Senadoras van por protección de derechos político-electorales
La senadoras Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, presentaron
una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, la cual pretende que se pueda recurrir
a juicios en materia electoral cuando las personas consideren que
fueron víctimas de violencia política de género.
En la sesión de este miércoles, de la Comisión Permanente, las senadoras
presentaron la propuesta toda vez que aseguraron que uno de los
principales retos para las mujeres que participan en el ámbito político y
que enfrentan violencia es el acceso a la justicia y la reparación del
daño.
La iniciativa modifica el artículo 80 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, añadiendo un inciso “e” que
diga que se pueden presentar juicios ante los tribunales electorales
alegando “la existencia de cualquier acto u omisión que constituya
violencia política de género contra las mujeres con la finalidad de
impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales”.
Tras las denuncias de violencia política durante el proceso electoral de
junio pasado, las legisladoras pretenden que las candidatas o mujeres
electas en los comicios que fueron víctimas de violencia por razones de
género, tengan herramientas de impugnación ante las autoridades
jurisdiccionales electorales.
A decir de la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Angélica de la Peña, se ha visto que la vía más adecuada para impugnar
este tipo de violencia son los “juicios para la protección de los
derechos político-electorales”, un recurso constitucional para la
defensa de esos derechos.
De acuerdo con las senadoras, en los procesos electorales 2015 y 2016 la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE), inició carpeta de investigación en 29 casos, en los que el
común denominador fueron las amenazas, intimidación, ofensas,
difamación, agresiones, y hasta asesinatos de mujeres que se atreven a
disputar un encargo de representación popular.
En este sentido, al hablar en tribuna, la senadora De la Peña dijo que
ya hay propuestas legislativas para modificar la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las Leyes Generales de
Partidos Políticos; de Delitos Electorales; y de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y tipificar la violencia política de género.
“Ya hay un avance en cuatro ordenamientos que van a ser reformados, en
un trabajo muy importante con la FEPADE, con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, particularmente con la Sala Superior;
por supuesto, con el Instituto Nacional de las Mujeres también, y con
distintas expertas y, claro, también con las senadoras”, expuso la
legisladora perredista.
Como conclusión, la senadora aseguró que se trabajará en conferencia con
la Cámara de Diputados a fin de que en el próximo período de sesiones
sea aprobado el paquete de reformas para establecer este delito y las
sanciones aplicables, ya que es urgente garantizar la protección legal
que necesitan todas estas mujeres que hoy están enfrentando violencia
política.
A su vez la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Diva Hadamira Gastélum, quien preside la Comisión para la Igualdad en el
Senado, destacó que las mujeres que ejercen cargos públicos y de
decisión también enfrentan atropellos y obstáculos para encontrar
justicia porque no hay figuras legales que las respalden.
Como ejemplo, las senadoras citaron los casos de la presidenta municipal
de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en mayo pasado presentó
su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de
la localidad tzotzil mantuvieran tomada la alcaldía, las instalaciones
del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su
destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.
En Chiapas también renunció la alcaldesa del municipio de Oxchuc María
Gloria Gómez Sánchez; en el municipio de Tila pobladores destituyeron a
Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo
detenido; y en el municipio de Chanal, la presidenta municipal Olga
Gómez renunció para que el cargo lo ocupara su esposo, que se
desempeñaba como síndico.
Además de estos casos en Chiapas, Morelos y Oaxaca, hay mujeres que
ocupan cargos edilicios, que han sido violentadas y que han optado por
presentar juicios ante las autoridades electorales en busca de una
respuesta. La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia,
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
Senadora Angélica de la Peña | Foto: Comunicación Social Senado de la República
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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