Álvaro Delgado
Explosión en la Torre de Pemex; 37 muertos y más de 100 heridos.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO,
D.F. (apro).- La más reciente tragedia en Petróleos Mexicanos (Pemex)
exhibió la insensibilidad de Enrique Peña Nieto ante el luto, el
descontrol gubernamental ante el acontecimiento y la corrupción
sistémica en la paraestatal, pero también consolidó una certeza: La
verdad, ain si es la verdadera, está bajo sospecha.
Pese a que el gobierno de Peña concluyó que la explosión en el área administrativa de Pemex que mató a 37 personas no obedeció a un atentado, sino a la acumulación de gas, un informe que se rindió con relativa rapidez el lunes 4 –cinco días después del estallido–, la duda se instaló entre un sector de mexicanos.
El recelo no es sólo porque los priistas están ahora al frente del gobierno federal, que sólo por eso se justifica, ni porque se trata de la empresa estatal que ha sido sometida a un saqueo impune que no sabe de límites –al que se sumó con entusiasmo el panismo–, sino porque la verdad en México ha sido tantas veces escamoteada, manipulada, ocultada y traicionada.
Hay en México una crisis estructural de credibilidad en las instituciones del Estado que se fortalece permanentemente, como en dos recientes ejemplos: La liberación de la francesa Florence Cassez por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la exoneración que el Instituto Federal Electoral (IFE) hizo de los gastos de campaña de Peña.
La impunidad se ha instalado en México como sistema: El que la hace, es bien sabido, no la paga. Y la confianza está rota.
Ejemplos hay muchos y los hay desde hace décadas, aun antes de la Revolución institucionalizada.
El asesinato del general Francisco Serrano y sus 13 acompañantes, en 1927, se inscribe en esa consistente línea de impunidad. Plutarco Elías Calles, identificado como el autor intelectual, en vez de recibir castigo, creó el PRI que gobernó siete décadas ininterrumpidamente.
La verdad sobre los que tramaron la matanza de 1968 ha sido escamoteada por décadas y sólo por la persistencia periodística ha sido posible saber que comparten la culpa Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, aquel que también sembró el engaño sobre la matanza del Jueves de Corpus, en junio de 1971.
Los mexicanos jamás conocieron la lista de los ‘sacadólares’ que ofreció José López Portillo que, según él, provocaron la crisis de 1982 que resquebrajó la confianza de los mexicanos en las autoridades, acrecentada por el pasmo de Miguel de la Madrid en los terremotos de 1985, y que dieron origen al derrumbe priista de 1988.
Pero parte fundamental de la verdad del 88 se convirtió en cenizas gracias a la complicidad del PAN, tripulado por Diego Fernández de Cevallos, el candidato presidencial en 1994 cuando ocurrieron los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, a cual más de oscuros.
La sospecha se extendió en los sexenios de la alternancia por acontecimientos análogos: La muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, quedó en mero accidente aéreo, lo mismo que la de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, pese a que Felipe Calderón le rindió homenaje de Estado.
En medio de la bruma, en una tercera muerte de aviación, pereció Francisco Blake, el tercer secretario de Gobernación de Calderón, el individuo que llegó al cargo, en 2006, escamoteando la verdad de lo que verdaderamente ocurrió…
Apuntes
Este martes 5 de febrero, cuando se conmemora el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedarán perfiladas sólo dos fuerzas: Los que defienden la vigencia del artículo 27 y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, el petróleo incluido, y los que por ambición, ignorancia, dejadez o antipatriotismo dejarán que se entreguen a inversionistas privados, nacionales y extranjeros a los que representa el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien manejaba, hasta agosto, la constructora OHL, una de las empresas españolas más favorecidas en el Estado de México por Peña…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Pese a que el gobierno de Peña concluyó que la explosión en el área administrativa de Pemex que mató a 37 personas no obedeció a un atentado, sino a la acumulación de gas, un informe que se rindió con relativa rapidez el lunes 4 –cinco días después del estallido–, la duda se instaló entre un sector de mexicanos.
El recelo no es sólo porque los priistas están ahora al frente del gobierno federal, que sólo por eso se justifica, ni porque se trata de la empresa estatal que ha sido sometida a un saqueo impune que no sabe de límites –al que se sumó con entusiasmo el panismo–, sino porque la verdad en México ha sido tantas veces escamoteada, manipulada, ocultada y traicionada.
Hay en México una crisis estructural de credibilidad en las instituciones del Estado que se fortalece permanentemente, como en dos recientes ejemplos: La liberación de la francesa Florence Cassez por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la exoneración que el Instituto Federal Electoral (IFE) hizo de los gastos de campaña de Peña.
La impunidad se ha instalado en México como sistema: El que la hace, es bien sabido, no la paga. Y la confianza está rota.
Ejemplos hay muchos y los hay desde hace décadas, aun antes de la Revolución institucionalizada.
El asesinato del general Francisco Serrano y sus 13 acompañantes, en 1927, se inscribe en esa consistente línea de impunidad. Plutarco Elías Calles, identificado como el autor intelectual, en vez de recibir castigo, creó el PRI que gobernó siete décadas ininterrumpidamente.
La verdad sobre los que tramaron la matanza de 1968 ha sido escamoteada por décadas y sólo por la persistencia periodística ha sido posible saber que comparten la culpa Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, aquel que también sembró el engaño sobre la matanza del Jueves de Corpus, en junio de 1971.
Los mexicanos jamás conocieron la lista de los ‘sacadólares’ que ofreció José López Portillo que, según él, provocaron la crisis de 1982 que resquebrajó la confianza de los mexicanos en las autoridades, acrecentada por el pasmo de Miguel de la Madrid en los terremotos de 1985, y que dieron origen al derrumbe priista de 1988.
Pero parte fundamental de la verdad del 88 se convirtió en cenizas gracias a la complicidad del PAN, tripulado por Diego Fernández de Cevallos, el candidato presidencial en 1994 cuando ocurrieron los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, a cual más de oscuros.
La sospecha se extendió en los sexenios de la alternancia por acontecimientos análogos: La muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, quedó en mero accidente aéreo, lo mismo que la de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, pese a que Felipe Calderón le rindió homenaje de Estado.
En medio de la bruma, en una tercera muerte de aviación, pereció Francisco Blake, el tercer secretario de Gobernación de Calderón, el individuo que llegó al cargo, en 2006, escamoteando la verdad de lo que verdaderamente ocurrió…
Apuntes
Este martes 5 de febrero, cuando se conmemora el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedarán perfiladas sólo dos fuerzas: Los que defienden la vigencia del artículo 27 y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, el petróleo incluido, y los que por ambición, ignorancia, dejadez o antipatriotismo dejarán que se entreguen a inversionistas privados, nacionales y extranjeros a los que representa el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien manejaba, hasta agosto, la constructora OHL, una de las empresas españolas más favorecidas en el Estado de México por Peña…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
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