Las masivas protestas y las promesas de los líderes políticos no logran frenar la violencia sexual en la India
Nueva
Delhi, 22, ene. 13. AmecoPress/IPS- El Parlamento Europeo ha pedido a
la India que acabe con todas las formas de violencia contra la mujer y
exige que el Gobierno de Delhi adopte y aplique leyes más estrictas. La
petición se produce a raíz de la violación y asesinato de la joven
india de veintitrés años Jyoti Singh Pandey el pasado 16 de diciembre
en un autobús de Nueva Delhi. El crimen ha provocado una ola de
protestas en ese país. El juicio contra los violadores ya ha comenzado
y el padre de la joven pide la horca para los acusados.
Comienza el
juicio contra los violadores de la estudiante de medicina Jyoti Singh
Pandey que fue brutalmente violada en un autobús público de Nueva
Delhi. El padre de la joven pide la horca para los cinco acusados de
homicidio, violación, secuestro y robo. La India es uno de los 69
países en los que todavía se aplica la pena de muerte, en 2004 se
interrumpió una moratoria que había durado 15 años para ejecutar a la
persona que atentó contra la vida de la presidenta Indira Gandhi.
Las masivas
protestas y las promesas de los líderes políticos no logran frenar la
violencia sexual en la India, donde el clamor popular pidiendo justicia
se está transformando poco a poco en un llamamiento a que se aplique la
pena de muerte.
En la fría
noche del miércoles 16, exactamente un mes después de que una joven
fuera violada en grupo y torturada en un autobús en marcha en Nueva
Delhi, cientos de personas se reunieron con velas en sus manos en la
capital india para expresar su indignación por lo ocurrido. Llegaron
para recordar a la víctima que, 13 días después del ataque el 16 de
diciembre pasado, murió en un hospital de Singapur a causa de las
heridas internas que le provocaron sus agresores.
El caso
provocó indignación en este país de 1.200 millones de habitantes que
sufre desde hace tiempo una epidemia de violencia sexual. La furia era
palpable en las personas congregadas la semana pasada en el lugar
icónico de protestas para los habitantes de Nueva Delhi, el histórico
centro astronómico de Jantar Mantar. Allí homenajearon a Jyoti Singh
Pandey, estudiante de medicina de 23 años, a la que ahora se llama
"Corazón valiente" o "la hija de India".
Pero las
protestas y los insistentes llamamientos a que se haga justicia no
alcanzan a frenar la violencia: una serie de violaciones en grupo,
incluyendo algunas también dentro de autobuses, han sido denunciadas en
todo el país en las últimas semanas. La brutalidad de esos ataques es
casi directamente proporcional a la pasión de las protestas, señalan
activistas y expertos.
Frente a esto,
las multitudes han dejado de exigir justicia y ahora directamente piden
la muerte de los responsables: el cartel de "Queremos justicia", el más
usado en las manifestaciones, se está reemplazando ahora por el de
"Cuelguen a los violadores".
Tras la
explosión de las protestas callejeras y los intercambios de opiniones
en las redes sociales en Internet, el debate ahora se enfoca hacia si
la aplicación de la pena de muerte puede poner fin, o al menos reducir,
los horribles ataques contra las mujeres. La polémica parece surgir de
un fuerte sentimiento de frustración.
El mes pasado,
las autoridades indias se esforzaron por tranquilizar a los
manifestantes con promesas de enmiendas legales y un fortalecimiento de
la seguridad para las mujeres. Pero aun con los fuertes discursos
políticos y la mayor presencia policial en las calles, los ataques
continuaron.
A comienzos de
este mes, una mujer fue víctima de una violación grupal dentro de un
autobús en el norteño estado de Punjab, mientras que en el
noroccidental de Rajasthan, una joven se suicidó después de que la
policía la amenazara por haber presentado una denuncia de ataque
sexual. En el occidental estado de Goa, una niña de siete años fue
violada en un baño de su escuela.
La pena de muerte entra en escena
Estos casos
han obligado a los políticos y a los ciudadanos en general a afrontar
las limitaciones de su sistema judicial. La ministra de Desarrollo de
las Mujeres y la Infancia, Kirshna Tirath, dice que se deben cambiar
las leyes para contemplar la pena de muerte como castigo para los casos
más brutales de violación. La misma petición ha hecho la líder de la
oposición en el parlamento, Sushma Swaraj, del partido nacionalista
hindú Bharatiya Janata.
Estos
llamamientos del sector político han encontrado apoyo entre muchos
ciudadanos indignados por el creciente número de ataques. En una
encuesta realizada en las últimas semanas, el 100 por cien de las
mujeres consultadas dijeron que el mayor problema que afronta este país
es resolver el problema de la inseguridad que sufren muchas de ellas.
«Es una
completa tontería decir que los atacantes son humanos y merecen vivir a
expensas de los contribuyentes», nos dijo Sanchita Guha, profesional de
los medios radicada en Nueva Delhi. La pena capital "también le da a la
víctima la sensación de que se cierra su caso", añadió.
Sin embargo,
la mayoría de los grupos de mujeres se oponen a la pena de muerte o a
castigos severos como la castración química de los violadores. En
cambio, exigen una rigurosa condena a prisión a los perpetradores, que
por lo general salen impunes a través de vacíos legales o gracias a la
insensibilidad del sistema judicial.
Kavita
Krishnan, uno de los rostros más destacados en las protestas callejeras
y secretaria de la Asociación de Todas las Mujeres Progresistas de
India, dice que «Todo este debate sobre la pena de muerte es una pista
falsa para desviar la atención de los crímenes de género y concentrarse
en la severidad del castigo». «La pena de muerte no es una solución
para un país con leyes misóginas. No hay evidencia en ninguna parte del
mundo de que la pena de muerte reduzca las violaciones o disuada a
alguien de cometer un crimen», afirma.
En todo caso,
la pena de muerte podría disuadir a los jueces de emitir severas
sentencias contra los perpetradores, «pues los tribunales tendrán mucha
cautela antes de dar un veredicto», asegura Krishnan. «En India, un
gran número de ataques sexuales también ocurren en el hogar, entre
personas cercanas entre sí. Si hay pena de muerte, la víctima estará
bajo una intensa presión para no presentar la demanda», advierte. «Las
penas deben aumentar en la India, y el debate debe ser sobre la
seguridad de que haya castigo y sobre leyes con sensibilidad de
género».
Actualmente,
los violadores sufren una condena mínima de siete años de prisión, de
acuerdo con la sección 376 del Código Penal, sentencia que puede ser
extendida a 10 años dependiendo de la severidad del caso. Pero la
sección 375 del Código Penal considera violación solo a aquella
agresión sexual que incluya penetración con el pene, excluyendo así el
sexo oral forzado o la penetración con un objeto extraño, que puede
causar heridas aun más severas.
Estas últimas
agresiones solo están contempladas en la sección 354, referida a los
«ataques a mujeres con intención de atentar contra su modestia» y en la
sección 377, que castiga el «contacto carnal contra el orden natural».
Para Ranjana
Kumari, directora del Centro para Investigación Social, con sede en
Nueva Delhi, incluir la pena de muerte como castigo para la violación,
paradójicamente, podría hacer que los responsables nunca fueran
sancionados. La experta explicó que muchos condenados a muerte pueden
solicitar clemencia al presidente, que tiene el poder de conmutar la
sentencia.
«Si se admite
la pena capital, el proceso judicial será también muy largo. Ya hay
unos 95.000 casos pendientes en varias cortes y es imposible aplicar la
pena de muerte a tan gran cantidad de personas», afirma. «Queremos un
castigo severo, que incluya una prisión rigurosa, porque de otra manera
solo será una opción entre la pena de muerte o ningún castigo». El
porcentaje de condenas a prisión por violación en la India es del 26
por ciento, señala. «También hemos descubierto que nadie recibe una
condena de más de tres o cuatro años de cárcel».
Tras las
protestas en Nueva Delhi, el gobierno ha designado a un comité
integrado por tres juristas que realizarán recomendaciones sobre
posibles enmiendas a la ley para incrementar los castigos y acelerar la
acción de la justicia.
Foto: IPS
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