El Ministerio Público federal reservó por cinco años el
contenido de las dos carpetas de investigación en las que se indaga y
por las cuales se solicitaron órdenes de captura en contra del ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, al
considerar que se vulneraría la posibilidad de sancionar a otros ex
servidores públicos relacionados con los presuntos sobornos que entregó
la constructora Odebrecht al ex funcionario.
Por otra parte, un tribunal colegiado en materia penal declaró
infundados los recursos de queja presentados por Gilda Margarita Austin y
Solís, madre del ex funcionario, y su esposa Marielle Helene Eckes, en
contra de la negativa de un juez federal deaceptar datos de prueba
parademostrar que no cometieron algún delito por el caso de sobornos de
Odebrecht.
En respuesta a una solicitud de información pública realizada por un
ciudadano, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que
en contra de Lozoya Austin siguen abiertas o en
trámitelas carpetas identificadas como FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 y FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019. En la primera se le menciona como presunto responsable de los crímenes de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, mientras que en la segunda se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.
Asimismo, se señala que las autoridades federales no han decretado
ningún acuerdo de no ejercicio de la acción penal en algún otro
expediente iniciado contra Lozoya Austin, y que la defensa del ex
funcionario ya conoce el contenido de ambas carpetas de investigación.
Los dos casos ya han sido judicializados y se emitieron las
correspondientes órdenes de aprehensión, sin embargo, el Ministerio
Público refiere que el contenido de las indagatorias no puede darse a
conocer de manera pública toda vez que ello constituye
un riesgoporque limitaría
la capacidad de esta institución para prevenir los delitos.
Sobre los recursos declarados infundados, Sandra Leticia Robledo
Magaña, titular del juzgado primero de distrito de amparo en materia
penal, desechó en su momento las pruebas que presentaron la esposa y
madre de Lozoya, por considerarlas inviables. Con ellas pretendían
demostrar cómo fue que se adquirió una casa en Ixtapa, Guerrero, que
habría sido pagada presuntamente con recursos obtenidos de un sobo
Gustavo Castillo y César Arellano
Periódico La Jornada
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