 |
| El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP |
Este martes en entrevista con el conductor de la cadena de televisión
Fox News, Bill O’Reilly, el mandatario estadunidense dejó entrever que
está ponderando la designación de los cárteles del narcotráfico mexicano
como organizaciones del terrorismo internacional.
“Serán designados” respondió tajante Trump a la pregunta que le hizo
el conductor del programa televisivo para luego agregar: “He estado
trabajando en eso durante los últimos 90 días (…) la designación no es
tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese
proceso”.
El cuestionamiento de O’Reilly fue en referencia a la carta que mandó
la semana pasada a la Casa Blanca la familia LeBarón, en la que
solicita a Trump la designación a causa del asesinato de tres mujeres y
seis menores de edad de dicha familia mormona el pasado 4 de noviembre.
Las ambiguas declaraciones de Trump sobre la designación como grupos
terroristas de los cárteles mexicanos, provocó inmediatamente una
reacción de preocupación por parte del gobierno de López Obrador frente a
la posible designación de los grupos criminales.
“Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O’Reilly, la Secretaría de
Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las
distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el
contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio”, informó la
cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417.
La declaración de Trump sobre la posible designación como grupos
terroristas internacionales a los cárteles mexicanos, no es el primer
intento que se hace en este sentido en los Estados Unidos.
Durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y luego de las
constantes aseveraciones de Janet Napolitano (quien fuera secretaria de
Seguridad Interior en la presidencia de Barack Obama) de establecer que
ante los azotes del narcotráfico México era un “Estado fallido”, en el
Congreso estadunidense se llevaron a cabo varios intentos infructuosos
por designar como terroristas a los narcos mexicanos.
Frente a la cruda realidad de inseguridad y luego de más de una
década con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos en
relación a la violencia relacionada al narcotráfico, a México le
convendría que Trump designara como terroristas a los traficantes de
drogas ilícitas.
Bajo dicha nominación, el gobierno federal de Estados Unidos estaría
obligado a combatir fehacientemente el tráfico de armas a México e
investigar su sistema bancario para evitar su involucramiento en el
lavado de dinero y financiamiento del narco mexicano; por ejemplo.
La fase para el procedimiento formal de la designación en Estados
Unidos empieza con la notificación al Congreso estadunidense por parte
del Secretario de Estado (en este caso Mike Pompeo) y en cumplimiento
con el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, de informar que a los
cárteles mexicanos se les etiqueta como Organizaciones Terroristas
Internacionales.
Pompeo tendría que especificar al Capitolio qué tipo de actividades
terroristas llevan a cabo los cárteles mexicanos, como en las que
incurren los grupos terroristas islámicos, separatistas y marxistas como
los de las naciones árabes y asiáticas que integran la lista de
Organizaciones Terroristas Internacionales del Departamento de Estado.
En concordancia con el Departamento de Estado, el del Tesoro; y en
cumplimiento con la Orden Ejecutiva 13224 puede designar como
Organización Terrorista Internacional a grupos narcotraficantes
extranjeros que con ello quedan sujetos a las sanciones de la Oficina
para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
La acción del Departamento del Tesoro permite la confiscación de
bienes y congelamiento de cuentas bancarias de las entidades designadas y
sus miembros, dentro las jurisdicciones donde se apliquen las leyes de
Estados Unidos, no en el extranjero.
En consulta con el Procurador General de Justicia de los Estados
Unidos, el Secretario de Estado y el del Tesoro le informan al Congreso
la decisión de la designación de la entidad o agrupación extranjera como
Grupo Terrorista Internacional.
El Capitolio tiene un periodo de siete días para canalizar la
propuesta y si no hay objeción debido a las pruebas que les presente el
gobierno federal para asumir dicha designación, esta se instrumenta
cuando se cumple el periodo de gracia al publicarse en el Diario Oficial
de la Federación.
Al catalogar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas
Internacionales (OTI), el gobierno federal estadunidense está obligado a
evitar que estos reciban armamento y financiamiento de cualquier lado.
