En los pasillos de la universidad
y en las aulas, los profesores humillan y ridiculizan a las
estudiantes; los compañeros les alzan la voz y las insultan; los hombres
les lanzan piropos; los maestros las invitan a salir y cuando no
aceptan la represalia se refleja en sus calificaciones. Allí, en los
centros de estudio, también se han cometido casos de feminicidio.
Las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y de los
planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), no son las únicas hartas de esta
violencia. A esta nueva ola de denuncias se suman las alumnas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN),
entre otras instituciones académicas.
Ahora que las mujeres están rompiendo el silencio sobre la violencia
sexual, Cimacnoticias solicitó entrevistas a rectores y encargadas de
las unidades de género de cada universidad para conocer sus posiciones
al respecto. Al cierre de esta edición no respondió ninguna autoridad
universitaria.
UNAM: estudiantes se organizan
En la FFyL las estudiantes no confían en las promesas
institucionales. “Es ya no esperar a que nos lo den con asambleas, con
votos, y con cartas hacia la dirección, ya llegamos a un punto de
tomarlo y apropiarnos de esta escuela que siempre nos ha pertenecido”,
señalaron cuatro estudiantes de entre 19 a 21 años que están en la toma
de instalaciones de la Facultad desde el pasado 4 de noviembre.
Las estudiantes de la FFyL, quienes pidieron protección a su
identidad por miedo a represalias, contaron las diversas violencias que
enfrentan día a día en la escuela: “profesores que te humillan y
ridiculizan en clase, compañeros que hablan más fuerte que tú para
imponer su voz sobre la tuya. Esas cuestiones normalizadas que no nos
parecen graves. O el hecho de que sean más profesores los que tienen
beneficios en la Facultad. Está la gente que te tira piropos en el
pasillo, están los profesores que te invitan a salir y cuando no aceptas
se ve reflejado en tus calificaciones o en clase, que empiezan a ser
muy duros”.
En 2016, de la mano de ONUMujeres, la UNAM implementó el “Protocolo
para atención de casos de violencia de género” pero hasta ahora solo se
sabe de procesos revictimizantes para las estudiantes y libertad a los
agresores. De los 335 procedimientos iniciados por una denuncia de
violencia de género en el último año (junio de 2018 a junio de 2019)
sólo 178 concluyeron con una sanción, es decir, 53 por ciento.
La doctora María Elena Isibasi, profesora de Letras Modernas de la
FFyL, considera que el descontento que expresa esta generación de
jóvenes es resultado de un cúmulo e incremento de la violencia en la
UNAM. Hoy no sólo se tratan de casos de acoso u hostigamiento sexual. En
esta casa de estudios se han perpetrado casos de feminicidio como el de
Lesvy Berlín Rivera Osorio, en 2017. A esta realidad se añade un
contexto de violencia generalizada contra las mujeres en todo el país.
En la FFyL las estudiantes llevan más de tres meses en protesta.
IPN:
alumnas luchan por ganarse un lugar
Por otro lado, en el IPN, frustradas de no hallar respuestas a sus
denuncias, las estudiantes decidieron acudir a una instancia superior
para obligar a las autoridades universitarias a rendir cuentas, la
Cámara de Diputados. En julio de 2019, las legisladoras de la Comisión
de Igualdad de Género tuvieron una reunión de trabajo con el director
general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas.
El funcionario afirmó que hasta entonces tenían sólo 13 denuncias por
hechos de violencia contra las politécnicas, una baja en comparación al
mismo periodo del año anterior, que recibieron 19. El director presumió
que estos datos era resultado de la apertura de espacios de denuncia.
Las
estadísticas presentadas por Rodríguez Casas no reflejan la realidad de
estudiantes como Araceli, quien en 2018 dimitió un año de la carrera de Ingeniería
de sistemas automotrices, tras librar un intento de violación sexual dentro de
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), en la alcaldía
de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Después del intento de violación sólo
trascendió que se reforzó la vigilancia para entrar a la escuela.
La joven dejó su hogar en Veracruz para estudiar en el IPN “la mejor
escuela de ingeniería del país”, pensó. Desanimada, Araceli habló con
Cimacnoticias de cómo el desinterés en su denuncia la llevó a darse de
baja temporal por un año del IPN.
