Alainet
En
todo el país se está celebrando el centenario de la Toma de Zacatecas,
hito de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, que marcó el triunfo
de las expresiones más populares y agrarias de ese movimiento armado,
como fueron las de Villa y Zapata. Si este último convocó a los
campesinos a la lucha bajo la divisa: “La tierra es de quien la
trabaja”, ahora, el Gobierno de Peña Nieto conmemoran el centenario,
precarizando, si no es que prácticamente anulando el derecho de los
campesinos, las comunidades indias y los pequeños agricultores a la
tierra.
Esto se consuma al discutirse en el Senado las iniciativas de leyes en materia energética que van a concretar la reforma de la Constitución aprobada en diciembre pasado por el partido de Peña Nieto, el PRI, los pequeños partidos aliados a él y la mayoría del PAN. Dicha reforma da pie a la privatización de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, hasta ahora propiedad de la Nación mexicana.
Si de por sí, La Ley Minera vigente, promulgada en 1992, declara que “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley, son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…” (Art. 6), ahora, el concepto de preferencia, de primacía sobre cualquier otro uso se extenderá a toda actividad extractiva.
En efecto, de acuerdo a los dictámenes aprobados hasta ahora en las comisiones respectivas en el Senado, la exploración y la extracción de hidrocarburos se consideran actividad estratégica, de interés social y de orden público. Además, se introduce el concepto de “servidumbre” para las instalaciones petroleras, de hidrocarburos, mineras y eléctricas, lo que hará que no sólo las comunidades y particulares cuyo subsuelo sea rico en minerales o hidrocarburos, o en aguas termales sean eventualmente expropiados, sino también aquellas en donde se requiera la construcción de instalaciones, ductos y líneas de transmisión para dichas actividades.
Las consecuencias de aprobarse como vienen los dictámenes avalados por el PRI, sus aliados y la mayoría del PAN, son muy graves:
Las y los mexicanos y sus comunidades pasan a ser de facto ciudadanos de segunda, pues los derechos de explotación de hidrocarburos y minerales, además de las servidumbres, en manos de compañías extranjera, tendrán primacía sobre todos sus derechos humanos, individuales y comunitarios, estableciendo una grave contradicción con el espíritu y la letra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comenzando por su Artículo 1º que garantiza el pleno disfrute de todos los derechos humanos.
La apropiación de la mayor parte del territorio mexicano y la invasión de compañías de energía o mineras extranjeras se acelerará notablemente. Aun sin las reformas, hay que tener en cuenta que 56 millones de hectáreas, más de la cuarta parte del territorio nacional, están concesionadas a empresas, extranjeras en su mayoría. Si ya México es evaluado por la Survey of Mining Companies 2009-2010 como el segundo país más favorable para la inversión minera, sólo debajo de Chile, con las reformas, los legisladores del PRI y del PAN harán que se supere entreguismo a la herencia pinochetista. Dijo por ahí un senador que hay que profundizar las reformas en materia minera “…para que se impulse debidamente a este sector de la economía.” Y, sin embargo, tan sólo entre 2000 y 2010 se extrajeron de las entrañas de este país, 419 mil 97 kilogramos de oro, más del doble del todo el oro que se extrajo durante los trescientos años de la colonización española: 1521-1830: 191 mil 825 kilos. (Juan Luis Sariego: Extractivismo y sustentabilidad: la conflictiva actual en la minería mexicana)
La primacía de los usos de la tierra para la extracción de hidrocarburos, agua y minerales, así como de las servidumbres afectará seriamente la producción de alimentos, sobre todo de la agricultura campesina, la indígena y las diversas formas de agricultura familiar. Si en la actualidad la superficie cultivada de México asciende a 21 millones de hectáreas, menos de la mitad de la superficie concesionada para la minería, es de temerse que esa superficie disminuirá, lo mismo que la producción de alimentos. Y seguirá con la terrible tendencia ya establecida desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: el país exportará energía para comprar muy cara la comida que aquí se puede producir. El derecho a la alimentación será aun más lejano para una mayoría creciente de mexicanos. Se perderá aún más la soberanía alimentaria y no se logrará construir la soberanía energética pues los principales productores de energía no serán las empresas y consorcios mexicanos, sino las trasnacionales.
