La Cámara de Diputados aprobó,
por unanimidad, reformar siete leyes para definir la violencia política
de género, entendida como toda acción u omisión que limite, anule o
menoscabe el ejercicio de derechos políticos y electorales de las
mujeres.
En la sesión de este 5 de diciembre se modificaron Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de
Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación.
Desde hace siete años el Senado y la Cámara de Diputados debaten cuál
es la mejor redacción para tipificar la violencia política, o bien, si
sólo es necesario definir este tipo de violencia en la ley; por esta
razón desde 2012 senadores aprueban un paquete de reformas y diputados
avalan otras. Esta falta de consenso en ambas Cámaras ha hecho que
ninguna reforma entre en vigor.
En la sesión de este jueves, finalmente las y los
diputados aprobaron un paquete de reformas luego de analizar nueve iniciativas
presentadas desde septiembre de 2018. La diputada por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Wendy Briceño Zuloaga dijo que con estas modificaciones las
legisladoras están luchando para que en las siguientes contiendas electorales
haya más mujeres en cargos de elección o de designación.
La diputada aseguró que, en esta legislatura
marcada por la paridad, con 48.2 por ciento de mujeres, se reconoce la violencia
política en razón de género como “toda aquella acción u omisión basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad”.
La violencia política, dijo la también presidenta
de la Comisión para la Igualdad de Género, afecta el libre desarrollo de la
función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización y puede
manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la ley.
De acuerdo con el dictamen, esta forma de violencia va desde la ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres.
Con estas reformas además el Instituto Nacional
Electoral y los organismos públicos locales electorales deberán implementar el principio
de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección y poder; el
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación tendrá facultad para
vigilar y velar por la aplicación de las disposiciones en materia electoral.
En
la Ley General en Materia de Delitos Electorales será agravante cometer delitos
que provoquen violencia política en razón de género; en la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República se prevé la creación de una base estadística
nacional de violencia política en razón de género y en Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación se prevé que el Tribunal Electoral y sus salas se integren
con paridad de género.
“La paridad sin violencia política es nuestro siguiente movimiento revolucionario articulado. La emergencia que vemos simbolizada en el grito masivo de la pinta callejera, de la reapropiación del espacio público de y por ellas, las que luchan en lo emergente, responderemos a la altura desde la tribuna que ocupemos”, dijo la diputada Briseño.
La diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo por su parte destacó las
reformas constitucionales en materia político electoral de 2014, que
obligó al Congreso de la Unión a establecer las reglas para garantizar
la paridad de géneros y la más reciente de junio de 2019 que permitió a
las mujeres ocupar puestos de decisión en los poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial ye n organismos autónomos.
En este contexto dijo que reconocer la violencia política de género
es un tema trascendental que permitirá procurar el adecuado ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres.
La diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Almaguer Pardo, preciso que las elecciones del pasado primero de julio de 2018 fueron las más violentas en los últimos años. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) registró 103 casos de agresiones políticas por motivos de género. En ese mismo año en el que se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención.
El dictamen se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Archivo CIMAC
Ciudad de México.-
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