México, DF. La
mayoría de PRI, PAN y PVEM aprobó en comisiones el dictamen de la Ley
General de Aguas, que privatiza el suministro y construcción de
infraestructura de agua en todo el país y que incluso declara “de
interés público” la participación de concesionarios y organismos
privados que prestarán el servicio público y que regula el uso del
líquido para la fractura hidráulica (fracking).
También ampara en la misma forma al trasvase de una
cuenca a otra, como ya ocurre con el proyecto Monterrey-VI para llevar
agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, en una obra entregada al
grupo Higa.
En una acalorada sesión, diputados del PRD, Morena y
Movimiento Ciudadano objetaron la premura con la que las comisiones de
Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada
por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex
gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.
El dictamen, que será aprobado en la sesión de este
jueves de la Cámara de Diputados, incluye todo un capítulo para la
intervención de empresas a las que el gobierno federal a través de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregará concesiones respectivas.
En el articulado se señala que la Conagua celebrará
contratos de obra pública y de servicios a particulares para el
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica federal. Mediante la modalidad de inversión
recuperable.
Este modelo incluye “otorgar concesión total o
parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o
ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno
federal y la prestación de los servicios asociados a ésta.
También la comisión entregará a empresas privadas
contratos para proyectar, construir, equiparar, operar y mantener dicha
infraestructura y coordinará la entrega de las concesiones con los
gobiernos de los estados.
Mientras las comisiones aprobaron que el “mínimo
vital” para el consumo diario por persona es de sólo 50 litros, no
existe un límite definido para la explotación que podrán realizar las
empresas en uso industrial ni tampoco en la extracción de gas de
lutitas mediante la fractura hidráulica conocida como fracking.
Los diputados Manuel Huerta (Morena), Víctor Manuel
Bautista y Javier Orihuela, ambos del PRD cuestionaron que el
presidente de la Comisión de Agua potable, Kamel Athie (PRI) envió el
proyecto de dictamen durante la madrugada y la mañana de este miércoles
y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la
aprobación del documento, ante el probable conflicto de intereses
personales que podrían enfrentar.
Ninguno de los dos aceptó la sugerencia, pero
más tarde el perredista aprovechó que sus compañeros abandonaron la
reunión para eludir la votación posterio. Incluso argumentó que él no
se prestaría a una reforma de este tipo, a pesar de que él mismo firmó
la iniciativa de Kamel Athie y participó en la negociaciones previas
con la Conagua.
Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la
iniciativa tenía por objeto legalizar el trasvase del proyecto
Acueducto Monterrey-VI “donde las empresas del grupo Higa participan
con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por
primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de
una cuenca para el suministro de agua potable” que tendrá un costo de
más de 45 mil millones de pesos.
Para asegurar la votación de dictamen, el PRI pidió
reforzar las medidas de seguridad en torno al salón de protocolo de la
Cámara de Diputados y la Comisión de Energía, a la que no se turnó la
iniciativa de marras asesoró de manera directa Kamel Athie durante la
reunión de trabajo.
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