Además de poner en grave peligro el derecho a la alimentación de las y los mexicanos, los efectos de las leyes secundarias en materia energética como las tratan de imponer el PRI y la mayoría del PAN, atentan contra el derecho humano a un medio ambiente limpio. La minería a cielo abierto, la perforación por medio de la fracturación hidráulica para extraer el gas de lutita o esquisto, o simplemente de petróleo, acarrearán de inmediato graves perjuicios al medio ambiente y a la salud de la población. También agotarán los mantos acuíferos en las zonas donde hay más escasez de agua.
Las reformas en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y geotermia promueven el extractivismo irresponsable y no sustentable. Si este país ya es uno de los primeros lugares mundiales en exportación de mano de obra, ahora se colocará como el líder indiscutido de la exportación de la naturaleza. Cuando de todos lados, activistas, artistas, movimientos sociales, científicos, alzan millones de voces clamando por un cambio civilizatorio, por una transformación sustancial en nuestros modos de consumo, en nuestro uso de las energías, en la disminución de los gases que provocan el calentamiento global, Peña Nieto, el PRI, y la mayoría del PAN o ignoran todo esto o lo subordinan a sus mezquinos intereses electorales y o económicos.
Más allá del entreguismo, más allá del antinacionalismo, el espíritu de estas leyes secundarias, alberga una concepción machista de la tierra: algo que hay que usar, violentar, perforar, remover y vender. No se concibe a la tierra, de acuerdo a Leonardo Boff como “Madre que debe ser amada, respetada y cuidada... con la que hay que hacer un contrato natural que dará sostenibilidad a nuestro planeta”, según nos lo enseñan los pueblos indios.
El gobierno de Peña Nieto, su partido, sus aliados y la mayoría del PAN piensa que con estas leyes secundarias de conveniencia están dando un salto hacia el futuro. Todo lo contrario, están encadenando a este país a un modo civilizatorio que rezuma la muerte por todos los poros.
Fuente: http://alainet.org/active/7475
Esto se consuma al discutirse en el Senado las iniciativas de leyes en materia energética que van a concretar la reforma de la Constitución aprobada en diciembre pasado por el partido de Peña Nieto, el PRI, los pequeños partidos aliados a él y la mayoría del PAN. Dicha reforma da pie a la privatización de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, hasta ahora propiedad de la Nación mexicana.
Si de por sí, La Ley Minera vigente, promulgada en 1992, declara que “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley, son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…” (Art. 6), ahora, el concepto de preferencia, de primacía sobre cualquier otro uso se extenderá a toda actividad extractiva.
En efecto, de acuerdo a los dictámenes aprobados hasta ahora en las comisiones respectivas en el Senado, la exploración y la extracción de hidrocarburos se consideran actividad estratégica, de interés social y de orden público. Además, se introduce el concepto de “servidumbre” para las instalaciones petroleras, de hidrocarburos, mineras y eléctricas, lo que hará que no sólo las comunidades y particulares cuyo subsuelo sea rico en minerales o hidrocarburos, o en aguas termales sean eventualmente expropiados, sino también aquellas en donde se requiera la construcción de instalaciones, ductos y líneas de transmisión para dichas actividades.
Las consecuencias de aprobarse como vienen los dictámenes avalados por el PRI, sus aliados y la mayoría del PAN, son muy graves:
Las y los mexicanos y sus comunidades pasan a ser de facto ciudadanos de segunda, pues los derechos de explotación de hidrocarburos y minerales, además de las servidumbres, en manos de compañías extranjera, tendrán primacía sobre todos sus derechos humanos, individuales y comunitarios, estableciendo una grave contradicción con el espíritu y la letra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comenzando por su Artículo 1º que garantiza el pleno disfrute de todos los derechos humanos.
