Trasnacionales buscan “convencer” al Poder Judicial de bondades del glifosato

Zósimo Camacho

Fracasa ‘albazo’ a favor de Monsanto en tribunal colegiado, pero la batalla sólo se pospone. Trasnacionales y agroempresarios tendrán más oportunidades, en 20 de juicios de amparo vigentes interpuestos ante el Poder Judicial, de “convencer” a magistrados y jueces para seguir importando el carcinógeno glifosato. Los cabilderos de los emporios habían logrado que magistrado ponente reprodujera la propaganda de Monsanto en su propuesta de resolución y desechara más de 400 estudios científicos. Más aún, fuera de la sesión y sin discusión pública, habían “convencido” a los otros integrantes del tribunal para que resolvieran por “unanimidad” a favor del uso masivo del agrotóxico. Al verse en entredicho, el togado decidió bajar su proyecto y dejarlo en listas para futura discusión. Todavía no es un triunfo, “no hay que bajar la guardia”, advierte Érica Hagman, secretaria ejecutiva de la Cibiogem. El proyecto tiene que ser reelaborado para que se protejan los derechos humanos, exige Mariel Bonilla Dumit, subdirectora de Procesos Jurídicos del Conahcyt

El magistrado Ricardo Gallardo Vara terminó por retirar el proyecto de resolución que ordenaba amparar a Monsanto para importar glifosato y dejar sin efectos uno de los decretos presidenciales, que busca la sustitución paulatina del agroquímico. Al inicio de la sesión, del miércoles pasado, abogados de tres dependencias de gobierno federal, y de organizaciones terceras interesadas, vieron con sorpresa que en el sistema del Poder Judicial la propuesta que favorecía a la trasnacional aparecía ya como “aprobada” y “por unanimidad”.

Ante el escándalo que generó, primero, que la propuesta de resolución del magistrado reproducía el discurso de Monsanto para favorecerle; y, después, que sin que iniciara la sesión ni hubiera discusión pública alguna, el proyecto aparecía “aprobado” de manera unánime, el ponente finalmente pidió que se pospusiera el proceso.

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Nervioso, Ricardo Gallardo Vara salió unos instantes de la sesión celebrada el 15 de noviembre. A su regreso, argumentó que: “…a efecto de analizar bien esa promoción [de un tercero interesado en el juicio], yo diría que el asunto se dejará en lista para poder ver si efectivamente tiene carácter de tercero, o no lo tiene” (sic).

La respuesta del presidente en turno de tribunal fue: “Muy bien, pues a petición del magistrado ponente se deja en lista el asunto de cuenta…” (sic). Y se continuó con la sesión.

En la propuesta de resolución del amparo en revisión 504/2022, el magistrado ponente, Ricardo Gallardo Vara, y el secretario, Erik Castro Salas, reprodujeron los postulados de Monsanto. Rechazaron, sin tener credenciales para ello, los estudios científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Y, en contraste, aceptaron el discurso de la trasnacional. Más aún, argumentaron en favor de la inocuidad del maíz transgénico.

La intentona del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –donde fue a recaer la revisión del amparo previamente otorgado a Monsanto– generó reacciones incluso entre activistas de varios estados de la República. También, entre los cuerpos legales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt); la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La bióloga Érica Lissette Hagman Aguilar es directora de Políticas y Normativa del Conahcyt, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Califica de “importante” que se haya pospuesto la discusión en el tribunal y no se haya aprobado el borrador de la propuesta, “pues nos abre una breve oportunidad para que haya más difusión e información al respecto, hay que insistir mucho en esta parte”.

Pero advierte: “de ninguna manera se puede calificar como un triunfo; no hay que bajar la guardia”.

Por su parte, la maestra Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, subdirectora de Procesos Jurídicos del Conahcyt, explica el riesgo de que el Poder Judicial termine por favorecer a las trasnacionales en alguno de los juicios. En este caso, en contra del primer decreto presidencial emitido el 31 de diciembre del 2020, para ir sustituyendo gradualmente el uso del glifosato.

“Inicialmente el Juez Sexto de distrito resolvió esta controversia favoreciendo a la empresa en cuanto a las semillas agropecuarias porque no acredita el interés jurídico, es decir, no acredita que exista una afectación respecto a este decreto en cuanto a su esfera jurídica.”

Lo anterior, a pesar de que “les hemos hecho evidente estudios científicos que acreditan los daños que puede llegar a ocasionar el uso de glifosato y la relación indisoluble con el maíz genéticamente modificado. Por esta razón, nos acercamos a los magistrados exhortándolos a que dictaran un proyecto conforme a derecho.

