Regidoras y síndicas enfrentan desigualdad y discriminación
La
síndica Susana Fuentes Rodríguez y la regidora Carolina Bahena Castillo
en conferencia de prensa denuncian violencia de género
En el ámbito político la violencia de género busca impedir la
participación de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y con
ello inhibir la incursión de más ciudadanas en espacios de poder,
aseguran expertas.
Como ejemplo las denuncias de síndicas y regidoras de los municipios de Chamula, Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas en Chiapas y de Amacuzac y Zacualpan de Amilpas, en Morelos, que aseguran ser agredidas y discriminadas por sus compañeros de partido.
Ante las denuncias públicas todavía hay quienes responden que tanto ellas como los varones enfrentan amenazas y agresiones por ejercer cargos públicos en gobiernos locales; sin embargo la profesora y experta en Ciencia Política de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, Mona Lena Krook, argumenta que hay diferencias.
En una investigación al respecto expone que la violencia de género busca impedir la participación de las mujeres por ser mujeres. “Es mucho más que un problema criminal, puesto que pone retos muy grandes a la democracia, los Derechos Humanos y la igualdad de género”.
Señala además que es necesario dejar de normalizar las agresiones contra las mujeres que ejercen cargos públicos y verlas como un intento para debilitar sus derechos civiles y políticos.
En opinión de Krook, tanto candidatos como funcionarios electos se exponen a la crítica y al escrutinio de sus ideas y desempeño, pero aclara que la violencia política de género se da cuando se ataca a una mujer a través de estereotipos de género, enfocándose en su cuerpo y en los roles tradicionales que debe desempeñar.
Estas acciones, asegura, tienen un profundo impacto puesto que no están dirigidas contra una sola mujer sino que también tienen el propósito de intimidar a otras para que no tengan una carrera política y comunicar a la sociedad que ellas no deberían participar.
En el caso de México las denuncias comenzaron a ser públicas después de 2014 cuando se elevó a rango constitucional la paridad de género, es decir, la obligación de los partidos políticos de otorgar el 50 por ciento de sus candidaturas a las mujeres; sin embargo, no es un tema nuevo.
A decir de la consultora en género y gobiernos locales, Alejandra Massolo, la paridad en las elecciones municipales no tendría que generar violencia de género, incluso asegura que en países con instituciones y democracia consolidadas no sucede así.
“El problema en nuestros países reside en la cultura política machista y retrógrada de los actores y partidos políticos que detestan los derechos de las mujeres y se resisten a convivir democráticamente con la paridad política en las instituciones de gobierno”, afirma.
De acuerdo con la también maestra en Sociología, la violencia y acoso contra las mujeres candidatas o en funciones no es equivalente a la que viven los varones porque la que ellas padecen se origina en la histórica desigualdad y discriminación de género, por ser mujeres y por pretender ejercer sus derechos políticos.
Además, precisa, desde hace muchos años en el país se sabe de los actos infames e impunes de acoso y violencia contra regidoras, síndicas y alcaldesas, pero no adquirían notoriedad ni se les prestaba atención de políticas públicas hasta ahora.
ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS
La especialista advierte que es necesario tener una legislación en la materia. Como ejemplo cita el caso de Bolivia, primer país en legislar al respecto al aprobar la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (conocida como Ley 243) en 2012, después del asesinato de la concejala Juana Quispe en marzo de ese año.
Esta ley fue el fruto de más de una década de lucha e incidencia de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), agrupación pionera en visibilizar, denunciar y nombrar el “acoso y violencia política” contra las candidatas y autoridades locales electas.
En México, en marzo de 2013 el Senado aprobó una reforma para definir e incluir este término en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
La propuesta, presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña, fue turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación, lo cual no sucedió por lo que el tema sigue pendiente en la agenda legislativa.
Al respecto, la senadora Saldaña asegura que el incremento de mujeres en cargos políticos tiene como consecuencias resistencias de los varones, incluso de los que en primera instancia las apoyaron para llegar a los cargos o fueron compañeros de planilla.
Para la parlamentaria, esta violencia se da de manera más clara en los municipios porque además de la disputa del poder está en juego el presupuesto municipal, es decir, el ejercicio de recursos económicos.
Sobre esto asegura que la violencia está presente dentro de los institutos políticos porque si bien muchos de los militantes tienen claridad sobre la normatividad y el principio de paridad y no discriminación en la práctica la cultura machista es más fuerte.
“Cuesta trabajo cambiar leyes pero nos ha costado más tiempo cambiar estructuras. Esa necesaria revolución sociocultural para entender que nos necesitamos y somos parte de la sociedad”, menciona la senadora.
Desde 2014 en el Senado se han presentado cinco iniciativas para definir el término y/o tipificarlo, pero ninguna de las propuestas ha prosperado.
Sobre la dilación en el análisis la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, destaca que legislar para proteger los derechos político-electorales de las mujeres no ha sido fácil porque significa hacer cambios muy importantes.
Y es que las propuestas de reforma incluyen cambios a las atribuciones de las autoridades electorales, por ello el debate se amplió para incluir a distintas instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República.