La apropiación de la mayor parte del territorio mexicano y la invasión de compañías de energía o mineras extranjeras se acelerará notablemente. Aun sin las reformas, hay que tener en cuenta que 56 millones de hectáreas, más de la cuarta parte del territorio nacional, están concesionadas a empresas, extranjeras en su mayoría. Si ya México es evaluado por la Survey of Mining Companies 2009-2010 como el segundo país más favorable para la inversión minera, sólo debajo de Chile, con las reformas, los legisladores del PRI y del PAN harán que se supere entreguismo a la herencia pinochetista. Dijo por ahí un senador que hay que profundizar las reformas en materia minera “…para que se impulse debidamente a este sector de la economía.” Y, sin embargo, tan sólo entre 2000 y 2010 se extrajeron de las entrañas de este país, 419 mil 97 kilogramos de oro, más del doble del todo el oro que se extrajo durante los trescientos años de la colonización española: 1521-1830: 191 mil 825 kilos. (Juan Luis Sariego: Extractivismo y sustentabilidad: la conflictiva actual en la minería mexicana)
La primacía de los usos de la tierra para la extracción de hidrocarburos, agua y minerales, así como de las servidumbres afectará seriamente la producción de alimentos, sobre todo de la agricultura campesina, la indígena y las diversas formas de agricultura familiar. Si en la actualidad la superficie cultivada de México asciende a 21 millones de hectáreas, menos de la mitad de la superficie concesionada para la minería, es de temerse que esa superficie disminuirá, lo mismo que la producción de alimentos. Y seguirá con la terrible tendencia ya establecida desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: el país exportará energía para comprar muy cara la comida que aquí se puede producir. El derecho a la alimentación será aun más lejano para una mayoría creciente de mexicanos. Se perderá aún más la soberanía alimentaria y no se logrará construir la soberanía energética pues los principales productores de energía no serán las empresas y consorcios mexicanos, sino las trasnacionales.
Además de poner en grave peligro el derecho a la alimentación de las y los mexicanos, los efectos de las leyes secundarias en materia energética como las tratan de imponer el PRI y la mayoría del PAN, atentan contra el derecho humano a un medio ambiente limpio. La minería a cielo abierto, la perforación por medio de la fracturación hidráulica para extraer el gas de lutita o esquisto, o simplemente de petróleo, acarrearán de inmediato graves perjuicios al medio ambiente y a la salud de la población. También agotarán los mantos acuíferos en las zonas donde hay más escasez de agua.
Las reformas en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y geotermia promueven el extractivismo irresponsable y no sustentable. Si este país ya es uno de los primeros lugares mundiales en exportación de mano de obra, ahora se colocará como el líder indiscutido de la exportación de la naturaleza. Cuando de todos lados, activistas, artistas, movimientos sociales, científicos, alzan millones de voces clamando por un cambio civilizatorio, por una transformación sustancial en nuestros modos de consumo, en nuestro uso de las energías, en la disminución de los gases que provocan el calentamiento global, Peña Nieto, el PRI, y la mayoría del PAN o ignoran todo esto o lo subordinan a sus mezquinos intereses electorales y o económicos.
Más allá del entreguismo, más allá del antinacionalismo, el espíritu de estas leyes secundarias, alberga una concepción machista de la tierra: algo que hay que usar, violentar, perforar, remover y vender. No se concibe a la tierra, de acuerdo a Leonardo Boff como “Madre que debe ser amada, respetada y cuidada... con la que hay que hacer un contrato natural que dará sostenibilidad a nuestro planeta”, según nos lo enseñan los pueblos indios.
El gobierno de Peña Nieto, su partido, sus aliados y la mayoría del PAN piensa que con estas leyes secundarias de conveniencia están dando un salto hacia el futuro. Todo lo contrario, están encadenando a este país a un modo civilizatorio que rezuma la muerte por todos los poros.
Fuente: http://alainet.org/active/7475
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