En un comunicado, el GESMujer advirtió que esto representaría un
grave retroceso en los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, en una
entidad que cuenta con Alerta de Violencia de Género y que se mantiene
en el tercer lugar a nivel nacional en embarazo de niñas y adolescentes
menores de 15 años. Señaló que los datos oficiales de los Servicios de
Salud de la entidad señalan que estos embarazos representan alrededor
del 20 por ciento de la totalidad de los registrados en el estado.
La organización defensora de los Derechos Humanos de las mujeres
manifestó también su preocupación ante el desconocimiento del personal
del sector salud sobre la normativa vigente, como la Norma Oficial 046,
Criterios para la atención y prevención de la violencia sexual y
familiar y contra las mujeres (NOM 046) que ya considera la objeción de
conciencia para el personal que atiende a las mujeres que desean
interrumpir legalmente un embarazo y que obliga a atender a las víctimas
de violencia sexual. En todo caso, indicaron, tal como lo establece la
Norma, deberá contarse con médicos no objetores para la atención de
estas mujeres y garantizarles este derecho, por lo que hicieron un
llamado al secretario de Salud del estado, Donato Casas Escamilla, para
capacitar a su personal en la normativa y que se aplique de forma
efectiva.
De acuerdo con medios locales, en días pasados este grupo del Área
Médica por la Vida, manifestó en conferencia de prensa que “harán valer
sus derechos para derogar los artículos reformados del Código Penal
relativos a la despenalización del aborto, así como su intención de
ampararse contra estas reformas, al tiempo que anunciaron la
presentación de una iniciativa de Ley al congreso de la entidad para
“salvaguardar su derecho de actuar o no en una acción o instrucción que
vaya en contra de su ética como profesionales de la medicina y
conciencia profesional”.
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“Como organización feminista nos manifestamos a favor de las
libertades y por lo tanto del respeto a la objeción de conciencia del
personal médico y de enfermería encargados del procedimiento de
interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Sin embargo,
nos causa preocupación el desconocimiento del sector médico acerca del
derecho que ya tienen, pues está contemplado en la NOM-046 de los
servicios de salud” indicaron.
Añadieron que es responsabilidad de los servicios de salud estatal
detectar de forma oportuna los casos de violencia sexual contra mujeres y
niñas así como atenderlas con el debido protocolo establecido en la
NOM-046, que incluye dar parte a las autoridades e informar sobre el
derecho a una interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación
para que las usuarias estén en condiciones de tomar una decisión de
manera libre e informada.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la Secretaría estatal
de las Mujeres y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca para que ambas dependencias emitan una postura clara ante este
tipo de grupos que buscan vulnerar los derechos fundamentales a la
libertad, la seguridad y a la vida de las oaxaqueñas.
Ciudad de México.
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