“Vemos con esperanza el hecho de que se haya pospuesto la aprobación del proyecto, pero esperamos que éste sea modificado en términos legítimos y legales porque es muy lamentable que de la lectura misma de este proyecto no se advierta ningún análisis en conceptos de derechos humanos que están en juego, como el derecho a la salud, a la alimentación, al medio ambiente sano, el acceso al agua, pero, primordialmente, el derecho a la vida.”

FOTO: 123RF

El miércoles pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a petición del Magistrado Ricardo Gallardo Vara, pospuso la resolución de los recursos de revisión interpuestos por el presidente de México y diversas autoridades adscritas a éste, en contra de la resolución del juicio de amparo tramitado de origen en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que se concedió el amparo a Monsanto respecto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre del 2020 relacionado con disposiciones para sustituir el uso de la sustancia química denominada glifosato.

La solicitud de dejar pendiente la resolución del asunto, radicó en que se presentó un escrito por un tercero interesado. Y, con objeto de analizar dicho documento, se argumentó, se pospuso su resolución.

El fallo que determine la resolución del asunto es considerado de trascendencia para el gobierno federal y para la sociedad en su conjunto. Lo anterior, porque el glifosato es el herbicida que se emplea fundamentalmente en los cultivos de soja, maíz y algodón transgénico. Este herbicida es “destructor de la biodiversidad y agente tóxico altamente peligroso para la salud humana”, reitera el comunicado de la Semarnat.

Organizaciones defensoras del medio ambiente señalan, por ello, la trascendencia de la resolución. Y observan que el Poder Judicial tiene una “gran responsabilidad” en materia de impartición de justicia con la resolución que se emita.

Esta semana, el Congreso de Colima votará un punto de acuerdo para exhortar a los magistrados de dicho tribunal para que defiendan la salud de la población y el interés nacional frente a las pretensiones de Monsanto y otras trasnacionales.

“Se realiza un atento y respetuoso exhorto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que, en el marco del Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de sus funciones jurisdiccionales, prioricen el bienestar común sobre los intereses de las transnacionales y observen los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de que tengan todos los elementos necesarios y fundamentales, al resolver sobre el asunto que se encuentra al seno de este Tribunal, referente a la importación de manera masiva el herbicida cuestionado por sus probables daños a la salud humana y al ambiente, denominado glifosato.”

En el exhorto que se propondrá a votación se resalta que el glifosato está en proceso de prohibición en varios países. En el caso de Brasil, este agroquímico “fue objeto de una breve batalla judicial en 2018, cuando un juez suspendió los nuevos productos a base de glifosato antes de que un tribunal a cargo del gobierno anulara su decisión. Algo parecido a lo que está sucediendo actualmente en México”.

Mientras que, en Francia, Emmanuel Macron se comprometió en 2017 a salir del glifosato a más tardar a principios de 2021, antes de retractarse. Desde entonces, París se fijó como objetivo salir de lo esencial de su uso.

“En 2020, la agencia sanitaria francesa Anses anunció restricciones progresivas para su utilización en la agricultura, ya que su uso por particulares está prohibido desde 2019.”

Asimismo, en los Países Bajos y Bélgica el uso del glifosato está prohibido para los particulares. En Portugal, su uso está prohibido en los espacios públicos. En República Checa, está limitado, pero no prohibido desde 2019.

Por su parte, Alemania tiene previsto prohibir el glifosato a finales de 2023. El punto de acuerdo cita que en este país “las primeras limitaciones entraron en vigor en 2020 con una prohibición en los espacios públicos”, como parques, campos de deportes, escuelas, y en los jardines particulares.

Incluso, Vietnam, en abril de 2019, anunció una prohibición de su uso que entró en pleno vigor a mediados de 2021.

A los casos anteriores, se debe sumar el de Estados Unidos donde, si bien no está prohibido, la trasnacional ha perdido juicios por cientos de millones de dólares ante personas enfermas de cáncer.



Como se recordará, el proceso pospuesto en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se deriva del juicio 313/202, promovido por Monsanto Comercial, S de RL de CV, y Semillas y Agroproductos Monsanto, S de RL de CV, en contra del decreto del 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, no se trata del único recurso interpuesto por trasnacional y agroempresarios mexicanos. Suman 37 juicios de amparo contra los dos decretos que prohíben gradualmente el uso del carcinógeno glifosato, en México. Informes gubernamentales dan cuenta de 17 sobreseídos, y 20 que continúan en disputa. De estos últimos, dos resultaron favorables a Monsanto y Velsimex, pero el gobierno federal interpuso recursos de revisión.

