La iniciativa obtiene respaldo de 17 congresos, excepto Guanajuato
La revocación de mandato y la consulta popular quedaron
inscritas en la Constitución, al confirmarse en el pleno de la Cámara de
Diputados el resplado de 17 congresos locales, con excepción del de
Guanajuato, que votó en contra.
La adición a la norma, que se sujeta al impulso de la democracia
participativa de la actual administración, empujada por Andrés Manuel
López Obrador desde la Presidencia de la República, fue presentada al
pleno por Dolores Padierna Luna (Morena), quien confirmó que una vez
realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de los
congresos de los estados y de la Ciudad de México (17 como márgen
mínimo), la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de
declaratoria:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Los 17 votos aprobatorios corresponden a las legislaturas de
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. .
En el pleno cameral se sucedió una catarsis variopinta en torno a la
reforma constitucional. María del Carmen Bautista (Morena) consideró que
la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que
empodera a los ciudadanos.
No obstante, el panista Raúl Gracia, crítico del actual gobierno, no
modificó el sentido de sus argumentaciones y fustigó el hecho: la
declaratoria de la reforma constitucional
es mucho más grave y peligrosa de lo que era hace unos meses, ya que han tomado el control de la Corte (SCJN) y van por el del órgano electoral (INE). No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial.
Moderada, la priísta Dulce María Sauri consideró el cambio como un avance en materia de participación ciudadana directa.
Sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten. En 2021, dijo, el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales, sino podrá recibir la petición para revocar el mandato al Presidente pero,
¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
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