a defender derechos y el
derecho a la libertad de expresión a partir de las agresiones que ha
enfrentado la periodista durante octubre a las primeras semanas de
noviembre.
El 28 de octubre de 2019, Jaqueline Campbell fue grabada en un
espacio público sin consentimiento ni conocimiento junto al obispo Fray
Raúl Vera López y otras personas. El material se difundió al día
siguiente en medios de comunicación locales del municipio de Saltillo,
con encabezados como: “Exhiben al obispo Vera en un bar, acompañado por
su asistente, Jaqueline Campbell”, “¿Una cerveza? Captan al Obispo Vera
de fiesta en un bar”, “El obispo Vera; niños, vicios y mujeres”.
Entre estas publicaciones se distribuyó en “El Heraldo de Saltillo”
una opinión firmada por el periodista Francisco de la Peña de León,
quien dio a conocer el domicilio particular de Campbell. Esta última
acción, señalan las agrupaciones en la carta pública, representa una
clara violación al derecho a la privacidad y la carga dolosa de este
dato pone en riesgo la seguridad e integridad física y emocional de la
defensora Campbell Dávila.
La periodista Campbell tiene una amplia y reconocida trayectoria en
el estado de Coahuila. Desde hace años asesora en temas de Derechos
Humanos al obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López.
Actualmente acompaña el trabajo de defensa de la tierra y territorio en
los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente, en relación al
basurero tóxico instalado en el ejido Noria de la Sabina, el proyecto de
Ciudad Modelo Derramadero y la privatización del agua, además de otros
proyectos en el área de Derechos Humanos.
Las agrupaciones exhibieron que no es la primera ocasión que la
periodista coahuilense se enfrenta a agresiones por su labor
periodística y en defensa de Derechos Humanos. Los ataques se han venido
documentado desde 2007, provenientes tanto de autoridades, como de
particulares.
Ya en el año 2016, por ejemplo, la RNDDHM interpeló al entonces
gobernador del estado por la seguridad e integridad física y psicológica
de la defensora, debido a la divulgación, nuevamente, de notas
periodísticas que la calumniaban, fomentando la burla y el descrédito a
su labor de defensa y promoción de derechos.
“Ellas -periodistas y defensoras- no sólo enfrentan riesgos físicos, sino también campañas de desprestigio y difamación, donde uno de los objetivos es quebrar su estado emocional y aislarlas de sus redes de apoyo, dado que los señalamientos se centran en aspectos de su vida privada que las someten al escrutinio público”.
Las agresiones contra defensoras y periodistas tienen un componente
de género ya visibilizado por el Relator Especial de Naciones Unidas,
Michael Forst, en el informe de febrero de 2018 sobre la situación de
las y los defensores relativo a su misión a México, donde expresó su
preocupación por el número de campañas difamatorias que tienen como
objetivo menoscabar su labor y aislarlas.
En consecuencia las organizaciones no sólo pidieron acciones al
gobernador estatal, a la vez llamaron al Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas a otorgar
medidas de protección a favor de la periodista; y a la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Coahuila y a la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas, a tomar nota de los hechos y generar
medidas de reparación del daño por los hechos de difamación y
hostigamiento que ha vivido la periodista.
Tan sólo este año el Programa de Libertad de Expresión y Género de la
organización CIMAC ha documentado 141 ataques a comunicadoras.
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Ciudad de México.
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