El mismo Trump, como lo han hecho sus antecesores, admite que las
armas que han empoderado a los cárteles del narcotráfico de México son
fabricadas en Estados Unidos.
Esto, sin necesidad de que el gobierno de López Obrador insista en la
cooperación para detener el flujo de armas de norte a sur, obligaría a
Trump a contener el ingreso de arsenal de alto poder y municiones a
México a través de la frontera sur estadunidense.
En paralelo, y como también lo admite el gobierno de Estados Unidos,
el Departamento del Tesoro estaría obligado a cambiar las leyes
bancarias domésticas, empezando con la modificación del secreto bancario
y los límites para el envío de las remesas a México.
Está comprobado que por medio de las transferencias electrónicas de
dinero de hasta nueve mil 999 dólares, los cárteles mexicanos aprovechan
esta deferencia bancaria por parte del Departamento del Tesoro, para
enviar dinero a México procedente de la venta de todo tipo de drogas en
Estados Unidos.
Las transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México
menores a los 10 mil dólares están exentas de investigación para
determinar su procedencia, lo cual es aprovechado por el narcotráfico
mexicano para lavar miles de millones de dólares anualmente.
Con el argumento de que estas transferencias de dinero se permiten
por las remesas que mandan a sus familiares a México los inmigrantes de
ese país, el Departamento del Tesoro evita investigar a sus bancos y
determinar su involucramiento en el lavado de dinero de la venta de
narcóticos y armas que lleva a cabo el mercado negro.
Analistas insisten en que el Departamento del Tesoro se niega a
investigar a sus bancos y su relación indirecta o directa con el
narcotráfico, porque el resultado de dicha pesquisa provocaría el
desplome de su mercado financiero y el de otros países.
A México sin duda le convendría que Estados Unidos combatiera por su
propia cuenta el tráfico de armas y el lavado de dinero por narcotráfico
porque disminuiría la violencia y obviamente los asesinatos y
desapariciones en la sociedad mexicana.
Otra implicación de la designación como OTI a los cárteles mexicanos,
es la prohibición irrevocable a todas las entidades del gobierno
federal de Estados Unidos de tener relación y negociaciones con las
entidades extrajeras que implican peligro y riesgos a su seguridad
nacional.
Esta medida obligaría de alguna forma a que Trump ordenara la salida
del territorio mexicano de agentes de agencias federales de su país como
la DEA, FBI, CIA, ICE y del Pentágono, entre otras.
Aunque oficialmente lo niegue, el gobierno de Estados Unidos negocia
acuerdos con los narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado
con documentos y testimonios presentados por el Departamento de
Justicia durante el juicio el año pasado en Nueva York en contra del
narco mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
En pleno proceso electoral y por sus ambiciones de reelegirse en los
comicios del 3 de noviembre de 2020, sería contraproducente para Trump
designar como OTI a los cárteles mexicanos.
Combatir al tráfico de armas a México le causaría a Trump enemistarse
con la Asociación Nacional del Rifle que con cientos de millones de
dólares anuales financia campañas políticas en Estados Unidos.
La investigación a la banca privada estadunidense por su posible
participación en el lavado de dinero procedente del narcotráfico
suscitaría una contracción a la economía de Estados Unidos que no
convendría a los intereses electorales de Trump.
El hecho de que el presidente de Estados Unidos se maneja de manera
impredecible genera ruido en que pueda también por interés electoral
hacer la designación a los cárteles mexicanos; una apuesta complicada.
En su comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, se informó que se buscará
discutir el tema como el Secretario de Estado.
“En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países,
el gobierno buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad
posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de
vista de las autoridades de Estados Unidos”, subrayó la cancillería
mexicana.
Conforme a las leyes estadunidenses para la designación de OTI, las
entidades afectadas tienen un plazo de 30 días, después de la
publicación en el Diario Oficial de la Federación, para apelar la acción
en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia
(Washington, D.C.)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario