La ley le dio carta blanca a cualquier institución relacionada con la seguridad para intervenir nuestras comunicaciones.
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Un
sistema garantista de los derechos civiles, políticos, sociales y
culturales implica no solamente la mera existencia de leyes que los
reconozcan formalmente, se requiere además de una dimensión sustancial
que los materialice, pues más allá de los procesos de elaboración
parlamentaria y del cumplimiento de las reglas procedimentales, para
que ello sea posible, como sostienen Birgin, Haydée y Beatriz Kohen,
los Estados tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental
y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, para asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos. En nuestro mundo contemporáneo
la legitimidad de los sistemas políticos pasa por la efectividad de la
protección y tutela de los derechos para ejercer las libertades
democráticamente.
Sin embargo, eso es lo que menos estamos viendo en nuestro país,
mucho de la crisis institucional que actualmente vivimos de la que una
buena parte de responsabilidad la tiene el gobierno federal (no dejo de
ponérsela también al resto de los Poderes del Estado), tiene que ver
con que los derechos que debieran tutelar simplemente están siendo
trastocados, minimizados y en algunos casos francamente violados.
Dicen los principales órganos internacionales de derechos humanos
que la libertad de expresión, en su dimensión individual y en su
dimensión colectiva que determina el derecho a la información, son la
piedra angular de la democracia, ambos derechos reconocidos en los
artículos 6º y 7º constitucionales, están siendo limitados de tal
manera que se prenden sendos focos rojos para la democracia en México.
Ahí están los cambios regresivos que el gobierno federal están proponiendo a la Ley General de Acceso a la Información,
defendidos en el Congreso por el Partido Verde Ecologista de México y
el Revolucionario Institucional, que ha originado que más de 300
organizaciones civiles manifiesten su abierto rechazo ante ocho puntos
clave de preocupación[1],
que permitirían la opacidad, la corrupción y la limitación de la
ciudadanía a la información pública, que dicho sea de paso, no le
pertenece a ningún gobierno sino a la sociedad misma.
El propio órgano garante del acceso a la información, el IFAI, ha manifestado esas mismas preocupaciones al Congreso.
Peor aún, es el regreso abierto de viejas prácticas para espiar
indebidamente a periodistas y opositores incómodos al gobierno.
Recientemente el periodista Raymundo Riva Palacio escribió en su
columna del 27 de febrero en El Financiero: “La
Oficina de la Presidencia avala que la PGR esté realizando
investigaciones sobre periodistas críticos, y que las áreas de
seguridad intervengan teléfonos y sigan a sus detractores. Permite
amenazas implícitas como el envío de sobres anónimos con las
fotografías de los hijos de quien les señala sus errores. En uno de los
momentos de mayor intento de control, en diciembre pasado pidió a todos
los jefes de comunicación en el gobierno federal una lista de todos los
periodistas con quienes tienen amistad o relación”.
De ser cierta esa afirmación, estamos ante una gravísima violación
de la libertad de expresión, pues esa vigilancia además de violar
también el derecho a la intimidad, es una conducta de control político
de los más viejos tiempos que nos lleva al camino de retorno a los
tiempos más oscuros de nuestra historia contemporánea.
La LFTR le dio carta blanca a cualquier institución relacionada con la seguridad para intervenir nuestras comunicaciones, geolocalizarnos
en tiempo real y retener nuestros datos sin ningún tipo de control
judicial, aunado a lo que afirma Riva Palacio, lo que tenemos es una
mayor sofisticación para facilitar el espionaje gubernamental, si a eso
le agregamos el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 23 de febrero, en el que se faculta por parte de la Procuraduría
General de la República a 21 instituciones (incluidas las de medio
ambiente) y a los ministerios públicos federales y locales (que son
miles y que en el caso de los locales carecen de autonomía respecto de
los gobernadores) a geolocalizarnos sin mediar ningún tipo de
salvaguarda, estamos ante lo que puede perfilarse como un Estado
policiaco, por eso serán de vital importancia los Lineamientos que
tendrá que emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones al
respecto, este regulador no debe obviar que están de por medio muchos
derechos civiles y políticos en lo que determine.
Gobernación incumple plazos de la Ley
El derecho a la información comprende, no solamente el acceso a la
información pública gubernamental, sino también contar con una
diversidad de fuentes de información y de pluralidad de opiniones, ello
significa que las instituciones tienen la obligación de sentar las
bases para que eso sea una realidad material y no sólo formal en la
ley, por ello es que los lineamientos de multiprogramación emitidos el
9 de febrero por el Instituto Federal de Telecomunicaciones son tan
preocupantes como se lo comenté en mi colaboración anterior.
La LFTR reconoció, de manera endeble, como parte de ese derecho a la
información los derechos de las audiencias, pero los reconoció. Para
fortalecerlos debe de contarse con mecanismos para que las audiencias
tengan forma de defenderse frente a los medios de comunicación, lo cual
incluye ineludiblemente el respeto de otros derechos de las personas
tales como la dignidad, la no discriminación, entre otros.
La Ley en su artículo transitorio 5º , dispuso que la Secretaría de
Gobernación debería emitir a más tardar el 9 de febrero los
lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales, precisamente
para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda vigilar que
los medios electrónicos respeten esos derechos, pero hasta el momento
Gobernación no ha hecho nada, los concesionarios de los medios pueden
seguir violando los derechos mínimos de las audiencias, sin que se les
pueda sancionar, ante la omisión de esta Secretaría, que sin mayor
empacho, ante el incumplimiento de la ley, declara que no sabe cuándo
los emitirá (periódico Reforma, 27 de febrero).
Si los derechos que deben ser tutelados por las instituciones son
ignorados o avasallados, ¿de qué Estado de derecho hablamos? Resta
legitimidad que un gobierno adhiera al Estado de Derecho cuando se
trata de utilizar el uso de la fuerza, pero no así cuando de tutelar y
garantizar derechos se trata.
@callejag
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