Lydia Cacho
Encerrados en jaulas, hacinados, sin acceso a baños, sin comida y apenas un poco de agua, niños, niñas y adolescentes de Honduras, Guatemala y El Salvador miran a las cámaras con el cansancio de quien ha recorrido miles de kilómetros entre hambre, sueño, miedo y agresiones. Pudimos ver cómo el gobierno de Estados Unidos trata a las niñas y niños migrantes gracias a la valentía del congresista Henry Cuéllar, quien decidió evidenciar el problema y su magnitud. El presidente Obama declaró esto una “emergencia humanitaria” y pidió al Congreso 1,3 billones de dólares para “abatirla”. Mientras el vicepresidente Joe Biden advirtió que los recursos son para reforzar las fronteras, deportarles y endurecer sus políticas para evitar que adultas sin papeles entren en los Estados Unidos con niños y niñas. Paralelamente, con el tono típico de supremacía norteamericana, han llamado a una reunión urgente con gobiernos de Centroamérica y México: deben asumir su responsabilidad y evitar que tantos pobres viajen tras el Sueño Americano. Las puertas de esa quimera están cerradas, ya no hay vacantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al menos 100 casos de abusos sexuales y físicos a estas niñas y niños por parte de agentes fronterizos norteamericanos. Y aunque los políticos del país del norte pretendan ignorar su corresponsabilidad en la crisis humanitaria migratoria, nosotras tenemos memoria. El golpe de Estado del 2009 en Honduras, planeado desde Washington para remover a un gobierno de izquierda democráticamente electo, la militarización y fondos para implementar una “guerra contra las drogas”, creó la peor crisis social de los últimos años. Las empresas norteamericanas entraron a Honduras para enriquecerse, aumentó la trata de personas, bajó notablemente el PIB, crecieron todas las violencias con un gobierno de derecha racista, neoliberal y censor que responde a los intereses de Washington. Creen que no recordamos el papel que el intervencionismo norteamericano ha jugado en el fomento de las crisis humanitarias. No pueden negar su corresponsabilidad; desde la Doctrina Monroe, pasando por las políticas de Kennedy y su lucha antisocialista, por Reagan y Bush implementando las perversas guerras contra las drogas en nuestra región, ellos fomentan golpes de Estado, favorecen a gobiernos de derecha que incrementan la brecha entre ricos y pobres, fortalecen la militarización para resolver un problema (del narcotráfico), que se relaciona directamente con la falta de acceso a trabajos dignos y justicia social.
Ha sido el gobierno de Estados Unidos quien impulsa las políticas de represión, quien invierte en fortalecer una cultura de criminalización de las y los pobres, que potencian la crisis de corrupción de las instituciones judiciales. Efectivamente nuestros gobiernos y sociedades son co-responsables en varios aspectos, pero sin duda la poderosa mano del Tío Sam es la que meció la cuna para que a partir de 2009 comenzaran a llegar oleadas de 13 mil niñas y niños hondureños al año, (70 mil de toda la región). La pobreza del gobierno ilegítimo hondureño hizo que se duplicara este año el número de migrantes que huyen de la miseria del hoy calificado como el país más violento del mundo. Obama no se pregunta el papel que jugaron al arrebatar la credibilidad en las instituciones y la democracia al pueblo hondureño.
Activistas y migrantólogos han dicho que las fotografías demuestran que niñas y niños latinos son tratados como prisioneros de guerra. Y lo son, en esta guerra neoliberal por la tierra, el agua, los hidrocarburos y el control político, las y los indígenas, pobres, rebeldes y quienes sueñan con vivir en una democracia, son un peligro para los Estados Unidos. La única salida es una mayor cooperación para el desarrollo y menor criminalización. Mientras tanto el gobierno norteamericano tiene 100 mil niñas y niños migrantes encerrados en bases militares.
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