La iniciativa para crear un
registro público de agresores sexuales sentenciados de la Ciudad de
México podría resultar en una forma de escarnio público más que en una
política efectiva de prevención, investigación y acceso a la justicia
para las mujeres víctimas de violencia, aseguran expertas.
Este mecanismo, advierten, sería un riesgo a la seguridad de las
víctimas, quienes podrían recibir represalias por parte de los
agresores. Además, la propuesta de crear este registro, presentada en
diciembre de 2019 por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
también se podría convertir en un mecanismo para violar Derechos
Humanos de las personas sentenciadas, como su derecho a la reinserción
social y a la privacidad de sus datos.
La propuesta
El 2 de diciembre de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. entregó al Congreso capitalino una iniciativa para crear la “Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México”, la cual está pendiente de aprobación.
Según el proyecto, publicitar la identidad de los agresores podría
prevenir la violencia sexual contra la infancia y adolescencia;
facilitar la investigación e identificación de los autores de estos
delitos; y servir como medida disuasiva para la comisión o repetición de
estos crímenes.
La propuesta de Sheinbaum fue para responder, junto con la emisión de
la Alerta de Violencia de Género (AVG), al estallido de protestas
protagonizadas por las capitalinas durante 2019 tras la difusión de
presuntos casos de violaciones sexuales cometidas por policías.
Más allá de esos
casos, datos oficiales revelan que sólo en 2019 la Procuraduría de Justicia
abrió hasta el mes de noviembre 888 carpetas de investigación por el delito de
violación; 3 mil 407 por abuso sexual; y 763 por acoso sexual. Estas cifras
podrían ser subestimaciones debido al subregistro que alcanzan los casos de
violencia sexual por la falta de denuncias.
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¿Es la medida correcta?
Integrantes de
organizaciones debaten sobre la efectividad de dar a conocer a la sociedad quiénes
son los agresores sexuales.
Por ejemplo, la oficial del área de Políticas Públicas en la
organización Equis: Justicia para las Mujeres, Mariana López, reflexionó
en entrevista para Cimacnoticias que los esfuerzos del gobierno
capitalino deberían enfocarse en “evaluar por qué las mujeres no acuden o
utilizan medios institucionales de denuncia, y garantizar
investigaciones con debida diligencia”.
López también explicó que este proyecto de ley en principio supone
problemas, ya que una vez que una persona es sentenciada por una
autoridad judicial, no puede existir una sanción adicional por los
mismos hechos, que, en este caso, representaría estar inscritos en el
registro público.
De acuerdo con la abogada, la propuesta también podría significar
violaciones a otros Derechos Humanos, como son la reinserción social y
la protección de datos, ya que pretende que cualquier persona pueda
conocer, a través de un sitio en Internet, la fotografía del agresor,
nombre, edad, alias, nacionalidad y delitos sexuales por los que fue
condenado.
Además, el Ministerio
Público accedería a otros detalles de los sentenciados: señas particulares, ficha
signaléctica –identificación con datos personales de la persona-, breve
descripción del o los delitos por los cuales fue sentenciado, otros delitos por
lo que haya sido sentenciado y su perfil genético.
Este último dato se
obtendría del Banco de ADN para uso Forense de la Ciudad de México, otra
propuesta que formuló la gobernadora de la capital y aprobó el Congreso el 15
de diciembre de 2019.
Sobre para qué fines
o cómo podría ser utilizada dicha información, es prácticamente indefino, ya
que cualquier persona podría tener acceso a ella. No obstante, la experta en
política pública advirtió que este mecanismo podría ser incluso contraproducente
para las propias víctimas, tanto en términos de privacidad como en términos de
represalias que pudieran enfrentar por parte de los sentenciados.
“No se está teniendo
en cuenta a las víctimas involucradas en los delitos, es decir, no se les está
preguntando qué repercusiones podría tener la publicación de esas sentencias”,
señaló la experta.
La integrante de
Equis Justicia también aseveró que la iniciativa gubernamental no tiene como
centro de interés la protección de las mujeres y de las víctimas de violencia
sexual; por el contrario, se encamina al castigo de las personas sentencias
que, por otro lado, representan una minoría, especialmente cuando las agresiones
sexuales ocurren en el contexto de las viviendas, por personas cercanas o
conocidas a las víctimas.
En estos casos, el
número de denuncias son mínimas y menores aún con el número de investigaciones
y los casos que llegan a instancias de impartición de justicia.
Mariana López también
observó que no existen evidencias reales de la efectividad de los registros de
agresores sexuales que se han implementado en otros países y en los que se dice
basar esta propuesta para responder a las comprensibles inquietudes de las capitalinas
sobre la violencia en su contra.
Impunidad, el problema de fondo
La propuesta de
Sheinbaum encuentra su principal antecedente en Estados Unidos, donde existe el
Registro Nacional de Agresores Sexuales (NSOPW, por sus siglas en inglés).
Basta con entrar al sitio web de esta base de datos, introducir nombre,
dirección o código postal de una persona, para conocer si fue condenado por
algún delito sexual, o bien, saber su actual residencia. Los datos permanecen
públicos incluso cuando hayan cumplido con su condena.
Sobre el registro
estadounidense en 2013. un estudio de la organización Human
Rights Watch, advertía que no tiene algún efecto sobre la incidencia de delitos
sexuales, en parte porque el enfoque de la política pública debería estar en,
primero, prevenir que ocurra el delito.
Otros registros en
los que se inspira la propuesta de la gobernadora de la Ciudad de México es la Ley
de registro de información de los ofensores sexuales de Canadá. No obstante, en
este caso el acceso a su información está restringida únicamente a la policía canadiense
para proporcionarles información que les ayude en investigaciones.
En este sentido, la coordinadora
jurídica de la organización civil AsiLegal, Layla Almaraz Olivares, y la coordinadora
del área internacional, Verónica Garzón Bonetti, coincidieron en entrevista que
las y los legisladores de la urbe deben discutir la publicidad del registro. Por
su parte, las expertas proponen acotarlo para el uso de investigaciones
policiales.
Para las integrantes
de AsiLegal, el fondo a resolver es la impunidad y la falta de efectividad de
los procesos de procuración e impartición de justicia en los casos no sólo de
violencia sexual, sino el conjunto de violencias que atraviesan las mujeres y
niñas en la Ciudad de México.
“Si tuviéramos
instituciones fortalecidas, Ministerios Públicos diligentes, no tendríamos que
estarnos quebrando la cabeza en medios paliativos que realmente no atacan la
estructura de la violencia y las causas de la violencia contra las mujeres. Que,
si bien una de sus materializaciones más comunes es la violencia sexual, hay
muchísimas otras causas y muchísimos otros orígenes que no estaríamos atacando
con esta ley”, sentenció Verónica Garzón.
Por ahora, la
iniciativa de la Claudia Sheinbaum ha sido tomada como ejemplo por el senador Noé
Fernando Castañón Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, quien propuso el pasado
3 de enero diversas adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.
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