Son parte de festejos municipales, promociones de productos,
iniciativas turísticas, cualquier excusa parece buena para presentar el
cuerpo de la mujer como principal atracción, mujeres que encajan en un
molde preciso, cada vez más jóvenes. Los concursos de belleza en sus
múltiples formas, son una práctica extendida y naturalizada, y sin
embargo, chocan con la letra de la Ley 26485, que define a la violencia simbólica como “la
que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o
signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer
en la sociedad”. Apeladas por esta contradicción entre un Estado
que legisla contra la violencia al tiempo que auspicia este tipo de
eventos, asociaciones de mujeres, organización de la sociedad civil y
entidades públicas han comenzado a problematizar estas prácticas,
contribuyendo a visibilizar su carácter violento, instalando el debate
social y, sirviéndose de la ley para ganar algunas batallas. Los casos
del Bikini Open, en Puerto Madryn; la Reina del Camarón y el Langostino,
en Bahia Blanca; la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde fue aprobada
en 2014 una ordenanza que obliga al Estado a abstenerse de la
organización de estos eventos; y Orán, Salta, donde también se inició
el debate social por el tema.
Por Sarah Babiker
COMUNICAR IGUALDAD- Octubre del 2014, miles de mujeres se dirigen desde todos los rincones de la Argentina hacia la ciudad de Salta en ocasión del XXIX Encuentro Nacional de Mujeres.
En las conversaciones y los ánimos de las participantes, un prólogo
trágico: Evelia Murillo, maestra rural, había sido asesinada semanas
atrás por intentar proteger a una de sus alumnas de un hombre que venía
a abusar sexualmente de ella. Mientras, en la misma provincia, otras
nenas se preparaban, muchas con el entusiasta apoyo de sus padres y
madres, para participar en el corso infantil de los carnavales de Orán, desfile de niñas pequeñas vestidas a la moda “tinelliana”
que muestran sus dotes seductoras antes de la pubertad, o, como lo
describe gráficamente la activista de la asociación Takuapú de esa
ciudad, Silvia Jenefe, “nenas bailando delante de todos reggaetones
guarangos, que hacen perreo, imágenes que rayan la pedofilia con
hombres adultos bailando entre ellas, y que se registran en videos que
después son subidos a internet para mayor denigración de las menores”. Desde la organización de Jenefe, señalan el rol que la objetivización continua de las mujeres tiene en el alto índice de femicidios en la provincia.
“Venimos haciendo un monitoreo de los eventos públicos y
privados, sobretodo en Orán, casos auspiciados por el estado municipal
y que se llevan a cabo por empresarios de la noche que son los que
manejan la cultura acá, y generan una cadena donde lo principal es la objetivación sexual de la mujer. Corsos
de conjuntos tropicales donde desfilan menores de edad, las letras de
las canciones están plagadas de temas grotescos que ridiculizan y
humillan a las mujeres” relata esta docente. La contradicción no se limita a que el estado autorice dichas prácticas, sino a que también las financia,
otorgando, según denuncia Jenefe, fondos a los mismos empresarios de la
noche, de las bailantas y las radios, que a través de la música que
emiten y de los comentarios de sus locutores “cosifican a la mujer las 24 horas del día”.
Con
más o menos carne a la vista, con chicas siempre jóvenes y a veces
jovencísimas, lo cierto es que la exhibición del cuerpo de la mujer,
seleccionado y trabajado para satisfacción de la mirada masculina,
forma parte de las atracciones de muchas fiestas a lo largo y ancho
del país. No ha sido hasta los últimos años cuando se ha
comenzado a cuestionar este tipo de prácticas, visibilizando la
violencia que ejercen. La existencia de la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia, que
por primera vez tipifica la violencia simbólica, ha dado respaldo legal
a estas iniciativas. La colaboración entre organizaciones sociales y
entidades públicas, junto a la creciente concientización de la
sociedad, completan la ecuación.
No es un debate abstracto. El año pasado en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, se publicó la primera ordenanza que obliga a los poderes públicos municipales a abstenerse de auspiciar estos eventos. “Chivilcoy
no escapa de la realidad del país, desde los últimos diez, quince años,
el Estado venía organizando concursos de belleza, anteriormente
existían este tipo de concursos, pero eran promovidos por
organizaciones privadas” contextualiza Claudia Marengo, de la
Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), organización impulsora de la iniciativa. “El campo
sociopolítico de la ciudad posibilita que pudiéramos presentar la
ordenanza, trabajamos el tema tanto desde el área de género de la CTA,
como desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez. En la búsqueda de
avales vimos un quiebre importante, nos dimos cuenta de que podíamos
hacer algo muy grande.”
Los avales fueron en efecto muchos, comprendieron entidades públicas
como la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de
Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), la Red PAR –
Periodistas de Argentina en Red. Por una comunicación no sexista-,
personalidades como Eva Giberti o la periodista Mariana Carbajal, o la
Madre de la Plaza de Mayo de la Plata Adelina de Matti quien aportó
apoyos desde esa ciudad. También militando en la calle descubrieron, en
las adhesiones particulares, a una población joven concientizada sobre
este tipo de eventos. Una propuesta con un gran respaldo que se tradujo
en una rápida aprobación: a mediados de noviembre del año pasado “participamos en el plenario de concejales, fundamentando el proyecto y pudimos ver que había bastante aceptación”.
Sólo un mes después, la ordenanza se trasladó al recinto y en la última
reunión del año del Consejo Deliberante, con el voto favorable de 8 de
los 13 concejales presentes se dio vía libre a la ordenanza. El resto
se abstuvo, pero ninguno adujo desacuerdo con el contenido para
hacerlo, nos narra Marengo. Ya antes de la votación, el Intendente de
la Ciudad, Darío Speranza, había anunciado que durante su mandato no se
auspiciarían este tipo de eventos.