El día de la agresión Araceli llegó a las 6 de la mañana a su clase
en el ESIME. Era temprano, por lo que esperó leyendo un libro. De reojo
notó que dos personas se acercaban, no prestó atención pues creyó que
eran otros estudiantes. Sin darse cuenta le taparon la nariz para que
inhalara un solvente. Como única alternativa para preservar su vida,
fingió desmayarse.
Los dos hombres -que cree no eran estudiantes- la llevaron a un
pasillo de la escuela para atacarla. Araceli empezó a gritar, patalear y
rasguñar. Los agresores huyeron al percatarse que comenzaban a llegar
los estudiantes, antes de irse la patearon y le fracturaron la mano de
un pisotón. Araceli pasó ese día horas bañándose en el gimnasio.
“Ni siquiera quería venir, me daba miedo. Me daban muchos ataques de
ansiedad. La idea de hacerme daño me pasaba a cada momento en mi
cabeza”. Araceli rompió el silencio con su madre, luego con un profesor
de confianza, quien la dirigió con el entonces director del ESIME para
presentar una denuncia. El director le pidió contar su caso ante un
comité -no recuerda cuál- pero estaba harta de narrar la agresión que
vivió así que no acudió. Las autoridades de la escuela no volvieron a
buscarla.
Después de un año Araceli regresó al Politécnico para continuar sus estudios. “Me había costado demasiado entrar”, dijo.
Este es sólo uno de los casos que acompaña Nicté Ha Alicia Herrera
López, docente desde hace 32 años en la ESIME Azcapotzalco. La académica
mira con preocupación el incremento de la violencia hacia las alumnas,
pero, sobre todo, le preocupa la incapacidad de la institución para
darles respuestas.
Como explica la profesora, la
formación de mujeres en la ciencia es necesaria porque en el futuro las
categorías laborales con mayores oportunidades serán las relacionadas con la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Según cálculos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), 90 por ciento de los nuevos trabajos requerirán una formación en
tecnología, pero menos de un tercio de las mujeres que estudian eligen carreras
vinculadas a estas áreas, en parte por los estereotipos de género pero ahora
también por la violencia.
Como ocurren en el IPN, la violencia contra las mujeres está
truncando su potencial científico, señaló Herrera: “Me da la impresión
de que los varones marcan territorio, que quieren sentir que la
tecnología es sólo para varones, una especie de masculinidades tóxicas.
Que la inteligencia es una cualidad de hombres, que, si una mujer quiere
venir a ocupar estos espacios, tiene que mostrar que se lo merece”.
En 2012, bajo la rectoría de la ingeniera bioquímica Yoloxóchitl
Bustamante Díez, el IPN creó la Unidad Politécnica de Gestión con
Perspectiva de Género con el objeto de desarrollar una cultura que
promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los
géneros, según el acuerdo creación. Sin embargo, los espacios libres de
violencia son aún un reto en la institución para sus mujeres
estudiantes.
UPN: sin aplicar reglas para atender
denuncias
En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), plantel Ajusco, donde 80
por ciento de su matrícula son mujeres, las estudiantes no cuentan con
ningún mecanismo eficiente para denunciar la violencia de género que
viven en la universidad.
Ante
denuncias anónimas de estudiantes, el año pasado la institución indicó no
tolerar comportamientos violentos y mediante un comunicado invitó a las alumnas
a acercarse al Centro de Atención a Estudiantes (CAE) para recibir orientación
sobre cómo denunciar cualquier situación de acoso, hostigamiento y violencia
sexual.
El director del CAE, el catedrático Gerardo Ortiz
Moncada comentó en entrevista que, en ese tipo de casos, a las víctimas se les
da contención, después se les canaliza a donde lo requieran y algunas veces se
les da seguimiento.
“Se les ofrecen alternativas y las alumnas toman la
decisión que más les convenga. Nosotros las acompañamos hasta donde lo
decidan”, explicó Ortiz Moncada. Aseguró que el mayor número de casos que llegan
a la instancia que dirige están relacionados con la violencia en el noviazgo.
“Muchas veces se trata de novios ajenos a la universidad, es decir que no son
estudiantes y mucho tiene que ver con la población de la universidad ya que es
mayormente femenina”.
