Editorial La Jornada
El presidente Andrés Manuel
López Obrador presentó ayer la propuesta de reforma al sistema de
pensiones, cuyo texto es resultado del consenso entre el gobierno
federal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de
Trabajadores de México (CTM). En presencia de los dirigentes de estos
organismos, del secretario de Hacienda y los presidentes de las juntas
de Coordinación Política del Congreso, el mandatario resaltó que con el
nuevo esquema aumentaría en 70 por ciento el monto percibido por quienes
reciben la pensión mínima, al mismo tiempo que la masa de los
pensionados pasaría de 34 a 82 por ciento de los trabajadores que llegan
a la edad de retiro. Como reconoció el propio López Obrador, incluso
con estas mejoras la cuantía de las pensiones que alcanzará la mayor
parte de los trabajadores dista de ser la idónea, pero representa una
solución inmediata en el terreno de lo posible.
Entre las principales medidas planteadas para garantizar a los
mexicanos una pensión digna cuando lleguen al final de sus vidas
laborales se encuentran la disminución en las semanas cotizadas
necesarias para alcanzar este beneficio –de mil 250 (25 años) a 750 (15
años) –, el aumento en la aportación al fondo para el retiro –de 6.5 a
15 por ciento del salario–, y el ajuste en las comisiones cobradas por
las Administradoras de Fondos para el Retiro, que hoy se encuentran
entre las más altas del mundo, pero que en lo sucesivo deberán ajustarse
a estándares internacionales. Cabe destacar que el aumento en las
aportaciones será absorbido por la parte patronal, mientras los
trabajadores seguirán contribuyendo con la misma porción de sus
ingresos. A fin de que este ajuste no tenga impactos inflacionarios ni
afecte las finanzas de las empresas, se aplicará de manera gradual en un
periodo de transición de ocho años.
Más allá de los evidentes beneficios que traerá a millones de
trabajadores, lo más reseñable de la reforma que deberá tramitar el
Legislativo es el consenso logrado entre el gobierno de la Cuarta
Transformación, los partidos opositores y la iniciativa privada para
abordar un problema que resulta de obvia necesidad y urgencia, pero que
las administraciones anteriores postergaron de manera irresponsable. El
respaldo de las cúpulas patronales a este esfuerzo por aliviar la
catástrofe social que representa el esquema de retiro vigente demuestra
que es posible ponerse por encima de las diferencias políticas para
alcanzar acuerdos trascendentales.
Quizás el único antecedente de un consenso significativo durante el
actual sexenio –cuyas medidas y políticas han sido sometidas en
automático a una incesante crítica desde la oposición política y
empresarial– se dio en los incrementos a los salarios mínimos,
orientados a la paulatina recuperación del poder adquisitivo de los
trabajadores; significativamente, este asunto está vinculado al de las
pensiones, en tanto los fondos destinados al retiro son un porcentaje
del sueldo.
La reforma propuesta ayer tiene, pues, el mérito de poner sobre la
mesa un problema de largo plazo y de lograr el consentimiento
generalizado. En suma, hay que saludar una iniciativa que enmienda el
sistema de pensiones actual en beneficio de las mayorías, así como
esperar que la convergencia entre el Ejecutivo federal y el Consejo
Coordinador Empresarial marque un punto de inflexión en la constante
inconformidad de los organismos cupulares de la iniciativa privada ante
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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