Otro funcionario público, el director del Instituto Cultural de
Bahía Blanca, Sergio Raimondi, tuvo que posicionarse cuando la
asociación Acciones Feministas le invitó, el año pasado, a que “pusiera
a consideración el cese de las elecciones de reina dentro de las
actividades culturales vinculadas con el organismo que representa”. Lo hizo favorablemente, retirando el auspicio a este tipo de actividades durante su mandato. En la nota, le recordaban que “estas elecciones son selecciones discriminatorias basadas en estereotipos opresivos de mujeres y niñas”, y “refuerzan
concepciones patriarcales de los roles de las mujeres en la sociedad,
incluida la cosificación y degradación de las niñas, y generadoras de
otras violencias”. Silvia Bajo, integrante de Acciones Feministas y firmante de la nota, nos relata cómo su organización viene impulsando “la visibilización de esta práctica como una forma más de violencia”. En la investigación que la organización llevó a cabo previamente, pudieron constatar la proliferación de “festejos entorno a una actividad productiva que ineludiblemente traen aparejada una elección de la reina, central para la fiesta” observando que, de tan naturalizado que está este tipo de evento “no se había prácticamente cuestionado”.
Al cuestionarlo en Bahía Blanca, en particular frente a la elección en Semana Santa de la Reina del Camarón y el Langostino con su anual desfile en tanga,
la nota dirigida a Raimondi se hizo pública, llegó a los medios, se
generó el debate. Y aunque a veces se presentó en los medios como si se
tratara de un enfrentamiento entre mujeres, feministas contra
postulantes a reinas, lamenta Bajo, el debate al menos quedó instalado.
Además, la CONSAVIG respaldó la iniciativa, presentando una nota no
sólo para el caso de Bahía Blanca, sino con destino también a otras
municipalidades. Acciones Feministas se dio cuenta de que sus esfuerzos
tenían una respuesta social “cuando nosotras decimos ‘¿Qué hace un
intendente, diputado o diputada observando a una chica desfilar en
tanga?’, este mensaje llega”. Frente a esta constatación, Bajo reconoce que persiste, en particular entre quienes promueven el evento, el argumento de la libertad de elección: “Si las chicas quieren hacerlo, cuál es el problema, se preguntan”. “Pero en este debate no se cuestiona a las chicas, lo que se cuestiona es el papel del Estado”, subraya Bajo.
En esta idea incidieron desde 2003, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y otras
organizaciones locales ante la convocatoria del OPEN BIKINI en Puerto
Madryn. Alejandra Tolosa, entonces al frente de la delegación del INADI
y actualmente integrante del Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) nos cuenta como “cada
año presentamos notas dirigidas a la gestión municipal, a otros
auspiciantes privados y al organizador, poniéndoles en conocimiento
sobre la existencia de la ley, el significado de violencia simbólica, y
lo que entendíamos que implicaba este concurso. En 2012 el organizador,
privado, pensó que estaban prohibiéndole el concurso y no lo organizó,
así se generó un debate que llegó a los medios”.
El OPEN BIKINI volvió a la ciudad por dos años más, hasta que en
2015 se desplazó a Playa Unión, Balneario de la Ciudad de Rawson,
probablemente por falta de auspicios en Puerto Madryn, considera Tolosa.
Estrategias legales contra la violencia simbólica
Como concuerdan las personas con la que hablamos, la Ley
26845 es una herramienta fundamental para visibilizar y dar respaldo
legal a las iniciativas que persiguen retirar al Estado de la
organización de estos eventos, una herramienta que puede articularse con otras leyes. “Nuestro
proyecto está fundamentado precisamente en la definición de violencia
simbólica así como en las leyes de protección de la niñez. Sin el marco
de esta ley tendríamos que haber armado un proyecto diferente; este
proyecto, como está, no hubiese sido posible” relata Marengo sobre la experiencia de Chivilcoy. “La
ley es muy buena en la letra pero falta voluntad política, recursos,
refugios, capacitaciones, así que mucho menos le van a dar bolilla a
formas de violencia más sutiles como éstas. La ley sirve para
interpretarla y trabajar, y si es difícil aplicarla a lo público, más
difícil es aplicarla en lo privado, ese es el siguiente paso” reflexiona Verónica Bajo desde Bahía Blanca.
Algunos actores apuestan por reglamentar en primera
instancia: condicionar o prohibir la participación de personas menores
de edad y excluir las prácticas más discriminatorias (aquellas que incluyen entre sus requisitos ser soltera, no estar embarazada…) son acciones que forman parte de esta opción. Marengo admite que “hemos
debatido mucho esta temática. No estamos de acuerdo porque por más
restricciones que pongas la violencia simbólica sigue estando, el
objetivo de estos concursos es poner a las mujeres a competir con su
imagen de acuerdo a la visión del varón, y ése es un objetivo violento”. Así, si bien celebra que al menos con la regulación se empezó a hablar, “regular en sí mismo no soluciona el problema, el Estado no puede promover este tipo de eventos”. Tolosa concuerda con esta idea: “La
reglamentación sirve al menos para sacar a las menores mientras este
proceso lento avanza, pero lo importante es que se visibilice la
violencia simbólica que supone este tipo de concursos”.
Foto destacada: Elección de la Reina del Langostino y el Camarón.
Fuente : http://www.comunicarigualdad.com.ar/reinas-y-misses-cuando-la-violencia-simbolica-se-ejerce-con-el-auspicio-del-estado/
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