Iniciativa aprobada viola el derecho humano al agua, acusan académicos

Diputados subastan la vida al mejor postor, señalan

Criminaliza la investigación científica y legaliza la contaminación del recurso

Dan a conocer documento sobre la ley general, la cual limita a 50 litros diarios el consumo por persona, cantidad que pone en riesgo la salud; además, deja sin acceso a localidades rurales e indígenas

Foto Francisco Olvera

Emir Olivares Alonso 

Periódico La JornadaViernes 6 de marzo de 2015, p. 42

La iniciativa de la Ley General de Aguas –aprobada el miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados– viola en diversas formas el derecho humano al agua, señalaron académicos de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Rechazaron este proyecto de ley por considerar que criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana.

Los académicos dieron a conocer ayer un documento en el que hicieron un análisis de la iniciativa y, entre otras cosas, advirtieron que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que pone en riesgo la salud, pues un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.

La Jornada adelantó ayer que los universitarios solicitarán al rector de la UNAM, José Narro Robles, realizar un pronunciamiento contra esta iniciativa y que solicite que antes de ser aprobada sea debatida entre diversos sectores.

El documento, firmado por María del Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huízar, de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la máxima casa de estudios, resalta que la propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

Esto debido a que el artículo 148 de la ley establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, en caso de que éste sea negado, y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

Al respecto, los científicos de la máxima casa de estudios subrayaron que la investigación científica no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, sino también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento.

En lo referente a la contaminación del agua, los universitarios advirtieron que la iniciativa indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de equis elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces (éste) se puede incorporar.

Otro elemento inconstitucional, enfatizaron, es que se quiere limitar el derecho humano al agua a sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición.

Señalaron, además, que la participación ciudadana no está contemplada en la propuesta de ley, pues no se permite que las personas organizadas que trabajan en torno al líquido se unan a los Consejos de Cuenca.

Eruviel Ávila y Marcos Covarrubias opinan sobre iniciativa

No es conveniente privatizar suministro del líquido: Miguel Ángel Mancera

En junio de 2014 diversas organizaciones realizaron una protesta en las escalinatas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para manifestarse en contra de la privatizacion del agua

Foto Cristina Rodríguez

Carlos García

corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 6 de marzo de 2015, p. 43

Guanajuato, Gto.

No es conveniente privatizar en México el suministro de agua potable, coincidieron el jefe de Gobierno del Distrito Federal (DF), Miguel Ángel Mancera Espinosa; el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y el mandatario de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, al ser consultados sobre la aprobación del dictamen de reforma a la Ley General de Aguas.
Esto se tiene que ver con mucho cuidado. No se trata de privatizar el agua de ninguna manera, lo que tenemos que buscar es que se preste el servicio con mayor eficacia. En la ciudad de México no tenemos esta visión de que se privatice el agua. De ninguna manera, refirió Miguel Ángel Mancera.
El priísta Eruviel Ávila sostuvo que el agua es de todos los mexicanos y que el gobierno mexiquense será respetuoso de la decisión que tome el Congreso de la Unión.
Es un tema que al estado de México le interesa muchísimo, porque somos exportadores de agua del valle de México hacia el Distrito Federal, así es que difícilmente se podrá privatizar. Estaré pendiente y atento de los alcances de está ley, comentó el mexiquense.
El mandatario panista de Baja California Sur reconoció que no conoce los detalles del dictamen que aprobaron en comisiones los diputados, pero no considera conveniente privatizar el vital líquido en México. Desde mi punto de vista los organismos de agua municipales pueden hacerlo sin mayor problema. Creo, desde mi punto de vista, que no (se requiere privatizar el suministro del agua), refirió Covarrubias Villaseñor.

Los tres mandatarios fueron entrevistados en el contexto del tercer informe del gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.
El dictamen, aprobado por PRI, PAN y PVEM, señala que la iniciativa privada podrá invertir en extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro del agua.
Al informe de Márquez asistió el líder nacional del blanquiazul Gustavo Madero Muñoz, quien al ser interrogado sobre el dictamen de la Ley General de Aguas, afirmó que en su redacción no contempla la privatización del suministro del líquido en México.
No se puede decir que ya se aprobó. Tiene que pasar por el Senado. Nosotros estamos viendo qué es lo que más conviene al país, y lo que más convenga es lo que vamos aprobar, refirió.

Agrupaciones sociales y campesinas se movilizarán 

contra la ley de aguas

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada

Viernes 6 de marzo de 2015, p. 43

La Ley General de Aguas, aprobada el miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados, es subastar la vida y dejar al mejor postor el vital líquido; los legisladores y el gobierno sólo están provocando al avispero, asentaron agrupaciones campesinas y sociales.

Agregaron que recurrirán a movilizaciones, a amparos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internaciones defensores de derechos humanos para protestar por esta privatización que elimina del derecho al agua y a la vida.

La Convención Nacional Indígena expuso: es un acto irracional de los diputados y su determinación afectará en el futuro inmediato en el costo de los alimentos. Es la gota que derramará el vaso, pues es un recurso fundamental para la vida y la producción agropecuaria. Es una situación que debe interesar a toda la sociedad.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista e integrante de la citada convención, hizo un llamado a las agrupaciones sociales y campesinas, a la población para unirse en contra de dicha ley, ya que se entrega a empresas privadas el recurso vital para la producción de alimentos y de diversas actividades. Los legisladores están provocando un problema social muy serio, acotó.

La Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco advirtió que dicha ley es “retroceder a la época de Porfirio Díaz, cuando se entregaron también ríos, recursos naturales a empresas privadas. Aquí en Salto Huaxtla se entregó en 1853 el agua del río a Manuel Cuesta Gallardo para hacer la presa Corona; con esa obra manejó el recurso y se hizo millonario.

Dicha ley, abundaron integrantes de la agrupación, es una trampa, ya que entregan a la iniciativa privada la potabilización del agua, lo cual en esta región de Jalisco ya sucede debido a que las industrias al verter sus desechos al río lo contaminaron y la gente tiene que comprar agua para beber y cubrir sus necesidades más elementales. Los legisladores van en contra de las políticas universales del derecho humano al agua.

Marco Antonio Ortiz, de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, advirtió que los ejidatarios y campesinos no se quedarán con los brazos cruzados; saldremos a las carreteras, las ciudades, las calles, recurriremos a foros internacionales, adonde sea necesario hasta que el gobierno entienda que ¡basta de despojos!