No obstante, desde del año pasado las alumnas organizaron acciones
públicas, como poner tendederos de denuncia en su escuela, para señalar
el acoso sexual de los profesores, quienes les mandan mensajes de texto
con contenido sexual, en clase buscan contacto físico con ellas o las
persiguen en redes sociales para enviarles fotos eróticas.
Por otro lado, la doctora Pilar Cruz Pérez, profesora e investigadora
de la UPN, comentó a esta agencia que el CAE es una instancia tan
general, en cuanto a la atención de las necesidades de las y los
estudiantes, que tiene muy poca capacidad de respuesta. “Por eso las
chicas se acercan a quien le tienen confianza. Muchas veces yo, que soy
su maestra, ni siquiera sé a dónde acudir”, señaló Cruz Pérez.
La UPN cuenta con reglamentos y códigos de conducta
dirigidos a la comunidad estudiantil, así como al personal académico y no
docente. En estos lineamientos se identifican comportamientos que son
sancionables, sin embargo, no se indica de qué forma se harán efectivas las
sanciones.
A pesar de que existe todo ello, la profesora Pilar Cruz Pérez
considera que es insuficiente para atender el problema de violencia que
viven las estudiantes y profesoras porque es letra muerta. “Las
autoridades de la universidad no la difunden, no saben cómo aplicarla,
ni como sancionar las conductas de violencia, por eso la mayoría de las
veces la forma en la que llegan las denuncias es con nosotras (las
docentes)”.
Resalta que ante esta normatividad que no se aplica, una comisión de
profesores, en la que ella se incluye, diseñó un protocolo para
responder a las demandas de las estudiantes y atender adecuadamente el
problema de violencia de género en la universidad. En noviembre pasado
el protocolo fue redactado y entregado a la Rectoría. A la fecha
desconocen cómo y cuándo empezará a aplicarse.
UACM: docentes que defienden derechos de las mujeres
La renuencia de las instituciones educativas en reconocer y dar
importancia a la problemática también está en la UACM, donde las alumnas
no son las únicas que viven violencia. Las agresiones también alcanzan a
las docentes que imparten materias sobre género, con enfoque feminista o
que apoyan a sus estudiantes.
El acoso y la manifestación del machismo hacia
profesores comenzó a ser visible en 2013 cuando las docentes Clemencia Correa
González y María del Carmen Rodríguez Sánchez denunciaron a uno de sus colegas
por acoso sexual.
Después de
esta denuncia el trato hacia las académicas feministas fue muy agresivo, razón
por la cual Francesca
Gargallo, escritora y profesora en la licenciatura de Filosofía e Historia de
las Ideas decidió separarse de la universidad.
“Demostraron que para ellos los derechos humanos de
las mujeres no existen… desde entonces, intentaron silenciar los
hechos y desprestigiar a las profesoras denunciantes. Por lo mismo las
actitudes en contra de las docentes y estudiantes feministas han empeorado”,
indicó la docente.
Por ejemplo, desde el 4 de septiembre, la maestra
Claudia Domínguez Hernández y sus alumnas del Seminario de Tesis son
custodiadas por mujeres policías para trasladarse desde el metro 20 de
noviembre hasta el edificio donde toman clase en el plantel Valle. Esta medida la
solicitaron debido a las amenazas que han enfrentado.
A pesar de la
creciente presencia de mujeres en las universidades, los contenidos carecen de
perspectiva de género y el personal docente no garanticen la igualdad ni la no
violencia hacia las estudiantes.
Sobre
esta violencia de género en las universidades, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) e integrante de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados,
Rocío del Pilar Villarauz Martínez, quien siguió de cerca el caso de las
estudiantes del IPN, apunta que es urgente seguir con los ejercicios de
vigilancia en otras universidades.
La legisladora considera que la violencia
hacia las estudiantes se trata de un fenómeno que ocurre en prácticamente todas
las comunidades universitarias sin que se tengan respuestas satisfactorias.
Además, señaló, las universidades
están obligadas a asegurar espacios sin violencia como lo estipula la Ley
General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que
califica a la violencia docente como aquella que “se ejerce por las personas
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una
omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y
seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.
CIMACFoto/ María Esparza
Ciudad de México.-
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