En las grabaciones se escucha la conversación: “Tráeme a una de trece
años, pero que sea virgen ¿de Miami? Sí esa, para (palabras que
describen crudamente violación infantil) ¿Cuánto? (se ríe)”. Al otro
lado del teléfono el traficante de niñas responde: “Tres mil dólares mas
los papeles…sí, una virgen pero que haga (descripción de violación
infantil por dos adultos) como a ti te gusta papá”. Este es el fragmento
de una de más de quince conversaciones que escucharon las y los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de México en abril de 2006. Se
cumplían unos meses de que yo había sido secuestrada y torturada
física, sicológica y sexualmente durante más de veinte horas por
policías; esto por haber escrito uno de mis 16 libros: la investigación
“Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía infantil”,
gracias a la cual uno de los tratantes está purgando una sentencia de
113 años de prisión.
El entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres (PRI) encabezó
la red de protección política que pretendía silenciar la operación
político-empresarial de explotación sexual comercial de niñas de entre 4
y 13 años más documentada de la historia mexicana.
Para torturarme, encarcelarme ilícitamente e intentar silenciarme
hace 15 años, se coludieron servidores públicos de alto nivel; miembros
del senado, los gobernadores de Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, el
presidente del Poder Judicial de Puebla, una jueza, el director de la
policía judicial, empresarios que blanquean capitales ilícitos, policías
municipales y ministerios públicos. Todos sus nombres están en los
expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalados por
mí, por testigos, criminólogos y víctimas, como parte de la trama
criminal “Demonios del edén”, sólo en nuestra región este delito deja a
los tratantes 1.3 mil millones de dólares, mientras México es el mayor
consumidor de pornografía infantil.
Desde hace quince años demostré jurídicamente que el caso documentado
en mi libro y llevado a los tribunales de Arizona, Estados Unidos, al
Supremo de México, a cortes federales de Cancún, Puebla y CDMX, para más
tarde llegar a la Corte Interamericana en Washington, hasta a la ONU en
Ginebra, demuestra, sin lugar a duda, que estamos hablando de
delincuencia organizada trasnacional, ciber-delincuencia especializada
en pornografía infantil, lavado de dinero desde México, E.U, Asia,
Suiza, así como tortura policiaca orquestada para la protección de esos
grupos de crimen organizado de cuello blanco. El ex subprocurador de
investigación de delincuencia organizada (SIEDO), José Luis Santiago
Vasconcelos, compiló la evidencia, junto con mis testimonios y pruebas y
sus investigaciones, creó una carpeta que demuestra el poder de esta
red criminal, con tentáculos protectores que llegaban hasta la
presidencia de la República de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón;
vínculos que permanecieron durante años y que el hoy Fiscal General
Gertz Manero se niega a admitir.
Desde hace veinte años, en que recibí las primeras amenazas de muerte
por investigar crímenes de Trata de niñas, niños y mujeres, he
enfrentado a las autoridades corruptas y/o ineficaces de dos gobiernos
del PAN, uno del PRI y ahora el actual: MORENA. Mi perseverancia radica
en la necesidad urgente de que este gobierno, y su gabinete de
seguridad, cumplan con su deber junto a las instituciones relacionadas
con la prevención, atención, sanción y erradicación de estos ilícitos:
un millón 500 mil violaciones, los crecientes crímenes contra la niñez
mexicana y la violencia de género que arrebata la vida de 10 mujeres
diariamente. La negación política de estos hechos incontestables implica
pena de muerte para las víctimas, así como el aumento exponencial de la
desaparición de niñas y niños. Cada vez que las autoridades niegan la
realidad, se empoderan miles de pederastas que saben que la “verdad
ilusa” de que en México no pasa nada, les hace más libres para someter a
sus víctimas impunemente.
Hoy, martes 21 de julio, se cumple un año de que dos sicarios
entraron en mi hogar, mataron a mis perritas, entraron armados por mi y
robaron sólo material periodístico; por fortuna pude escapar. Ya un año
de vivir en desplazamiento forzado, investigando mi propio caso,
trabajando, solicitando asilo temporal en diferentes países mientras
demuestro y declaro una y otra vez ante las tres fiscalías que llevan mi
caso y que, en las últimas semanas, se han negado a darme audiencia
virtual. Mientras tanto, en México, el presidente asegura que se
acabaron las violaciones a los Derechos Humanos, que las mujeres y la
niñez reciben protección y justicia. Un día después de esa declaración,
aprobaron recortes de 151 millones de pesos al Inmujeres, la institución
responsable de los programas de protección y prevención de violencia de
género, y renunció, por falta de recursos operativos, la directora de
la Comisión Nacional Para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim, dependencia de la Secretaría de Gobernación). Sin duda
los hechos desdibujan las declaraciones políticas.
Hace 18 meses, en enero 10 de 2019, el entonces entrante gobierno de
López Obrador se vio obligado a reconocer que fui torturada por miembros
del Estado Mexicano para proteger a la delincuencia organizada. No fue
un favor gubernamental, dieron cumplimiento obligatorio a la resolución
de las Naciones Unidas que exige reparación integral del daño en mi
caso. Ello entraña no solamente la disculpa, sino la detención de todos
los implicados, el reconocimiento de que la delincuencia organizada
compra y vende miles niñas y niños para esclavizarles, y que en ello
están implicados servidores públicos y empresarios de los más altos
niveles; con vínculos políticos con administraciones anteriores y
miembros del actual gobierno.
Hoy están prófugos los autores intelectuales de mi tortura y
tentativa de desaparición forzada, son tres de trece líderes de esta red
criminal: un empresario millonario, un exjefe policíaco y un
exgobernador. Los sicarios que entraron en mi hogar siguen intocados, a
pesar de que he presentado pruebas de quiénes son, para quién trabajan,
dónde viven y por qué aceptaron poner precio a mi cabeza. Hemos
demostrado que un mismo grupo de abogados defiende a todos los
implicados en mi tortura y en el caso “Demonios del edén”.
Las autoridades se niegan a reconocer que estamos luchando contra el
crimen organizado dedicado a la esclavitud humana, el feminicidio y
atentados contra la libertad de expresión. Un puñado de servidores
públicos sí están dando la batalla al interior del gobierno, pero no son
suficientes, mientras la cobardía y los pactos de silencio sigan vivos,
la mafia en el poder quedará intocada y yo seguiré demostrándolo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario