Editorial La Jornada
El hecho de que los salarios
contractuales (es decir, aquellos que se negocian entre empresas y
sindicatos) se hayan incrementado, en promedio, a niveles mayores que el
de la inflación, constituye un signo alentador no sólo para un enorme
número de personas que viven de su trabajo, sino también para la
economía del país en general. Como complemento, que el poder adquisitivo
haya registrado la mejor tasa de recuperación de las pasadas dos
décadas indica que la política salarial de la actual administración de
gobierno está cumpliendo, sin estridencias pero de manera consistente,
con el objetivo de
recuperar paulatina y responsablementeese poder, tal como lo anunciaran hace un año las autoridades hacendarias.
Las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), según las cuales el pasado mes de diciembre las
percepciones de los trabajadores aumentaron en 2.95 por ciento en
términos reales, descontando la inflación, se inscriben en una tendencia
que se mantuvo a lo largo de 2019 y que consiste en revertir el
constante deterioro en la capacidad adquisitiva de esas percepciones (a
fines de 2018, por ejemplo, el salario mínimo había perdido 70 por
ciento de su poder de compra).
Incrementar y mantener los salarios por encima de los índices
inflacionarios –propósito anunciado de manera explícita por el jefe del
Ejecutivo– era una condición indispensable para revitalizar un mercado
interno que se alzaba como única alternativa frente a la desaceleración
de la industria y a un entorno económico internacional poco favorable
para nuestro país. Y el ritmo sostenido que mantiene la relación
salario/inflación en favor del primero –se mantuvo todo el año 2019–
evidencia que esa condición se está cumpliendo.
Es, asimismo, significativo que del total de negociaciones
contractuales llevadas a cabo en los pasados 12 meses la gran mayoría se
hayan realizado en el contexto del sector privado. Y lo es porque pone
de manifiesto que también en dicho sector –donde con frecuencia se alzan
voces que cuestionan las políticas gubernamentales– se advierte la
necesidad de aumentar los ingresos de millones de ciudadanos que durante
años han vivido con lo mínimo indispensable, y a veces ni eso. No hay
que olvidar, de todos modos, que en términos comparativos los haberes de
los trabajadores mexicanos se encuentran por debajo de la mayoría de
los promedios internacionales en ese rubro. Pero aún dentro de sus
acotados límites, los incrementos que han tenido, y que les han servido
para conservarse por encima de la inflación, constituyen un avance
innegable.
Escépticos, a comienzos de este año algunos analistas financieros
internacionales alertaban sobre la política salarial del presidente
López Obrador, porque –argumentaban–
podría afectar negativamente la formación de precios. Pero también un par de meses antes habían pronosticado que un ajuste salarial iba a generar presiones inflacionarias que en definitiva no se produjeron.
Conviene recordar que la tasa inflacionaria del país se ha mantenido
dentro de las previsiones del Banco de México (3 por ciento con una
variación eventual de un punto) y que ello facilita que los aumentos de
salarios sigan arriba de la inflación. Pero no por ello la tendencia
deja de representar un positivo síntoma de recuperación económica.
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