La reforma de telecomunicaciones
Para
los estudiosos de la democracia, el pluralismo político es el concepto
clave para cimentar la legitimidad del ícono político del estado
liberal. La democracia es el medio ideal, único dicen algunos, para
regular la convivencia en una sociedad moderna, diversa, conformada por
mayorías y minorías. Gracias a ella las élites, los grupos de interés y
los partidos políticos inciden en las decisiones que afectan a los
intereses de sus representados, estableciendo una sana regulación entre
gobernantes y gobernados que tiene como eje el bien común. Pero el
pluralismo político oculta el hecho de que, si bien se asume a la
sociedad a partir de su diversidad, el pez grande se come al chico.
Efectivamente, el mar social está compuesto de grupos diversos pero
unos son muchos más poderosos que otros. Dicha asimetría rompe con la
posibilidad de que el diálogo y la negociación se dé entre iguales; por
el contrario, la negociación y la toma de decisiones la controlan los
fuertes para imponerla a los débiles. Eso sí, siempre reconociendo a la
democracia como marco regulador.
Un ejemplo de lo anterior es lo
que está pasando en México con la formulación de la ley secundaria en
materia de telecomunicaciones. Para empezar, los monopolios de la
comunicación son los actores preponderantes en las negociaciones. Son
ellos los que aceptando el proceso de reforma pretenden -a fuerza de
cabildeo y amenazas, que es más o menos lo mismo- que los cambios
apunten a dejar todo igual, Y con esto me refiero, no solo a Televisa y
TV Azteca, sino al grupo de Carlos Slim y de otras empresas que tiene
el ojo puesto en contar con una generosa rebanada del pastel.
Tanto el duopolio televisivo como los actores emergentes tiene el mismo
objetivo: controlar a la opinión pública para proteger sus negocios,
ampliar su poder político y enriquecerse lo más que se pueda. Los
emergentes no pretenden mejorar la calidad de la información o
democratizar su producción y distribución. Tampoco creo que consideren
fundamental ampliar la programación cultural o darle un sentido más
transparente a sus componendas con presidentes, gobernadores o
congresistas en tiempos de campañas y elecciones. En pocas palabras, la
calidad de la información que recibimos hoy del duopolio no
necesariamente va a mejorar porque existan otros actores en las
telecomunicaciones mexicanas. El duopolio no se rompe, sólo se adapta y
se fortalece, pero ahora en un ambiente de ‘competencia’ virtual.
Por su parte, la telefonía no va a bajar sus precios ni ampliar sus
coberturas. Seguirá, al igual que las televisoras, gozando de un
monopolio de facto que le permitirá manejar a su antojo el sector,
afectando a la economía nacional y ampliando su poder financiero para
ampliar sus negocios. Seguirá la impunidad y el cobro excesivo de sus
servicios. Y además se extenderá al negocio televisivo para aumentar su
poder político y servir al mejor postor. Y todo ello a cambio de burlar
el derecho a la privacidad que es lo que menos les interesa a las
empresas. Sacrificar los derechos de los ciudadanos a cambio de
concesiones y licenicas será el pan de cada día.
Al mismo
tiempo, el endurecimiento contra las radios comunitarias y televisoras
públicas sigue su marcha. Por un lado, el acoso contra las radios de
las comunidades indígenas o de organizaciones de la sociedad civil ha
cobrado tintes de represión sistemática contra todo aquél que atente
contra el monopolio real; por el otro, el envilecimiento de las
televisoras públicas las cuales, respetando el monopolio, se convierten
en las televisoras personales del gobernador en turno, renunciando a su
obligación legal que es dar voz a la diversidad política y cultural a
la ciudadanía. Tanto el obstruir la expresión diversa de una sociedad
plural como manipular la información desde los medios públicos
representan claramente la política de control social que apoyada por la
militarización del país están lejos de abonra al desarrollo de la
democracia en México.
Esta política represora del estado
mexicano no sólo obedece a una lógica del capital sino también a una
lógica del poder político, que se basa en la idea de que el control de
la información es básico para el control social. El reparto de las
concesiones y licencias para el uso del espectro radioeléctrico tiene
la finalidad de mantener lealtades política e incluso ampliarlas con
los actores emergentes. Al igual que la energética o la política, la
reforma en telecomunicaciones no es más que la reconfiguración de un
sector estratégico de la economía como consecuencia del regreso del PRI
a Los Pinos. Es más de lo mismo, pero edulcorada con la idea de la
pluralidad, del reconocimiento de la diversidad social, del fin de los
monopolios. En realidad la reforma pretende reducir la posibilidad que
los medios de comunicación sean un espacio de manifestación de las
diferencias, de la diversidad política y cultural de México. Al igual
que la política, representa un retroceso que se quiere vender como gran
avance.
El derecho a la información es a todas luces
saboteado con el espíritu de la nueva ley de telecomunicaciones, sin
importar que surjan nuevas empresas. Y para aquéllos preocupados por
medir la calidad de la democracia basados en el pluralismo político son
malas noticias. Para el resto de los habitantes del país es simplemente
la confirmación de que el autoritarismo y exclusión son las divisas del
régimen.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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