Por último, la senadora perredista señala que, una vez que la iniciativa sea aprobada, todos los partidos deberán revisar sus estatutos para que no haya ningún precepto que se contraponga con la ley.
Como ejemplo las denuncias de síndicas y regidoras de los municipios de Chamula, Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas en Chiapas y de Amacuzac y Zacualpan de Amilpas, en Morelos, que aseguran ser agredidas y discriminadas por sus compañeros de partido.
Ante las denuncias públicas todavía hay quienes responden que tanto ellas como los varones enfrentan amenazas y agresiones por ejercer cargos públicos en gobiernos locales; sin embargo la profesora y experta en Ciencia Política de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, Mona Lena Krook, argumenta que hay diferencias.
En una investigación al respecto expone que la violencia de género busca impedir la participación de las mujeres por ser mujeres. “Es mucho más que un problema criminal, puesto que pone retos muy grandes a la democracia, los Derechos Humanos y la igualdad de género”.
Señala además que es necesario dejar de normalizar las agresiones contra las mujeres que ejercen cargos públicos y verlas como un intento para debilitar sus derechos civiles y políticos.
En opinión de Krook, tanto candidatos como funcionarios electos se exponen a la crítica y al escrutinio de sus ideas y desempeño, pero aclara que la violencia política de género se da cuando se ataca a una mujer a través de estereotipos de género, enfocándose en su cuerpo y en los roles tradicionales que debe desempeñar.
Estas acciones, asegura, tienen un profundo impacto puesto que no están dirigidas contra una sola mujer sino que también tienen el propósito de intimidar a otras para que no tengan una carrera política y comunicar a la sociedad que ellas no deberían participar.
En el caso de México las denuncias comenzaron a ser públicas después de 2014 cuando se elevó a rango constitucional la paridad de género, es decir, la obligación de los partidos políticos de otorgar el 50 por ciento de sus candidaturas a las mujeres; sin embargo, no es un tema nuevo.
A decir de la consultora en género y gobiernos locales, Alejandra Massolo, la paridad en las elecciones municipales no tendría que generar violencia de género, incluso asegura que en países con instituciones y democracia consolidadas no sucede así.
“El problema en nuestros países reside en la cultura política machista y retrógrada de los actores y partidos políticos que detestan los derechos de las mujeres y se resisten a convivir democráticamente con la paridad política en las instituciones de gobierno”, afirma.
De acuerdo con la también maestra en Sociología, la violencia y acoso contra las mujeres candidatas o en funciones no es equivalente a la que viven los varones porque la que ellas padecen se origina en la histórica desigualdad y discriminación de género, por ser mujeres y por pretender ejercer sus derechos políticos.
Además, precisa, desde hace muchos años en el país se sabe de los actos infames e impunes de acoso y violencia contra regidoras, síndicas y alcaldesas, pero no adquirían notoriedad ni se les prestaba atención de políticas públicas hasta ahora.
ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS
La especialista advierte que es necesario tener una legislación en la materia. Como ejemplo cita el caso de Bolivia, primer país en legislar al respecto al aprobar la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (conocida como Ley 243) en 2012, después del asesinato de la concejala Juana Quispe en marzo de ese año.
Esta ley fue el fruto de más de una década de lucha e incidencia de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), agrupación pionera en visibilizar, denunciar y nombrar el “acoso y violencia política” contra las candidatas y autoridades locales electas.
En México, en marzo de 2013 el Senado aprobó una reforma para definir e incluir este término en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
La propuesta, presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña, fue turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación, lo cual no sucedió por lo que el tema sigue pendiente en la agenda legislativa.
Al respecto, la senadora Saldaña asegura que el incremento de mujeres en cargos políticos tiene como consecuencias resistencias de los varones, incluso de los que en primera instancia las apoyaron para llegar a los cargos o fueron compañeros de planilla.
Para la parlamentaria, esta violencia se da de manera más clara en los municipios porque además de la disputa del poder está en juego el presupuesto municipal, es decir, el ejercicio de recursos económicos.
Sobre esto asegura que la violencia está presente dentro de los institutos políticos porque si bien muchos de los militantes tienen claridad sobre la normatividad y el principio de paridad y no discriminación en la práctica la cultura machista es más fuerte.
“Cuesta trabajo cambiar leyes pero nos ha costado más tiempo cambiar estructuras. Esa necesaria revolución sociocultural para entender que nos necesitamos y somos parte de la sociedad”, menciona la senadora.
Desde 2014 en el Senado se han presentado cinco iniciativas para definir el término y/o tipificarlo, pero ninguna de las propuestas ha prosperado.
Sobre la dilación en el análisis la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, destaca que legislar para proteger los derechos político-electorales de las mujeres no ha sido fácil porque significa hacer cambios muy importantes.
Y es que las propuestas de reforma incluyen cambios a las atribuciones de las autoridades electorales, por ello el debate se amplió para incluir a distintas instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República.
Por último, la senadora perredista señala que, una vez que la iniciativa sea aprobada, todos los partidos deberán revisar sus estatutos para que no haya ningún precepto que se contraponga con la ley.
| Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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