| Ciudad de México: mitin en la Cámara de Senadores, martes 3 de marzo, a las 12:00 horas |
El
movimiento sindical democrático y clasista ha iniciado la respuesta a
la intención neoliberal de imponer, junto a la reforma política que
dotará de Constitución a la Ciudad de México, una encubierta reforma
laboral que, de aprobarse, afectará regresivamente los derechos de los
trabajadores públicos en materia de bilateralidad, contratación
colectiva, organización y derecho de huelga. Esta lucha coincide con la
masiva respuesta de los comuneros indígenas, los ejidatarios,
minifundistas y pobladores en Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Sonora y otras entidades federativas en contra de las
reformas constitucionales en materia energética, de litorales y zonas
fronterizas, que abren las puertas al saqueo y destrucción de las
comunidades, ejidos, pequeñas propiedades, bosques, selvas, costas y
pueblos por parte de los monopolios mineros, petroleros, gasíferos y
eléctricos de Estados Unidos, Canadá y España, así como de los grandes
capitalistas mexicanos, al estilo de Germán Larrea del Grupo México.
Para el 3 de marzo está citado un mitin en la Cámara de Senadores,
convocado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Nueva Central de
Trabajadores (NCT), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios
(FNSU), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de
Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), Frente Amplio
Social y Unitario (FASU), Alianza Democrática de Organizaciones Civiles
(ADOC), Movimiento Urbano Popular – CND, Central Independiente de
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista
(CCC), Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI y Coordinadora
Nacional Plan de Ayala – MN (CNPA-MN), además de algunos abogados
laboralistas como Héctor Barba García, Arturo Alcalde Justiniani y
Graciela Bensusán.
En el desplegado aparecido el 2 de marzo en
la prensa nacional, se plantea: “Que un acontecimiento político tan
importante no puede hacerse a espaldas de la ciudadanía, sobre todo de
los trabajadoresy trabajadoras, tampoco puede ser utilizado como
pretexto para mantener un régimen de excepción de los servidores
públicos, ni para el retroceso en los derechos laborales de los
trabajadores en todo el país, ni para limitar los derechos de los
trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Por ello demandamos:
“1.
Que la Constitución de la Ciudad de México sea realizada por una
Asamblea Constituyente electa de manera directa por la población, cuyo
fin exclusivo sea elaborar la Carta Magna de la Ciudad.
“2. Que
en todo el proceso constituyente, incluida la elaboración del proyecto
de Constitución, se asegure la más amplia participación de la sociedad
de la Ciudad de México.
“3. Que la reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos no se vulneren los derechos de
los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, autónomos
o paraestatales y que en esta misma reforma, así como en la
Constitución de la Ciudad de México, se asegure que la legislación
laboral para los trabajadores al servicio de los Poderes de la Ciudad
sea formulada por la legislatura local, tal y como está
constitucionalmente determinado para todas las entidades federativas.
“El
gobierno del Distrito Federal debe reconocer y aceptar que los derechos
de sus trabajadores se rijan por el apartado B del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos pronunciamos
por la derogación del apartado B del Artículo 123, por ser
discriminatorio de los derechos laborales de los empleados públicos”.
Las
demandas enarboladas por la UNT, NCT, FNSU, CNSUESIC, CIOAC, CCC,
CNPA-MN y otras organizaciones sindicales, campesinas, civiles y
urbano-populares corresponden plenamente a los intereses de los
trabajadores, el pueblo y la nación. En consecuencia, las autoridades
del DF y los partidos políticos de la izquierda electoral deben
manifestarse, en formar clara y precisa, en contra de la intentona de
tomar como pretexto la reforma política de la Ciudad de México para
introducir a escondidas una reforma laboral, como ya ocurrió en el caso
del magisterio con la llamada reforma “educativa”.
Sin embargo,
la movilización ya iniciada por las principales organizaciones
sindicales independientes debe continuar en tanto no se frustre el
intento de cercenar derechos básicos de los trabajadores de la capital
federal, buscando confluir en una sola gran lucha con los miembros de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para echar
abajo la supuesta reforma “educativas”; con los comuneros, ejidatarios
y minifundistas en defensa de sus tierras y sus recursos naturales, y,
naturalmente, con el resto de la clase obrera y otros asalariados por
revertir la reforma regresiva de la Ley federal del Trabajo. En esta
lucha, de profundo carácter político, no cabe ninguna clase de
sectarismo. Así, pues, a impulsar, concretar y desarrollar la más
amplia política de alianzas. El momento así lo demanda, mayormente con
la coyuntura abierta por la enorme solidaridad con el estudiantado de
Ayotzinapa y los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos
en Iguala, Guerrero.
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