Estos documentos consideran “punto crítico” la posibilidad de que jueces autoricen la importación masiva del plaguicida. De los 37 juicios de amparo, 31 combaten el Decreto Presidencial del 31 de diciembre del 2020: 16 sobreseídos definitivamente; 11 en los que se han emitido sentencias de sobreseimiento o de negar el amparo y protección, pero no están firmes, y dos en las que el Poder Judicial concedió el amparo y protección a favor de la parte quejosa, pero están siendo combativas con recursos de revisión.

Con respecto del decreto del 13 de febrero del 2023, suman seis juicios de amparo: cinco en trámite y uno sobreseído.

Documentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías (Conahcyt), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierten la posibilidad de que trasnacionales y agroempresarios mexicanos logren evadir los decretos que prohíben el uso gradual del carcinógeno. Con resoluciones judiciales, podrían importar masivamente el plaguicida. Se advierte que las empresas quejosas pretenden que les sea autorizada la importación de la totalidad de los volúmenes solicitados de glifosato.

Como se recordará, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Establecen las Acciones que Deberán Realizar las Dependencias y Entidades que Integran la Administración Pública Federal, en el Ámbito de sus Competencias, para Sustituir Gradualmente el Uso, Adquisición, Distribución, Promoción e Importación de la Sustancia Química Glifosato y de los Agroquímicos Utilizados en Nuestro País que lo Contienen como Ingrediente Activo, por Alternativas Sostenibles y Culturalmente Adecuadas, que Permitan Mantener la Producción y Resulten Seguras para la Salud Humana, la Diversidad Biocultural del País y el Ambiente.

Además, el 13 de febrero de este año se publicó, en el mismo Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se Establecen Diversas Acciones en Materia de Glifosato y Maíz Genéticamente Modificado.

Ambos instrumentos buscan la sustitución gradual del también llamado “matatodo”; algo a lo que se opone el alto sector agroempresarial y trasnacional. Lo anterior, porque le significa una reducción de su tasa de ganancia y resultaría en un dique definitivo a la implantación de maíz transgénico en territorio nacional.

Érica Hagman, secretaria Ejecutiva de la Cibiogem, señala que magistrados y jueces que conozcan del caso deben entrar al fondo del asunto y considerar todas las pruebas que se ofrecieron “y que sí son evidencia científica”.

Considera “preocupante” la redacción del proyecto que estuvo a punto de ser aprobado. “Trata de imponer un antecedente; incluso dice, en las conclusiones, que hay una ‘convicción internacional’ de que es ciencia sólida lo que se está presentando el  este proyecto, cuando en realidad es solamente un conjunto seleccionado de conclusiones de dictámenes de unas cuantas instancias regulatorias a nivel internacional. Esto de ninguna manera se puede calificar como evidencia científica. Y, mucho menos, puede descartar ni contrarrestar los casi 2 mil estudios científicos que han mostrado que el glifosato es cancerígeno, a través de diversas vías como la genotoxicidad y el estrés oxidativo que es dañino para el sistema neurológico y el sistema digestivo en humanos”.

El otro “punto crítico” que señalan documentos de Cofepris, Conahcyt, Semarnat, la Secretaría de Salud (Ssa) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es el trabajo intersecretarial entre estas dependencias para promover “prácticas agroecológicas, o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, por lo que éstas deben definirse”. Esto último, ante la oposición y resistencia de los grandes agroempresarios.

Se trata de una carrera contra el tiempo porque la fecha límite para implantar estas técnicas y productos orgánicos vence en marzo próximo

Respecto a los amparos que siguen vigentes, Mariel Bonilla Dumit, subdirectora de Procesos Jurídicos del Conahcyt, considera que “deberán de ser sobreseídos, toda vez que ya cesaron los efectos de la normativa que se estaba impugnando”.

Por parte de la representación de los agroindustriales en el país, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la reacción fue pedir dejar atrás “ideologías de agroindustria”. Al reprobar la pospuesta de la discusión y aprobación de la resolución del amparo, declaró su apoyo al glifosato. Mauricio Garza, vicepresidente del organismo patronal, reconoció que sí se necesita una regulación, pero para “hacer al sector más productivo”. Durante su participación en la firma del convenio del Consejo de Sostenibilidad de UPL, puso como “ejemplo” que en Europa las zonas agrarias “son mucho más avanzadas que las de México y Latinoamérica” gracias al uso de agroquímicos.