QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
Un
ayuno y un pase de lista fueron el detonante. En Tanivet, Tlacolula de
Matamoros, Oaxaca, la situación para las mujeres del penal femenil se
tornó más que difícil, y la causa que se originó por la demanda al
respeto de sus Derechos Humanos (DH) terminó con represalias contra
ellas que pusieron en riesgo su integridad.
La medida emergente fue la que suele aplicarse en estos casos: la
titular fue removida. Sin embargo, este hecho sirve para poner atención
acerca de las condiciones en las que están las mujeres en los penales
en este país.
Si la condición de las mujeres en libertad es tan difícil, imaginemos
por un momento cuál será la de aquellas que por diversas causas están
privadas de ella. Indígenas, pobres, solas y abandonadas por sus
compañeros o sus propios hijos al ingresar a un reclusorio, son
prácticamente las olvidadas de todo el sistema.
¿Qué era eso extraordinario que pedían las mujeres? Pidieron trato
humanizado, atención médica dentro del reclusorio, comida en buen
estado y no en descomposición, medicamentos y acceso a los materiales
para poder trabajar dentro del penal, debido a que ellas se sostienen
de las artesanías que realizan.
Las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una queja
pública y que se hizo llegar al Consejo Social de Inmujeres, así como a
otras instancias, denunciaron los hechos que a diario vivían las
mujeres y que al igual que la violencia de género en el exterior,
estaba prácticamente naturalizada, iba desde el aislamiento de seis
internas del resto de la población penitenciaria, la violencia física
(golpes y sometimiento con uso excesivo de la fuerza), las agresiones
cometidas en su contra por agentes estatales antimotines, además de que
se les daba agua salada para bañarse.
No sólo fue el quitarles las sillas y mesas para obligarlas a comer en
el piso, también hubo amenazas inminentes de que serían trasladadas a
penal de máxima seguridad de Nayarit, así como de quitarles sus hijos a
aquellas que los tienen junto a ellas.
También y por supuesto estaban los cobros de cuotas que son de 500
pesos a la semana para cada interna, además de los tratos indignos que
persisten y que ya han sido denunciados por el relator de la ONU para
la Tortura, Juan Méndez, en su visita a México, y que ha sorprendido al
mundo al dar pormenores de las prácticas reiteradas y naturalizadas de
violaciones a los DH en los reclusorios, así como en hospitales
psiquiátricos del país.
Hasta ahora en todo México, las únicas instituciones de DH que
garantizan las condiciones en las que se encuentran las mujeres presas
son las comisiones de Derechos Humanos, ya que aún hay resistencia a
que intervengan y participen en las visitas las organizaciones
defensoras, que en la mayoría de los casos son sometidas a revisiones
exhaustivas o se les limita su intervención.
De ahí que sea necesario retomar, en el contexto de lo que ocurrió en
Oaxaca, que los centros de reclusión de mujeres abran sus espacios a
organizaciones defensoras de DH; especialmente a las de las mujeres que
son siempre el “eslabón más débil” en el acceso a la justicia, pero
también en la comisión de delitos en los que la razón de género ocupa
un lugar primordial.
Las estadísticas arrojan que la mayoría de aquellas que ingresan por
delitos del fuero federal está vinculada al “tráfico de droga” al
interior del reclusorio donde se encontraba su esposo, compañero o
pareja con el que mantenían un vínculo y visitas.
Sin embargo, cuando ellas son las que ingresan a los reclusorios prácticamente son olvidadas y nadie las visita.
En los penales hay también mujeres de edad adulta quienes ingresaron
por ser las “avales” o “fiadoras” de préstamos que hizo algún hombre de
su familia, por ser las firmantes en esos préstamos o porque aparecen
como las responsables de algún delito cometido por algún hombre de su
familia, principalmente hijos o nietos.
Esa es la realidad de muchas de las mujeres que purgan condenas o, en
algunos casos, que ingresaron por ser familiares muy cercanos de
delincuentes que cometieron graves delitos como secuestro o tráfico de
droga.
También hay aquellas que cometen otros delitos, pero en gran medida en
las prisiones de mujeres hay una reiterada comisión de prácticas
violatorias de derechos femeninos.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche.-
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