La Jornada
Durante su
conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que su gobierno accedió a la solicitud de ejercer
como mediador en el conflicto que enfrenta a los consorcios Televisa y
Grupo Alemán. De acuerdo con el mandatario, las gestiones que lleve a
cabo su administración buscarán que el diferendo se resuelva por la vía
de la conciliación y que se evite llegar a tribunales, bajo la premisa
de que ambas empresas se mantengan como fuentes de empleo.
Cabe recordar que las compañías fundadas por las familias Azcárraga y
Alemán, respectivamente, se encuentran enfrentadas a raíz de la fallida
compra de un paquete de acciones de la cadena Radiópolis. En julio de
este año, Corporativo Coral, propiedad de Miguel Alemán Magnani, anunció
que adquiriría 50 por ciento de Radiópolis, que está en poder de
Televisa, por mil 248 millones de pesos, más un dividendo de 200
millones, pero debido a una supuesta falta de financiamiento incumplió
tanto con el pago inicial como con dos plazos para cerrar la compra
definitiva. Televisa argumenta que dicha situación la obligó a presentar
varias demandas, tanto para el cumplimiento de los contratos firmados
como para el pago de las sanciones procedentes.
En este contexto, el ofrecimiento del titular del Ejecutivo federal
para mediar en el diferendo es una decisión saludable que puede
contribuir a destrabar un conflicto interempresarial en el que de
entrada se entiende que ninguna parte habrá de erigirse en ganadora
absoluta y que incluso podría desembocar en un escenario de graves
pérdidas para alguna de ellas o para ambas.
Además de su eventual aporte a la resolución del desacuerdo entre
particulares, parece positivo que el jefe de Estado retome su función
como árbitro en los grandes conflictos nacionales, como sin duda lo es
el presente por las dimensiones de los actores involucrados y su peso en
el conjunto de la economía nacional.
Por último, no está de más recalcar que esta función de arbitraje se
ejerce a petición de los interesados y que, por tanto, no sólo no
vulnera la libertad de la iniciativa privada para conducir sus asuntos
en sus propios términos, sino que incluso supone una muestra de
confianza de importantes integrantes de la comunidad empresarial en la
imparcialidad y la buena voluntad presidencial.
Cabe desear, finalmente, que las diferencias entre Televisa y el
consorcio dueño de la aerolínea Interjet se resuelvan en los mejores
términos posibles y que el papel del Ejecutivo siente un precedente de
las bondades del diálogo en éste como en otros ámbitos.
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