ONU e Imumi presentan informe sobre su situación laboral
El
Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de las
trabajadoras migrantes y mejorar su acceso a recursos, servicios y
justicia, por lo que debe modificar su política migratoria y diseñar
programas específicos y con enfoque de género que aborden sus
necesidades, exigieron expertas.
En una iniciativa de ONU-Mujeres y el Instituto para las Mujeres en la
Migración (Imumi), Ana Güezmes y Gretchen Kuhner –titulares,
respectivamente, de ambas instancias– elaboraron el informe “Las
trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas. Recomendaciones de
políticas públicas para garantizar el ejercicio de sus derechos”, que
presentaron hoy en Tapachula, ciudad chiapaneca fronteriza con
Guatemala.
En el documento se informa que en Chiapas existen tres grupos de
trabajadoras migrantes que deben ser atendidos según la particularidad
de su situación.
Más del 85 por ciento de la población migrante en el estado son
personas nacidas en Centroamérica (CA) que residen y trabajan en
Chiapas; de este total, una tercera parte son trabajadoras del hogar.
Esta cifra representa al primer grupo de trabajadoras migrantes en la
entidad.
El otro grupo son las trabajadoras fronterizas; es decir, aquellas que
cruzan la frontera por menos de 24 horas –en promedio se registran 223
cruces de mujeres al día–, de las que 65 por ciento son vendedoras
ambulantes y 31 por ciento trabajadoras del hogar.
El tercer grupo es el de las trabajadoras temporales que cruzan por más
de 24 horas para trabajar en México, y que principalmente se ocupan
como empleadas del hogar.
Casi todas las trabajadoras migrantes en México enfrentan bajos
sueldos, no tienen condiciones laborales dignas, carecen de cobertura
en salud, y el mercado de trabajo que se les ofrece es “sesgado,
segmentado y racializado (racista)”, según documentaron las expertas.
Esta situación prevalece en el país a pesar de que las organizaciones
civiles han insistido en documentar el impacto de las trabajadoras
migrantes en el desarrollo del estado de Chiapas.
Como botón de muestra, la producción del café en la región del
Soconusco depende de la mano de obra guatemalteca; el trabajo femenino
en las etapas de vivero y en la selección de productos tiene un impacto
en la calidad y el precio de los productos agrícolas.
A la par, por el trabajo del hogar que realizan, las guatemaltecas
contribuyen a la reproducción social de las familias y permiten que la
participación social de las mexicanas en el mercado laboral crezca,
pese a la falta de políticas para conciliar el trabajo y la familia,
aseguraron.
DESAFÍOS PARA EL GOBIERNO
Este documento, elaborado para “tomadores de decisiones”, presenta ocho
“desafíos y recomendaciones” para proteger los derechos de las
trabajadoras migrantes.
Las activistas exigieron transversalizar la perspectiva de género en
los programas y acciones dirigidas a la población en contextos
migratorios; y evaluar el impacto de género que tienen las políticas,
programas y acciones en la población migrante.
Además, pidieron considerar los factores enraizados en la división
sexual del trabajo y en las relaciones de poder entre mujeres y
hombres, así como la intersección de discriminaciones basadas en la
clase social, etnia, religión, edad, etcétera.
Las expertas llamaron a realizar medidas afirmativas dirigidas a las
mujeres; aumentar las oportunidades para emigrar con autorización para
trabajar; y garantizar los derechos laborales.
Según el informe, las centroamericanas emigran a México por el
desempleo, la inestabilidad política, y la inseguridad que padecen en
sus países de origen.
En 2010, el 53 por ciento de personas (15 mil 323) que residieron en
Chiapas, pero nacieron en Centroamérica, fueron mujeres, la mayoría
casadas o unidas, con una edad promedio de 28 años y altos niveles de
analfabetismo.
La tercera parte de esta población (4 mil 676 mujeres) forma parte de
la Población Económicamente Activa y está ocupada en Chiapas. Las
salvadoreñas se dedican al trabajo del hogar y servicios (meseras); las
hondureñas se ocupan en comercios y servicios; y las guatemaltecas se
concentran en el trabajo del hogar y el agrícola.
El informe analiza la aplicación de Recomendación General Número 26
sobre Trabajadoras Migrantes, del Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y de
las políticas y programas –como el Especial de Migración y el Plan
Nacional de Desarrollo 2012-2018– que ha diseñado México para beneficio
de la población migrante.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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