La PGR y la SFP han dado muy poca información sobre la investigación por
los presuntos sobornos que la constructora brasileña dio a funcionarios
mexicanos.
(Expansión) -
A
180 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos
difundiera que la constructora brasileña Odebrecht pagó 10.5 millones de
dólares (mdd) a funcionarios mexicanos entre 2010 a 2014 a cambio de
contratos a su favor, la información oficial para conocer la ruta que
siguió el dinero en México ha sido escasa.
De acuerdo con el
documento que difundió EU en diciembre del año pasado, el beneficio
obtenido por el pago de sobornos para la empresa –que está involucrada
en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años— fue de al
menos 39 millones de dólares; sin embargo, investigaciones periodísticas
revelan que la cifra puede ser superior debido a que en ese periodo se
obtuvieron contratos clave en el país, como la modernización de tres
refinerías, la construcción del gasoducto Los Ramones II y la licitación
para la planta petroquímica Etileno XXI.
Todas estas obras,
realizadas en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto, se habrían dado a la constructora –que es investigada en una
docena de países– a través de adjudicaciones directas, con los pagos
superiores a los precios de mercado y con plazos ampliados para
favorecer a la brasileña, ha señalado en distintos reportes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en el
contrato de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, cuyo costo
inicial fue de 1,436 millones de pesos, de acuerdo con información del
Portal de Obligaciones de Transparencia, pero MCCI advirtió que la
brasileña habría obtenido ampliaciones, sin licitación por 4,254
millones, tres veces más del costo inicial.
Por
su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en mayo
pasado que citó a declarar a 19 funcionarios y exfuncionarios que
intervinieron en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública con
Odebrecht y su filial Braskem, pero no dio más datos al respecto.
El pasado viernes, el diario el El Heraldo dio
a conocer los nombres de 14 funcionarios de Pemex que firmaron los
contratos —sin que esto los haga responsables de recibir sobornos—,
luego de que el 5 de abril, la petrolera difundiera los documentos pero
omitiera los nombres de los funcionarios. De acuerdo con el diario entre
éstos exfuncionarios se encuentra Miguel Ángel Tame Domínguez,
exdirector de Pemex Refinación.
Lo que se sabe de los contratos
Sólo
de la modernización de las tres refinerías y el gasoducto, Odebrecht
habría obtenido 2,629 millones de pesos de inversión, mientras que para
su proyecto más ambicioso en el país, la planta Etileno XXI, se hizo una
inversión de más de 5,000 millones de pesos. En los cinco proyectos, en
total se habría hecho una inversión de 7,629 millones de pesos de
acuerdo con estimaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la propia
información de la empresa.
MCCI documentó que Odebrecht cobró en
los últimos 10 años, más de 1,429 millones de dólares en distintos
proyectos que tenía como objetivo elevar la producción de combustibles
pero que al final no llegaron a la meta; además que para otros contratos
la compañía brasileña –al igual que en otros países de Latinoamérica–
consiguió incrementar los costos iniciales a través de ampliaciones en
el plazo de entrega de la obra.
Como ejemplo, la organización
pone el caso de la refinería de Salamanca —donde Odebrecht, en alianza
con la empresa texana Fluor Enterprises Inc y la mexicana ICA Fluor
Daniel S de RL de CV— invirteron 84.7 millones de dólares. El plazo para
concluir las obras se fijó para el 18 de noviembre de 2015, pero de
acuerdo con MCCI no se cumplió.
MCCI también reveló que el gobierno de Veracruz recibió a través de una empresa fantasma 3 millones 754,000 dólares
durante la administración de Javier Duarte, periodo en el que estaban
en curso los proyectos para modernizar la refinería de Minatitlán y la
planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, aprobados en el sexenio de
Calderón.
Con información obtenida de la investigación en Brasil,
la organización dio a conocer que en 2010 el “departamento de sobornos”
de Odebrecht hizo transferencias por 383,000 dólares para la presa
Francisco J. Múgica, en Michoacán, proyecto aprobado cuando Lázaro
Cárdenas Batel fue gobernador, y que obtuvo un sobrecosto de 95% durante
el mandato del perredista Leonel Godoy.
La información oficial
La
PGR sólo ha emitido cuatro comunicados sobre el caso en Mexico en los
que no abunda en nombres de funcionarios investigados, de presuntos
responsables o de sanciones que pudieran alcanzar los involucrados en la
aceptación de sobornos, como sí está ocurriendo en otros países, que
incluso han llegado a girar órdenes de aprehensión contra expresidentes,
como lo es el caso de Alejandro Toledo, en Perú.
El soborno es
un delito conocido como cohecho en servidores públicos y que –de acuerdo
con la nueva legislación anticorrupción– está catalogado como una falta
administrativa grave que se castiga con penas que van de 2 a 14 años de
prisión.
En uno de los comunicados de la PGR, fechado el 16 de febrero de 2017, la dependencia habla sobre el viaje que hizo el procurador Raúl Cervantes a la capital brasileña,
para asistir a una reunión de intercambio de información y técnicas
relacionadas con las investigaciones que desde 2014, la Fiscalía General
de Brasil investiga la red de corrupción de Petrobras, bajo la
operación denominada Lava Jato (lavado de autos).
En
entrevista con Expansión, a días de la reunión en Brasil de
procuradores, el fiscal brasileño encargado de la cooperación
internacional, Vladimir Aras, explicó que su expediente con los sucesos
en América Latina, se liberaría el 1 de junio pasado debido a un acuerdo
de confidencialidad con Odebrecht. A partir de entonces, éste fue
enviado a los países que lo solicitaron, con la petición de 'sigilo' de
la información por parte de la Fiscalía de Brasil, pero para acelerar
las investigaciones.
La PGR se comprometió a brindar la más "amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica" en los casos Odebrecht y Lava Jato;
así como promover la constitución de equipos conjuntos de
investigación; reforzar mecanismos de cooperación; insistir en la
recuperación de activos y en la reparación integral de los daños
causados, pero hasta el momento, no se ha informado del avance.
Expansión solicitó vía transparencia a la PGR, a la Función Pública y a Pemex información
sobre el caso y la respuesta fue que estaba clasificado como reservado
de 1 a 5 años debido a la investigación penal en curso.
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