En
México, el espionaje se ha convertido en un mecanismo efectivo de
intimidación contra defensores de derechos humanos, activistas y
periodistas, señalan más de 100 organizaciones de la sociedad civil de
México y el extranjero y personas en lo individual.
A través de un comunicado conjunto,
indican que esta práctica “constituye una forma de control de los flujos
de información y de abuso de poder”. Por ello, exigen al gobierno
mexicano que, ante los hechos revelados en la investigación de Citizen
Lab, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC,
rinda cuentas sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de
espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron.
También le piden investigar y sancionar a
los responsables. “Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus
facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y
diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas,
activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no
podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”.
Los firmantes rechazan lo que califican
como un nuevo ataque contra periodistas y defensores de derechos
humanos. “Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano
sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de
investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como
sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han
decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales.
Asimismo, exigimos las reformas legales necesarias para regular las
facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de
derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”, indican en el
comunicado.
Agregan que la respuesta del gobierno
federal “es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas
en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que
el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es
comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR [Procuraduría
General de la República] y la Sedena [Secretaría de la Defensa
Nacional] cuentan con estas herramientas de espionaje. Corresponde al
gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y
exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal
perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en
México”.
Entre las organizaciones firmantes se
encuentran el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios;
Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto de Justicia Procesal
Penal; IDHEAS, Litigio Estratégico en DH; Grupo de Información en
Reproducción Elegida; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos
Gobixha; CIMAC; Centro de Derechos Humanos Don Sergio; Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos
Victoria Diez; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de
Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro Mexicano de Derecho Ambiental;
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste; Frente Cívico Sinaloense; Voces
Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes; Red Nacional de
Periodistas.
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